Amparado en la ley de medios, la administración Vázquez ya superó la cantidad que autorizó el Poder Ejecutivo de Mujica

El gobierno hizo casi 60 cadenas nacionales y campañas públicas

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Nº2024 - al de Junio de 2019

El uso de la comunicación oficial ha sido con frecuencia debatido a lo largo de este período de gobierno, en una discusión que se acrecentó en las últimas semanas por la temperatura que genera la campaña electoral. Mientras el Poder Ejecutivo argumenta que su estrategia incrementa la democracia al proteger el derecho de la ciudadanía a estar informado, la oposición considera erróneo que fondos públicos sean utilizados con asiduidad para difundir logros y actividades que quedan emparentados al Frente Amplio. Entre los canales de información oficiales que el gobierno emplea se encuentran las cadenas nacionales y las campañas de bien público, dos recursos que tienen su propia polémica enmarcada en la aplicación de la llamada ley de medios.

Según datos recogidos por Búsqueda, del 1º de marzo hasta el jueves 13 el Poder Ejecutivo autorizó 61 cadenas nacionales y campañas de bien público, casi el doble que en igual período del gobierno pasado. Hubo tres en 2015, 17 en 2016, 11 en 2017, 21 en 2018 y nueve en lo que va del año. De ellas, 54 estuvieron relacionadas a órganos estatales, de las cuales 31 fueron solicitadas por la Presidencia de la República.

De las restantes, cuatro fueron autorizadas al PIT-CNT por el Día del Trabajador y tres en 2016 al Frente Amplio, al Partido Nacional y al Partido Colorado para celebrar aniversarios de cada agrupación. La información se basa en resoluciones del Ministerio de Industria, Energía y Minería, encargado desde 2014 de aprobar los pedidos.

El Poder Ejecutivo autorizó 61 cadenas nacionales y campañas de bien público, casi el doble que en igual período del gobierno pasado. Hubo tres en 2015, 17 en 2016, 11 en 2017, 21 en 2018 y nueve en lo que va del año.

Durante los cinco años de la administración de José Mujica, el gobierno autorizó 42 cadenas y campañas nacionales. Aunque entre el 1º de marzo del 2010 al 11 de junio del 2014, período que permite compararlo con el actual gobierno, fueron 34.

Es tradicional en Uruguay que los gobiernos empleen las transmisiones simultáneas de radio y televisión para conmemorar fechas internacionales como el Día de los Derechos Humanos, del Holocausto, del Trabajador y del Turismo. En el caso de las 54 cadenas y campañas realizadas por el gobierno de Vázquez, 10 fueron para celebrar esas fechas y las otras 44 para comunicar actividades, políticas y logros de la administración. Entre ellas se encuentran temas como el turismo, la Defensa Nacional, el desarrollo social, el desarrollo de industrias, el acceso a Internet, la inclusión financiera, la competitividad, la promoción de empleo, las transformaciones en el trabajo, el emprendedurismo, los Consejos de Salarios, el agua potable y el saneamiento, los centros de referencia de salud pública, el Sistema Nacional de Cuidados, el consumo de drogas, la alimentación saludable, el deporte, la Biblioteca Ceibal, la primera infancia y las futuras generaciones.

Las cadenas nacionales incluyeron rendiciones de cuentas realizadas por Vázquez, el anuncio del fallo a favor de Uruguay en el caso contra la tabacalera Philip Morris y la respuesta del gobierno a los reclamos del movimiento Un Solo Uruguay, protagonizada por el conductor de televisión Fernando Vilar y centrada en mostrar las medidas adoptadas para el sector agrícola y ganadero. Salvo los ministerios de Economía, Relaciones Exteriores y Transporte y Obras Públicas, todas las secretarías de Estado tuvieron en alguna fecha su propia cadena nacional. También la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

Interés público

El último 1º de mayo el debate por las cadenas nacionales volvió a encenderse luego de un mensaje a cargo del ministro de Trabajo y Seguridad Social por el Día del Trabajador. “Existe el riesgo del retroceso, de que perdamos cosas que hemos logrado juntos para el conjunto de la sociedad. Nosotros somos un gobierno y es un país que se merece seguir avanzando”, señaló Ernesto Murro. Desde la oposición se lo acusó de proselitismo y volvió a plantearse la posibilidad de derogar la ley de medios que regula los servicios de comunicación audiovisual (Nº 19.307) si ganan las elecciones.

El artículo 94º de la ley obliga a los titulares de servicios de radio, televisión abierta y televisión para abonados a la “trasmisión simultánea que determine el Poder Ejecutivo por resolución fundada que versará sobre temas de interés público o cuestiones urgentes que puedan afectar gravemente a la población”.

Los reclamos a la ley también surgieron desde los medios de comunicación: en marzo y abril el Ministerio de Industria desestimó recursos presentados por Montecarlo y Saeta que alegaron “abuso”, “desviación de poder” y “perjuicio económico” por la obligación de transmitir gratuitamente el año pasado campañas de bien público protegidas por el artículo 95º de la norma. Ambos canales de televisión entendieron que las campañas referidas al agua potable, el saneamiento y el Sistema Nacional de Cuidados carecieron “de motivación”.

Las críticas fueron respondidas por el prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo. Uruguay “tiene la obligación de informar sobre la gestión y las políticas públicas. No solo de informar cuando se nos pregunta, sino también de difundir en forma permanente a través de su sitio web y otros medios que se determinen”, alegó (Búsqueda Nº2.022).

En octubre de 2013, meses antes de que la ley de medios se aprobara, especialistas internacionales ya habían advertido sobre inconsistencias en el artículo 94º referido a las cadenas.

“Los Estados tienen la facultad del uso de las cadenas de radio y televisión en casos excepcionales. El ejercicio de esa facultad no es absoluto. La información que los gobiernos transmiten a la ciudadanía a través de las cadenas presidenciales debe ser aquella estrictamente necesaria para atender necesidades urgentes de información en materia de claro y genuino interés publico y durante el tiempo estrictamente necesario para transmitir dicha información. En este sentido creo que es muy importante revisar el uso de esta facultad”, sostuvo Catalina Botero, entonces relatora especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, durante un evento organizado por el gobierno de Mujica en la Torre Ejecutiva.

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