Foto: Nicolás Der Agopián

Fiscal de Corte se reúne con Lacalle Pou para advertir sobre los cambios al Código del Proceso Penal

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Nº2059 - al de Febrero de 2020

El fiscal de Corte, Jorge Díaz, planteará este lunes a Luis Lacalle Pou una serie de advertencias sobre los cambios al Código del Proceso Penal (CPP) que se propone realizar el gobierno electo.

En su última edición, Búsqueda publicó un informe de la Fiscalía General de la Nación, elaborado a pedido de Díaz, en el que se analizan las modificaciones al CPP incluidas en el anteproyecto de ley de urgente consideración elaborado por el futuro gobierno. En el documento se advierte que ciertos cambios propuestos son “inconstitucionales” y vulneran también la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El objetivo de Díaz es entregarle personalmente el estudio a Lacalle Pou y a su equipo para que sea tomado en cuenta antes de enviar la propuesta de ley al Parlamento. La demora en concretar el encuentro con el presidente electo, que fue solicitado por Díaz tres semanas atrás, había generado inquietud en la Fiscalía, según dijeron a Búsqueda fuentes del Frente Amplio y del entorno de Lacalle Pou. Díaz, no obstante, aseguró que se encontraba trabajando activamente con las autoridades del futuro gobierno y que no estaba preocupado.

Finalmente, hoy lunes a las 17 el futuro presidente recibirá al fiscal de Corte, quién le trasmitirá su preocupación por el impacto que los cambios proyectados tendrían en el funcionamiento del sistema de Justicia penal.

Las principales medidas que propone la ley urgente son limitar los procesos abreviados —que permiten a los fiscales negociar con la defensa una confesión a cambio de una pena más leve, y evitar llevar el caso a juicio—; crear un procedimiento extraordinario para situaciones de baja complejidad —una especie de juicio más simple y rápido—; y eliminar la suspensión condicional del proceso, el régimen de libertad vigilada y el principio de oportunidad.

De acuerdo al análisis de la Fiscalía, divulgado por Búsqueda, limitar la aplicación del proceso abreviado a los delitos con una pena máxima de tres años, como se establece en el anteproyecto, hará que el 74% de los crímenes pasen a juicio oral. “Deben tenerse presente que el juicio oral es la vía procesal más costosa en términos de tiempo y recursos”, advierte Fiscalía.

Por otra parte, plantea que no debe eliminarse la suspensión condicional, que se usa en delitos leves cometidos por primarios, sino ajustar su aplicación. El estudio también defiende la necesidad de aplicar el principio de oportunidad, que permite a los fiscales priorizar qué delitos investigar: “No hay sistema procesal penal que tenga capacidad para dar trámite y resolver de forma pronta y eficiente todas las denuncias que se reciben”.

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