Foto: Santiago Mazzarovich/adhocFotos

Habrá desafíos de “envergadura significativa” en “el día después” del Covid-19

El PBI de Uruguay estaría cayendo más de 8% en abril-junio, estima CPA/Ferrere

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Nº2073 - al de 2020

Aún en un escenario donde las medidas de distanciamiento social se levanten relativamente rápido —en, por ejemplo, dos meses— el impacto económico y social a causa del Covid-19 será “significativo”. En el peor momento, que está transcurriendo, el Producto Bruto Interno (PBI) caerá más de 8% y el desempleo superará el 16% de la población activa, mientras que en el tercer trimestre el déficit fiscal anual superará el 9% del PBI. Habrá un “día después” de esta crisis que traerá desafíos “de una envergadura significativa y requerirán introducir reformas de carácter estructural”.

Ese panorama es el que describe el equipo de consultoría de CPA/Ferrere en el documento titulado Impacto social y económico de la Covid-19 y opciones de políticas en Uruguay, encargado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Los consultores —Alfonso Capurro, Germán Deagosto, Sebastián Ithurralde y Gabriel Oddone— analizan primero los dos canales de transmisión para Uruguay de la crisis mundial por el nuevo coronavirus: el comercial, tanto para bienes como servicios, y el financiero. “En ambos casos, los impactos ya comenzaron a manifestarse en la economía doméstica, aunque el primero podrá verse agravado por el lado de los servicios turísticos ante una prolongación de la pandemia en los próximos meses”. Para ese sector “es esperable un importante golpe a raíz de la situación sanitaria actual” y “todavía no es posible descartar impactos duraderos vinculados al cambio de hábitos” en materia de viajes, por ejemplo, a la vez que los problemas en Argentina —en pleno proceso de reestructuración de la deuda— refuerzan las perspectivas negativas con respecto a las actividades turísticas.

Los efectos serán “asimétricos en términos de profundidad y duración” si bien la “afectación es generalizada entre los grandes sectores de actividad, todos los cuales ya están atravesando dificultades en su funcionamiento”. En este sentido, rubros que representan más de 30% de la economía uruguaya, y que emplean aproximadamente al 40% de la población ocupada, “están siendo severamente afectados”. Si se incluye a la industria, en el caso de que las medidas de confinamiento se profundizaran, esos porcentajes se elevarían a más de 40% y 50%, respectivamente, según el estudio.

Por el lado de la demanda, los sectores más fuertemente afectados en el corto plazo serán el comercio, restaurantes y hoteles y transporte y almacenamiento. A su vez, las actividades primarias serían las menos impactadas por el shock de oferta que se desprende del estado de emergencia actual.

Bajo un marco de “enorme incertidumbre, dado que en su génesis descansa un componente que es no económico y que no existen certezas en cuanto al timing e intensidad del lockdown hacia adelante”, CPA/Ferrere proyecta una contracción del PBI que en el segundo trimestre “podría superar ampliamente el 8% en términos interanuales”; en el promedio del año el nivel de actividad se contraería 3,7%, a lo que seguiría un “rebote” en 2021 (de una magnitud que el informe no especifica). Esa estimación parte del supuesto de que Uruguay “revierte sus medidas de distanciamiento social, aunque en forma lenta y progresiva, a partir de mayo o junio de 2020”.

El deterioro del mercado laboral se profundizará en los siguientes meses: la tasa de desocupación superaría el 16% durante abril-junio y cerraría el año “arriba del 12%”. El nivel de empleo caería algo menos de 7% en 2020, considerando promedios anuales.

“Todas las ocupaciones en nuestro país enfrentan algún tipo de restricción para desarrollar las tareas con normalidad” en la situación actual, y dentro del universo de trabajadores informales, aproximadamente 270.000 (70%) son “especialmente vulnerables a la luz de su incapacidad para continuar en actividad de forma remota”, subraya el análisis, fechado este mes. Las mujeres se están viendo particularmente afectadas, en especial las de estratos económicos más vulnerables de la población, agrega.

En cuanto a la inflación, CPA/Ferrere estima que el registro “se consolidaría por encima del 10% interanual durante el segundo y el tercer trimestre del año y se moderaría levemente” después. En ese contexto, habría una pérdida de poder adquisitivo de los ingresos y, pese a las medidas tomadas por el gobierno, “es esperable un deterioro” en los niveles de pobreza, indigencia y desigualdad.

Por otro lado, la consultora proyecta que el déficit en las cuentas públicas “aumentará de forma sostenida entre abril y setiembre” y podría ubicarse levemente por encima de 9% del PBI en el tercer trimestre. “De esta manera, el gobierno deberá introducir un programa de readecuación fiscal en 2021 para poder repagar las obligaciones contraídas durante la emergencia económica y social, que podría incluir acciones no solo en la dimensión del gasto, sino también en la de los ingresos”.

Medidas y “día después”

El informe hecho para el PNUD repasa las diferentes medidas anunciadas por el gobierno para minimizar el impacto derivado del Covid-19. Tanto las de protección social como las orientadas a apoyar a las empresas “van en la dirección correcta”, aunque los autores hacen algunas recomendaciones.

“Es plausible que los hogares requieran mayor asistencia monetaria, lo que podría traer aparejada la necesidad de afrontar gastos de naturaleza no alimenticia”, para lo cual precisarían manejar dinero en efectivo a través de una cuenta bancaria para cada beneficiario.

En el caso de las medidas para facilitar el acceso a crédito para micro, pequeñas y medianas empresas, CPA/Ferrere advierte que los requisitos exigidos “siguen siendo en demasía restrictivos para la mayoría” de las firmas, dado que tienen escasos o nulos niveles de formalización. También se deberían implementar mecanismos que minimicen el riesgo de una contracción de la oferta de financiamiento para empresas formales grandes que puedan estar enfrentando problemas de liquidez severos, y sugiere en concreto la “recompras de créditos otorgados por entidades financieras al sector no financiero o mayores fortalecimientos de los fondos de garantía”.

Más allá del conjunto de medidas para amortiguar el impacto del shock de la pandemia, los consultores proponen acciones para “el día después” que permitan “empezar a traccionar la reactivación” impulsando la demanda agregada, especialmente la inversión. En ese sentido, sugieren “rediseñar” el régimen de promoción de inversiones “de forma de devolverle el atractivo”.

Agregan que “los desafíos para ‘el día después’ serán de una envergadura significativa y requerirán introducir reformas de carácter estructural. Si bien esto ya estaba internalizado por las nuevas autoridades y formaba parte de un creciente consenso entre el resto de los actores relevantes, el shock asociado al Covid-19 obligará a imprimir un sentido de urgencia mayor y a expandir el alcance de las iniciativas”. En concreto, se deben “introducir cambios en materia de inserción internacional, educación, acceso y pago de infraestructura, institucionalidad y sostenibilidad de las finanzas públicas (lo que incluye una reforma previsional), empresas públicas, modernización de las negociaciones laborales, promoción de la competencia y transparencia en actividades del sector no transable, así como transformación y fortalecimiento de las políticas de inclusión social. En efecto, las medidas de política contra-cíclica (para acortar la duración de la recesión y suavizar su impacto) deben complementarse con acciones orientadas a recomponer la tasa de crecimiento de largo plazo, recuperar la sostenibilidad fiscal y mejorar y complementar el diseño de la red de protección social”, enumeran.

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