Derecho es otra cosa

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Nº2013 - al de Marzo de 2019
por Fernando Santullo

Sábado, 22 horas. Salgo del ensayo de unos amigos y atravieso La Comercial en dirección a 18 de Julio. Poca gente en la calle y a pesar del alumbrado público, que lanza su luz biliosa sobre el asfalto, la noche se siente brumosa y oscura. Cada tanto me cruzo con un contenedor y en casi cada uno de ellos veo gente revolviendo en su interior. O al menos intentándolo, no es tarea fácil. Otros buscan ropa en las bolsas que los vecinos dejan al lado de los contenedores. El común denominador que tiene esta gente que revuelve en la noche es que son todos hombres y todos jóvenes.

Al llegar a la altura de la plaza Seregni me cruzo con otro contenedor y su correspondiente joven que busca en la penumbra. Y justo en ese momento el muchacho levanta la mirada y me saluda, sonriendo, con un “aguante Peyote”. Devuelvo el saludo y la sonrisa y después sigo caminando. Y me quedo pensando en su gesto amable, en medio de esa lucha nocturna por encontrar algo para comer, algo para usar, algo para llegar al otro día. Y pienso también en que no paré y que podía haberlo hecho y preguntarle algo. Creo que me dio pánico resultar un bobo paternalista.

Me alejo pensando que muchos de quienes duermen en la calle y rebuscan en los contenedores por las noches, no son gente que lleve años al margen de todo. Si me guío por el muchacho que me saludó, se trata de gente que hasta hace no tanto socializó y escuchó la música del Peyote, una banda que no es especialmente popular. Y que si lo hizo, fue seguramente antes de verse arrojado a la intemperie de la calle montevideana.

Y justo entonces me encuentro con estas cifras en una entrevista de la diaria con la socióloga Fiorella Ciapessoni, especializada en gente en situación de calle: “Su esperanza de vida está entre los 45 y 50 años. Tienen diez veces más probabilidades de suicidio que la población general. 94% son varones adultos solteros. 64% tiene menos de 40 años… 80% consume sustancias y seis de cada diez pasaron por la institucionalización”.

Ciapessoni recuerda que la situación de calle no es solo dormir a la intemperie: “Es mucho más que eso y tiene que ver con la idea de inestabilidad. Si no introducimos esta idea nos quedamos hablando solo de las personas que duermen a la intemperie o en refugios. Si observamos la inestabilidad vemos que es un fenómeno mucho más amplio. Ahí es donde entra la dimensión de la vivienda y se puede entender esto como un problema estructural”. La socióloga también apunta que el haber pasado por la cárcel es una marca en el cuerpo y la mente de la persona que está en la calle y que “eso impacta directamente en las probabilidades de que se reintegre de forma eficaz a la sociedad, menos aún si no hay una política o instituciones que lo amparen”. Y concluye: “Si no hay programas que trabajen durante la privación de libertad, va a ser cada vez peor”.

Mucho se habla sobre la necesidad de establecer políticas de Estado en determinados temas. Es decir, que determinados temas de alto impacto social cuenten con políticas sostenidas desde el Estado con independencia de quien gobierne, como forma de establecer programas de largo alcance que no estén sometidos a los vaivenes electorales. La virtud de estas políticas es inobjetable: los países que han logrado sostenerlas son justamente aquellos que han hecho más por la vida de sus ciudadanos. Pero para que estas políticas puedan funcionar hace falta algo previo: que el Estado sea capaz de coordinar sus políticas no solo a lo largo del tiempo sino también en un momento determinado. Esto es, analizar no solo cómo una política determinada se mueve a lo largo del tiempo sino qué otros aspectos de la vida social se ven afectados en el momento en que esa política se empieza a aplicar en un momento dado.

Porque una de las razones que Ciapessoni señala en la entrevista para explicar el elevado y reciente número de personas en la calle es que la mayor parte de ellos proviene del sistema penal. “El sistema penal tendría que trabajar más asociado con otros programas, como el programa de calle del Ministerio de Desarrollo Social. El egreso penitenciario necesariamente tiene que trabajarse con el afuera”, apunta.

Y en ese “necesariamente” está el centro de lo que señalaba más arriba: de poco sirve llamar a algo “política de Estado” si ese Estado no es capaz de calibrar dentro de sí los impactos de los cambios que se propone a partir de un momento dado. Por ejemplo, los impactos colaterales de la modificación del Código de Proceso Penal sobre el tejido colectivo.

De ahí que luego se tenga al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, declarando su disconformidad con que los fiscales acuerden “penas mixtas” con los delincuentes. Esto es, que tras establecer un acuerdo sobre el tiempo de condena, se establezca que una parte de esta será bajo el régimen de “libertad vigilada”. En la calle, digamos. O que desde distintos organismos de gobierno (el Ministerio de Desarrollo y la Intendencia de Montevideo entre ellos) se pervierta la idea de derecho al hablar del “derecho” de estos jóvenes a vivir en la calle. “Una cosa es ir contra las medidas que criminalizan a esta población, que nada bien hacen, pero otra es decir que las personas tienen derecho a vivir en la calle”, dice Ciapessoni en la entrevista y cierra: “Tienen derecho a tener una vivienda, a una solución habitacional, a tener un lugar a dónde ir. La calle no es hogar para nadie”.

Entonces, por un lado es necesario un Estado que sea capaz de prever los impactos que una modificación grave del statu quo, como es la del Código del Proceso Penal, puede llegar a tener en ámbitos colectivos no penales. Y coordinar la gestión inteligente de esos impactos entre todos los organismos correspondientes. Y por otro lado, que se hable con franqueza y sin resquemor sobre los límites de las herramientas que se usan para analizar e intentar paliar y corregir estas situaciones. El “no se puede hacer nada” resulta inadmisible como respuesta estatal ante una situación como la de las personas en la calle.

Tampoco resulta aceptable considerar cada caso como un universo en sí mismo que no puede ser resuelto con una respuesta pública (eso me fue argumentado hace unos meses en las redes cuando mencioné la gente que dormía en la vuelta de mi casa). Y es que 2.200 personas, que es el número de personas en situación de calle en Montevideo, según el gobierno, no son la simple sumatoria de trayectorias personales que, gracias al azar, terminaron donde terminaron. Son una situación social que debe ser atendida por el Estado, sin la menor duda.

Al llegar a la cuadra de mi casa, casi media hora después de arrancar mi travesía por La Comercial, tengo todavía tiempo de ver a los dos jóvenes que casi cada noche duermen bajo la saliente del edificio de la esquina. Mientras se van tapando con unas cajas marrones, aprietan sus ínfimas pertenencias contra la pared y apoyan sus cabezas sobre ellas. Sus trayectorias de vida me son desconocidas, el carácter social de su situación, no. Y ese carácter social es el que debe atender sí o sí el Estado, esa entidad que colectivamente hemos designado para la tarea. Desde el Estado no vale hablar de “derechos” absurdos o decir “no se puede”. Allí, el “se puede” y el “se debe” vienen con el sueldo.

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