Dueños de empresa que produce marihuana quieren dejar el negocio

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Nº1931 - al de Agosto de 2017
escriben Guillermo Draper y Eloísa Capurro

Las dos empresas que ganaron la licitación para plantar la marihuana que se vende desde julio en las farmacias tienen, desde sus orígenes, características distintas. Esas diferencias explican que hoy una de las compañías esté preparando un proyecto para exportar productos vinculados al cannabis, mientras que los propietarios de la otra plantean a las autoridades sus intenciones de abandonar el proyecto.

Los accionistas de Simbiosys informaron la semana pasada al gobierno su interés de vender el negocio de producción de marihuana, dijeron a Búsqueda fuentes en conocimiento de las conversaciones.

El Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca) deberá evaluar ahora qué camino hay que seguir para que la empresa cambie de manos, ya que una parte central del proceso licitatorio original fue el análisis que hizo la Secretaría Antilavado de Activos acerca de los oferentes.

Simbiosys ganó la licencia para producir hasta dos toneladas de cannabis al año en octubre del 2015, tras un largo proceso que comenzó en la administración de José Mujica. Según los informantes, los dueños de la empresa siempre manejaron la posibilidad de vender el emprendimiento “si aparecía el dinero”. A esto se suma que en los últimos meses hubo un proceso de “desgaste interno” que llevó a varios accionistas minoritarios a alejarse de la compañía.

Simbiosys surgió como un proyecto ideado por un grupo de amigos en una charla de café en un bar de Ciudad Vieja, relata el libro Marihuana Oficial. Crónica de un experimento uruguayo. Ese grupo incluía a Eduardo Blasina y Gastón Rodríguez Lepera, que se contactaron con el especialista argentino en cannabis Fernando Saicha. El inversionista mayoritario que encontraron fue el matrimonio compuesto por Carolina Sintas y Pablo Perazzo, empresarios vinculados al sector del software.

Después de ganar la licencia, la empresa comenzó a trabajar en el predio otorgado por el gobierno para instalar la producción. A medida que avanzaba el proyecto y aparecían nuevas exigencias del Poder Ejecutivo, los roces entre los directores aumentaron y los socios minoritarios “se fueron abriendo”. Hoy la toma de decisiones está casi por completo en manos de Sintas, según los informantes.

Mientras que International Cannabis Corporation (ICC), la otra empresa habilitada para cultivar el cannabis oficial, comenzó a vender su producto en las farmacias, Simbiosys no logró todavía la habilitación del Ministerio de Salud Pública (MSP) para comercializar su cosecha.

La idea de los dueños de Simbiosys es tener el negocio en marcha para poder vender la empresa con el aval del Ircca. Las fuentes aseguraron que todavía no tienen una oferta concreta y que además es “difícil valuar” a la compañía.

Exportación. 

Poco antes de que empezara la venta en farmacias el 19 de julioBúsqueda informó que Union Agriculture Group (UAG) corría riesgo de entrar en cesación de pagos. Esto generó preocupación en la Junta Nacional de Drogas porque ICC tenía como uno de sus accionistas a ese grupo.

Desde ICC aseguraron al gobierno que la situación financiera de UAG no afectaría sus negocios que van más allá de la producción de marihuana con fines recreativos.

El proyecto en Uruguay de ICC supuso una inversión de más de US$ 16,5 millones hasta diciembre de 2016. De esos activos, poco más de US$ 10 millones están en plantas, tierras, equipamiento, licencias, inventarios y activos biológicos con el objetivo de explotar las posibilidades de la ley de regulación del mercado de marihuana. Poco más de la mitad de la inversión se centró en la plantación de cannabis con fines recreativos y el 47% restante en proyectos relacionados con la extracción de cannabinoides (componentes de la planta) que la firma posee por ejemplo, en relación con el cáñamo.

Según se desprende de los estados contables consolidados de la empresa, para poder cosechar los 109 kilos de cannabis recreativo que había cultivado hasta fines del año pasado ICC adquirió un invernadero de US$ 3 millones que se construyó durante 2016. La firma también compró tierra por US$ 3 millones, equipamiento por US$ 136.000 y maquinaria por US$ 44.000. Sus activos biológicos (plantas vivas) ascienden a casi US$ 86.000. Además mantiene US$ 99.500 en inventarios (donde se incluye el costo de empaquetado, por ejemplo) y activos intangibles (licencias, entre otros) por casi US$ 2 millones. 

Los activos de la firma subieron de US$ 2,5 millones en diciembre de 2015 a US$ 16,6 millones a fines del año pasado. ICC cotiza en la bolsa de Toronto (Canadá) con lo que sus balances son públicos. En 2016 realizó una apertura de su capital, emitiendo 40.000 acciones y fijó una política de pago a sus empleados a través de opciones de compra de esas acciones (un instrumento financiero que habilita a adquirir las participaciones a mejores precios que los reflejados en el mercado). La empresa tiene sede fiscal en las Islas Vírgenes Británicas, pero sus subsidiarias Tersum S.A. y Salesol S.A. están situadas en Uruguay.

ICC reportó pérdidas en 2015 y 2016, ya que hasta no comenzar la venta de cannabis en las farmacias o la explotación comercial de sus producciones de cáñamo solo ha tenido ingresos financieros. El año pasado la pérdida ascendió a US$ 30,5 millones. Sin embargo, logró un flujo positivo por casi US$ 6 millones, entre otras cosas, por los cambios patrimoniales que llevó adelante (además de la apertura de su capital, realizó un cambio de propiedad desde la ex Shogun Capital Corporation a ICC).

En asesoramiento técnico y procedimientos para obtener autorizaciones y licencias, ICC gastó casi US$ 2 millones para sus proyectos de cannabis recreacional y US$ 1,5 millones para la extracción de cannabinoides (CBD). La subsidiaria Tersum S.A. obtuvo autorización para importar y plantar semillas de cáñamo así como comercializar en el mercado uruguayo esa cosecha durante un año. También podrá exportar fibras y aceites con extractos de cáñamo. La inversión en estos proyectos en cuanto a plantas, propiedades, activos biológicos e inventarios ascendió a US$ 4,8 millones.

En un comunicado que difundió el 31 de mayo en Canadá, ICC informó que había completado la construcción de su invernadero para producir “flores con CBD con propósitos medicinales” y que comenzaría a “germinar 4.000 semillas” para producir unos 150 kilogramos de CBD para octubre de este año.

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