Foto: Ricardo Antúnez / AdhocFotos

La información ya está siendo utilizada para fiscalizar el pago del IRPF a las rentas de capital y el Impuesto al Patrimonio

DGI recibió datos de 18.585 cuentas en el exterior de residentes en Uruguay; más de la cuarta parte están en “paraísos fiscales”

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Nº2003 - al de Enero de 2019

Por razones de tamaño de mercado y población, los acuerdos bilaterales para intercambio de datos de cuentas financieras con el fin de perseguir la evasión fiscal suelen poner a Uruguay en un situación de desventaja relativa: envía al exterior más datos de los que recibe. Eso fue también lo que se vio con el primer trasiego efectuado en setiembre al amparo de un convenio multilateral que contempla la cesión automática de información, sin que medien pedidos específicos de una administración tributaria. A través de la Dirección General Impositiva (DGI), fueron enviados registros de 25.085 residentes en el país, mientras que se recibieron reportes de 18.585 titulares de cuentas afuera con residencia en Uruguay.

Tres países europeos —Italia (4.865), España (3.631) y Reino Unido (1.583)— fueron los que aportaron datos sobre el mayor número de cuentas financieras de residentes en Uruguay, en un listado total de 49 jurisdicciones que reportaron información y en el que figuran varias con baja o nula tributación —asimilados comúnmente al concepto de “paraísos fiscales”— como Isla de Man (1.376), Luxemburgo (1.096), Islas Caimán (612), Bermudas (364), Islas Jersey (242), Bahamas (193) o Panamá (144). Otras de esas características, pero que enviaron en cada caso datos de menos de 100 cuentas, fueron Curazao, Barbados, Islas Cook y Santa Lucía (ver cuadro). Un total de 4.027 cuentas, que hacen 22% de todas las informadas, provinieron de ese tipo de plazas. Estados Unidos no figura pues Uruguay no tiene vigente ningún mecanismo de intercambio de datos con ese país.

Esas estadísticas fueron obtenidas por Búsqueda mediante un pedido de acceso a la información pública. No fue posible obtener datos sobre los saldos financieros en cada país o jurisdicción que reportó cuentas; la DGI alegó que no dispone de esa desagregación.

Los datos entregados corresponden a cuentas cuyos titulares fueron identificados por la entidad financiera obligada a reportar como residentes en Uruguay. No debe confundirse la nacionalidad del titular con su residencia fiscal al efecto de estos reportes al amparo del convenio de intercambio automático. Por ejemplo, la cuenta en un banco de Argentina que pertenece a un uruguayo emigrado hace años a ese país no necesariamente debe ser informada, si su Administración Federal de Ingresos Públicos lo considera como residente argentino.

Más transparencia

Uruguay firmó su primer tratado bilateral de intercambio de información tributaria en los años ochenta y tuvo unos pocos hasta que, en 2009, fue señalado como “no cooperante” en el combate internacional a la evasión por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Grupo de los 20 países más industrializados. Bajo la amenaza de recibir sanciones económicas, el primer gobierno de Tabaré Vázquez y el siguiente de José Mujica fueron ampliando esa red de acuerdos hasta superar los 30, junto con otras medidas recomendadas por esos foros para salir de la opacidad.

Al amparo de esos tratados bilaterales, la administración tributaria de uno de los países le puede solicitar a la contraparte datos de determinados contribuyentes con el fin de investigar un caso sospechoso de evasión de impuestos. Argentina ha sido el que más utilizó este instrumento con Uruguay, vigente desde 2013.

Ya bajo la segunda administración de Vázquez, en 2016 se dio otro paso al adherir al acuerdo multilateral de intercambio automático de información tributaria. Son más de un centenar de países los que lo adoptaron; en setiembre pasado Uruguay hizo el primer cruzamiento de datos bajo este convenio.

Se envió información sobre saldos, promedios y rentas de 2017 de cuentas abiertas en Uruguay por personas físicas y otras instituciones durante ese año, así como cuentas que se encontraban abiertas al 31 de diciembre de 2016 con hasta un millón de dólares o más cuyos titulares fueran individuos. Además, a efectos de que la cuenta fuera “reportable”, los bancos y otras entidades obligadas a pasarle la información a la DGI debieron considerar si su titular era o no una persona física o jurídica residente en Uruguay, ya que respecto de este último caso solo se exigió informar cuando el saldo a fin de 2017 y el promedio mensual de la cuenta durante ese año superase las 400.000 unidades indexadas a la inflación (aproximadamente US$ 50.000).

Búsqueda informó en setiembre (Búsqueda Nº 1.985) que para 2017 fueron informadas 59.668 cuentas diferentes, de las cuales 34.583 correspondieron a titulares uruguayos y las restantes 25.085 a residentes fiscales (con más de medio año viviendo en Uruguay e intereses económicos en el país) de 84 países o jurisdicciones extranjeras.

Controles

Se intercambiaron datos con 56 países y jurisdicciones; otros 18 solo remitieron información financiera a Uruguay, sin recibir datos como contrapartida.

Los reportes de cuentas que tienen en el exterior los residentes en el país “se están utilizando, en actuaciones ya iniciadas, de control del Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas (IRPF) y el Impuesto al Patrimonio (IP) de personas físicas”, dijo a Búsqueda el director de la DGI, Joaquín Serra. Detalló que ya se realizó un primer análisis de la información controlando el pago de IRPF en su categoría de rentas financieras correspondiente a los rendimientos de capital mobiliario en el exterior contra el pago del tributo, así como un control en la declaración jurada del IP, para verificar si los saldos estaban declarados, ya que los mismos absorben pasivos. “En los próximos meses se irán realizando las citaciones correspondientes”, agregó.

Según el jerarca, también se está trabajando para “protocolizar el uso de la información en los controles habituales de la DGI”.

El anterior director de la oficina recaudadora y actual subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, explicó la importancia de recibir datos de cuentas en el exterior de residentes uruguayos cuando compareció en 2016 en una comisión del Senado mientras se procesaba el trámite legislativo del convenio de intercambio automático.

Ante una pregunta de un senador, el jerarca señaló: “Otra de las dudas que se manifestaron tiene que ver con que los acuerdos solo sirven para que se paguen impuestos en origen, lo que no es correcto porque, justamente, lo que se hace es suministrar información para que se paguen los impuestos que corresponden en cada caso. Voy a poner un ejemplo gráfico. Supongamos que Uruguay y España tienen el convenio vigente e intercambian información y, por lo tanto, Uruguay debe suministrar información a España. Supongamos también que un español tiene un campo en nuestro país, comprado hace varios años, y lo vende. Eso genera impuesto a las rentas de las personas físicas y, como España tiene renta mundial, debe pagar el impuesto en ese país pero también debe hacerlo en Uruguay. ¿Qué permite el convenio de intercambio de información? Que la información sea suministrada a España. Entonces, Uruguay grava esto con el Impuesto a las Rentas de los No Residentes y, con la información recibida, España hace la liquidación pero toma a cuenta lo que se pagó en Uruguay”. Ferreri agregó que, “por lo tanto, no es que pague solo en España, sino que, de alguna forma, hay una división de la renta generada: en Uruguay paga lo que tiene que pagar por el criterio de la fuente territorial y, sobre la diferencia entre la tasa en que grava Uruguay y la tasa en que grava el país extranjero, es que paga en el extranjero. En consecuencia, reitero, no es que solo se paga impuestos en el exterior, sino que, justamente, esto permite esa división de rentas en función de lo que corresponda”.

El subsecretario sostuvo además que existe la idea de que, al amparo de los tratados bilaterales, Uruguay “pide mucho menos información de la que le solicitan. Esto es parcialmente cierto, dependiendo de qué países estemos hablando. Como decíamos, en el caso de Argentina es mucho más la información que nos van a pedir que la que nosotros podamos solicitar, porque hay más argentinos con inversiones en Uruguay que uruguayos con inversiones en Argentina”. Y agregó que “Uruguay va a solicitar mucha más información a Panamá”, lo mismo que en el caso de Suiza: “El número de pedidos de un lado o de otro va a depender de la jurisdicción con la que hablemos del relacionamiento”.

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