En los últimos tres años el máximo tribunal rechazó cerca de 30 recursos presentados por militares

Fallos de la Corte “no han impedido en absoluto” el avance de las investigaciones sobre crímenes en la dictadura, dice su presidenta

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Nº1996 - al de Noviembre de 2018
escribe Victoria Fernández

Las investigaciones sobre los crímenes cometidos durante la dictadura cívico-militar (1973-1985) tuvieron pocos avances en los últimos años. Luego de un empuje inicial en el primer gobierno del Frente Amplio, las causas parecieron estancarse, para la frustración de los familiares de las víctimas y de las organizaciones que militan por “verdad y justicia”.

La Suprema Corte de Justicia ha sido en varias oportunidades responsabilizada por esa falta de avances. Cuando en 2013 falló que la Ley Nº 18.831 —que declaró a esos crímenes de “lesa humanidad”— era inconstitucional, los activistas por los derechos humanos la acusaron de haber impuesto una “muralla” que impedía proseguir con las investigaciones. Más adelante, la Corporación encontró una forma de eludir la prescripción de esos delitos argumentando que durante la vigencia de la llamada ley de caducidad no debía computarse el plazo y las críticas se calmaron, pero las causas tampoco mostraron señales alentadoras.

En setiembre de 2017, con una nueva integración, el máximo tribunal volvió a una posición más conservadora y reiteró en una sentencia que la Ley Nº 18.831 era inconstitucional y que las violaciones a los derechos humanos ocurridas en la dictadura no son crímenes de lesa humanidad y por tanto prescribieron. Otra vez, la decisión generó alerta y la Corte fue blanco de críticas.

La bancada de senadores del Frente Amplio cuestionó al tribunal por dejar “abierto el camino de la impunidad”. La Institución Nacional de Derechos Humanos manifestó su “profunda consternación” por la sentencia y pidió a la Corte que reflexionara “sobre los nefastos efectos que acarrea”. También desde la comunidad internacional llegaron críticas: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional lamentaron el fallo y reiteraron que esos crímenes deben ser imprescriptibles.

De todos modos, de acuerdo a un relevamiento realizado por Búsqueda, los casos que han llegado a la Corte en los últimos años no fueron declarados prescriptos. Ni siquiera los que llegaron tras la sentencia de setiembre de 2017.

Ocurre que los recursos que han presentado los militares pidiendo que se declare la prescripción de los delitos son rechazados por razones formales, con lo cual las causas continúan su curso.

Aunque hay dos bibliotecas sobre el tema, hoy la mayoría de los ministros adhiere a la tesis de que los recursos de casación no son admisibles cuando la sentencia del tribunal de segunda instancia no pone fin al proceso. Otra interpretación entiende que solo la posibilidad de que el fallo finalice la causa es suficiente para admitir el recurso de casación, pero hoy esa posición es minoría en la Corte.

Como en general los juzgados rechazan la prescripción de los delitos, los indagados apelan a los tribunales de segunda instancia, que mayoritariamente también se oponen a la prescripción. Entonces presentan recursos de casación ante la Corte, y allí los ministros los rechazan porque no los considera admisibles.

Desde 2016 hubo cerca de 30 recursos de casación interpuestos por presuntos responsables de violaciones a los derechos humanos que fueron desestimados por esta razón.

Consultada sobre el tema, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Elena Martínez, dijo a Búsqueda que esas sentencias “demuestran que las decisiones de la Corte no son lo que entorpece las causas”, ya que “no han impedido en absoluto el avance de las investigaciones y la búsqueda de la verdad”.

Además, afirmó Martínez, esos fallos prueban que las “razones por las cuales se deciden estas causas son jurídicas y nada más que jurídicas”.

Otras razones

En una nota publicada por Crónicas a principios de noviembre, el integrante de la Asociación de Familiares de Detenidos Desparecidos Ignacio Errandonea afirmó que la posición de la Corte al rechazar la calificación de los delitos como de lesa humanidad es una “posición política”. Aseguró que el tribunal ha sido un “escollo” para las investigaciones y que el Poder Judicial es “cómplice del no avance de las causas”.

A su vez, el presidente de Crysol, organización que nuclea a expresos políticos, Gastón Grisoni, afirmó que el “gran obstáculo” es el Poder Judicial y en particular la actual integración de la Corte. “Hay una correlación mayoritaria en la Corte desde que asumió Elena Martínez, que ha tomado partido por los perpetradores de las graves violaciones a los derechos humanos”, afirmó Grisoni.

Martínez no quiso responder a estas declaraciones, pero señaló que las sentencias de la Corte “demuestran que no hay ninguna intención de proteger a los supuestos violadores de los derechos humanos ni de tomar partido por una de las partes en estos procesos”.

“La Corte ha desestimado o rechazado los recursos de casación y por lo tanto las causas podrían seguir avanzando. Si no avanzan es por otras razones, no por decisiones de la Corte”, concluyó.

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