En tierra de gauchos

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Nº2014 - al de 2019
por Fernando Santullo

De una interesante entrevista reciente que le hacían al historiador José Rilla en El Observador, me llamó la atención su respuesta final. Consultado sobre la inseguridad en Uruguay y si podía contrastarla con alguna experiencia en el exterior, Rilla contestaba que cuando vivió unos meses en Valencia, España, le llamó la atención que la gente caminaba, de día o de noche, con una enorme tranquilidad. Y que eso se debía a que Valencia era “un lugar previsible, que está limpio, muy regulado, donde hay autoridad”. Rilla terminaba: “En Uruguay no tenemos autoridad. La calle es el reino de nadie y nos salen las cosas bastante bien, no pasan cosas tan graves”.

La idea de que la autoridad es algo malo per se, algo que parece conveniente evitar o al menos hacer de cuenta que no existe, parece bastante extendida en nuestra sociedad. Y quizá se deba a que esa autoridad muchas veces no existe a efectos prácticos. Por ejemplo, cuando un puñado de ciudadanos de clase media cree que lo más natural es hacerse un rancho en terrenos del Estado y después alquilarlo a terceros. Cuando esa situación se prolonga durante décadas, hasta ser parte del paisaje. O cuando a otro puñado, de funcionarios del Estado este, le parece que lo más normal es fichar y después no hacer nada a cambio de su remuneración, salvo matar las horas en base a té y bizcochos. O cuando otro grupo de ciudadanos, bastante más desesperado que los dos previos, decide que su trabajo es cuidar coches sin que exista una demanda real para tal empleo (o algo que lo pueda hacer pasar por empleo). Para colmo de males, en este caso el único gesto de la autoridad ha sido el de darles a esas personas un chaleco reflectante con las siglas de algún organismo del Estado. Como si se tratara de un empleo real, con aportes y todo aquello que el Estado nos dice debemos cumplir al tener un trabajo.

Hay decenas de ejemplos y se extienden a todas las clases y sectores sociales: somos un país de gauchos ariscos que detestan que un representante de la autoridad nos recuerde nuestras obligaciones. Y estamos orgullosos de ello, hasta el punto de rechazar cualquier autoridad o jerarquía que se entrometa con nuestras microlibertades: la de estacionar en doble fila aunque haya lugar para estacionar bien, la de conducir usando dos carriles en vez de uno, la de tirar papeles en la calle aunque haya un contenedor a dos metros, la de dejar que nuestro perro haga caca en cualquier parte y no recogerla, la de colgarse de la luz aunque se la pueda pagar. Algo así como la versión posmo del “naides es más que naides”, que tan buenos resultados le ha dado a la horizontalidad de nuestra sociedad, pero que no necesariamente sirve para el resto de las cosas de la convivencia. Por cierto, ese aire díscolo desaparece cuando se trata de cobrar el sueldo, hacer un trámite o relacionarse de alguna manera más o menos subordinada con esa autoridad: ahí somos todos especialmente cívicos, no sea cosa que se atrase el sueldo, el trámite o el favor pedido.

Tras haber vivido casi dos décadas en España, que es el país al que alude Rilla en su entrevista, tengo la impresión de que el civismo, que es de lo que estoy hablando, es un camino de dos vías. Por un lado, la educativa. Como decía el filosofo español Antonio Escohotado en una entrevista reciente: “Un país no es rico porque tenga diamantes o petróleo, un país es rico porque tiene educación. Educación significa que aunque puedas robar, no robás. Educación significa que vas por la calle, la acera es estrecha, y tú te bajas y dices: ‘Disculpe’… En definitiva, la riqueza es conocimiento. Sobre todo un conocimiento que te permite tener un respeto ilimitado por los demás”. Es decir, el civismo tiene un componente interior, personal, que adquiere su dimensión social en el intercambio con el resto de los ciudadanos. Una suerte de educación para la ciudadanía.

Ese componente del civismo es más una declaración de intenciones que una realidad: confiamos en que por derrame de la educación, esos cambios internos, esos resortes responsables y respetuosos se activarán de manera más generalizada en las generaciones futuras. Así las cosas, es necesario que exista otro aspecto, compulsivo, que permita a la autoridad verificar si se cumple o no con ese civismo pactado. Confiar en que la educación mágicamente proveerá, es el camino hacia la ruina. En particular, confiar en eso en este instante en Uruguay es un acto de fe religiosa sin más. Simplemente no se puede esperar un par de décadas a que, por poner un ejemplo, los conductores sean más responsables. Eso nos dejaría a todos a merced de los conductores irresponsables del presente y de los próximos 20 años, sin la menor garantía de cambio.

Es por eso que los Estados tienen previstos castigos para quienes no respetan la norma colectiva establecida. Por eso a los conductores se los multa y, en otros lugares, hasta se les quitan puntos de la libreta cuando cometen infracciones. Es por eso que, cuando la violación del código colectivo es grave (robo con violencia, asesinato, etc.) la autoridad nos mete en la cárcel. El problema es que esa segunda vía al civismo, la compulsiva, falla de manera catastrófica en Uruguay. No porque en los delitos graves no se meta gente a la cárcel: estamos en años de récord de población carcelaria y sin embargo nuestra vida en común no parece estar mejorando especialmente. Mi apuesta es que hemos internalizado a lo largo de toda nuestra historia reciente que las microviolaciones al código común no son un problema sino una libertad. Lo hemos internalizado los ciudadanos y lo ha internalizado, muy especialmente, el Estado, que asumió hace décadas una fábrica de ñoquis en su interior sin que eso amerite al menos un miserable procedimiento administrativo.

Por eso la idea de que “la calle es el reino de nadie” es clave para entender lo que, hasta donde alcanzo a ver, es uno de los núcleos duros de los problemas de convivencia en Uruguay. Si un ciudadano no es lo suficientemente educado y considerado como para meter su basura en el contenedor, se podrá educar a sus hijos para que cuando les toque sacar la basura, lo hagan de manera correcta. Pero al ciudadano en cuestión se lo debe fiscalizar y multar si es el caso. Y ojo, ejercer esa autoridad no tiene sentido cuando falla la pata de la educación y del respeto por el otro: autoridad sin contenido se parece mucho al autoritarismo. Pero al mismo tiempo hay que tener claro que la ausencia de autoridad en la convivencia nos manda derecho al Lejano Oeste o a Somalia, nunca a la Arcadia prometida para poetas y pastores.

Quizá es por eso que nadie tiene demasiadas esperanzas de que el Estado realmente monitoree todo aquello que tiene que monitorear: esa serie de microfaltas hace rato que no son ni siquiera percibidas como tales por casi nadie. Quizá por eso cualquiera que recuerde la conveniencia de hacer respetar las micronormas de convivencia es considerado un rompebolas, un botón, un facho. En tierra de gauchos, respetar las normas siempre es asunto ajeno. Pésima receta para la convivencia.

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