El régimen de reclusión en el módulo 12 está “expresamente condenado” por las normas internacionales. Foto: Nicolás Der Agopián

Según un documento que el comisionado parlamentario para las cárceles envió a los legisladores, los presos sufren “aislamiento prolongado” y no tienen ninguna actividad de rehabilitación

El motín del Comcar refleja “las carencias” de un sistema penitenciario donde hay situaciones de “tortura”, dice informe

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Nº1977 - al de Julio de 2018

Limaron los barrotes de sus celdas, accedieron a un patio, treparon un muro, salieron al exterior del edificio donde estaban recluidos y se acercaron al tejido perimetral. Era la madrugada del viernes 29 de junio y un grupo de internos buscaba fugarse del módulo 12 del Comcar. Pero fueron detectados por militares apostados en el perímetro de la prisión, por lo que debieron retroceder y cambiar de plan. Una ventana mal cerrada les permitió entrar a la guardia del módulo y tomar como rehenes a los tres funcionarios que ahí oficiaban de custodia. Una vez enteradas las autoridades, los internos reclamaron mejores condiciones de reclusión para negociar la liberación de los rehenes.

Con investigaciones sobre la situación aún en curso por parte del Ministerio del Interior y de la Fiscalía, un informe del comisionado parlamentario penitenciario advierte que el motín, que durante casi 12 horas tuvo en riesgo la vida de tres policías, puede explicarse por las condiciones de “aislamiento prolongado” que hay en el módulo 12 del Comcar. Se trata de un régimen penitenciario “expresamente condenado” por las normas a las que ha adherido Uruguay, que “configura una situación de ‘tortura’” donde “existe una ‘intencionalidad’, una decisión administrativa sostenida en el tiempo para mantener un dolor suplementario a la privación de libertad”.

“Desde meses atrás se vinieron registrando hechos que indicaban que las condiciones del lugar no solo no rehabilitaban ni mínimamente a los internos, sino que también agotaban y degradaban a los funcionarios, quienes no entendían el sentido ni la utilidad del servicio que debían realizar, más allá del mero castigo”, señala el informe de Juan Miguel Petit, enviado a la Comisión Bicameral de Seguimiento Carcelario del Poder Legislativo y al cual accedió Búsqueda.

El documento afirma que el módulo, con capacidad para 44 personas y puesto en funcionamiento a inicios de 2016, infringe las normas internacionales de derechos humanos dedicadas a la privación de libertad, entre ellas las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, conocidas como Reglas Mandela y aprobadas por Uruguay en 2015. “Básicamente, el privado de libertad permanece todo el día en su celda, no tiene actividad de rehabilitación alguna, tiene limitados contactos con el mundo exterior, sale al patio por media hora por día y solitariamente, y es controlado por un médico periódicamente si es requerido. El lugar es administrado por funcionarios policiales cuyo único contacto con los internos es la entrega de la comida, el traslado al patio o al lugar de visita cuando ello ocurre”.

“Desde meses atrás se vinieron registrando hechos que indicaban que las condiciones del lugar no solo no rehabilitaban ni mínimamente a los internos, sino que también agotaban y degradaban a los funcionarios...”

Para Petit, la falta de actividades socioeducativas, las visitas familiares breves de una hora cada 15 días a través de una mampara, y la carencia de personal técnico y de programas institucionales externos “genera emergentes violentos”, por lo que interpreta el amotinamiento del 29 de junio “como una señal más de las debilidades y carencias que todavía tiene el sistema penitenciario” uruguayo.

Agrega que desde que ingresó en octubre de 2015 al cargo de comisionado parlamentario, alertó sobre la existencia de este tipo de régimen, que previo al del módulo 12 del Comcar ya era utilizado en un celdario de la Jefatura de Policía de Montevideo. Sin embargo, pese a sus advertencias, las autoridades siguen sin tomar acciones e incluso deslindan entre ellas las responsabilidades.

“La situación del módulo 12 constituye un caso particularmente extraño y complejo. Si bien está instalado dentro del predio del Comcar, durante mucho tiempo se nos dijo, tanto por las autoridades del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) como por las del Comcar, que la definición de sus características de funcionamiento no dependía de ellos sino de la superioridad ministerial. Preguntamos al Ministerio del Interior. Se nos dijo que dependía del INR. La situación sigue siendo confusa, ya que todo indica que el INR no comparte la existencia de este régimen, pero debe tolerarlo”, manifiesta en el documento.

Concluye que es “imperioso” fortalecer institucionalmente al INR en base a un plan de acción urgente con programas adecuados y la reingeniería de la gestión penitenciaria, donde es necesario el seguimiento del Parlamento y la participación del Ministerio de Desarrollo Social, ASSE y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), entre otros organismos.

Situaciones muy diversas. 

También con carácter de urgente el ministro del Interior dispuso una investigación administrativa a cargo de la Dirección General de Información e Inteligencia Policial para encontrar las causas del motín. Mientras la investigación continúa su curso, los presos involucrados en el hecho fueron derivados al Penal de Libertad, a la Unidad 1 de Punta de Rieles y a otros sectores del Comcar.

Durante la toma de rehenes del 29 de junio los prisioneros accedieron a las escopetas, las esposas y otros elementos de seguridad de la guardia, abrieron todas las celdas del módulo y rompieron cámaras, paneles y computadoras, además de amenazar a los policías a lo largo del conflicto. El Ministerio del Interior valoró que durante la negociación se haya logrado mantener la situación sin incidentes de violencia que pudieran haber generado consecuencias aún más graves.

Para Petit, la falta de actividades socioeducativas, las visitas familiares breves de una hora cada 15 días a través de una mampara, y la carencia de personal técnico y de programas institucionales externos “genera emergentes violentos”.

El informe del comisionado parlamentario admite que aún no está claro cuáles de los internos apoyaron realmente el motín, ya que “muchos fueron empujados a la situación que se vivía y no habían formado parte ni de la fuga ni del plan de tomar rehenes y enfrentar a la autoridad”. Añade, además, que alrededor de cinco prisioneros salieron de sus celdas porque sufren tuberculosis y aprovecharon el momento para obtener una mejor ventilación. Es que, aunque fue concebido originariamente como un espacio de máxima seguridad, “el módulo empezó a albergar situaciones muy diversas, incluyendo a los aquejados por tuberculosis”.

Para el diputado nacionalista Pablo Abdala, integrante de la comisión bicameral que monitorea el tema, la situación en el módulo 12 “llegó a tal extremo que hizo eclosión”, lo que explica “en buena medida” las causas del motín. “Parecería que ahora, el mismo Estado que endureció las condiciones de reclusión perdió el control, no pudo ejercer su autoridad, y los presos demostraron que son ellos los que pueden mandar”, dijo a Búsqueda. El diputado informó que convocaron al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, para que concurra al Parlamento una vez finalizada la investigación administrativa en manos de Inteligencia Policial. 

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