Nelson Loustaunau. Foto: Nicolás Der Agopián

Las cámaras interpretan que la norma de la OIT abarca los ataques que sufran los trabajadores en su traslado desde y hacia el empleo, así como quienes buscan un puesto o fueron despedidos; también cuestionan licencias especiales y otras medidas previstas para mitigar los efectos de la violencia doméstica

Gobierno quiere ratificar un convenio sobre violencia y acoso laboral que, según los empresarios, los toma de “rehenes”

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Nº2033 - al de Agosto de 2019
escriben Ana Morales y Federica Chiarino

El acoso laboral, sexual, la violencia doméstica están regulados hace relativamente poco en Uruguay, pero forman parte de la agenda de protección de derechos que en ámbitos internacionales se destaca como un activo del país. Para seguir en esa línea, el gobierno se propone ser de los primeros del mundo en ratificar el Convenio Nº 190 sobre la eliminación de la “violencia y el acoso en el mundo del trabajo”.

Fue aprobado en junio durante la 108ª reunión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y viene siendo analizado en una comisión tripartita designada por el Ministerio de Trabajo. El convenio “parece ser el corolario necesario de esa política que se viene desarrollando, esa política de luchar” frente a muchos vestigios del “patriarcado” y del “machismo en su peor expresión”, que hay que seguir intentando combatir, dijo a Búsqueda el subsecretario de esa cartera, Nelson Loustaunau.

Consideró que la violencia y el acoso sexual son “una suerte de pandemia” y el interés por ratificar la norma internacional —que refiere no solo a la violencia física, sino también psicológica y moral— es parte de una política en contra de ello.

Aseguró que el gobierno demostró mucho interés y participación con “ideas proactivas” en el proceso de discusión del convenio desde hace más de un año. “Parece coherente, después de que hiciste todo ese esfuerzo, querer ratificar el instrumento”.

Pero esa intención choca con la visión de las cámaras de Industrias (CIU) y de Comercio y Servicios (CNCS), que sin oponerse a su espíritu, advierten que el convenio es “muy peligroso” porque deja a las empresas “rehenes” de controlar situaciones que están fuera de su alcance y se las “carga” con responsabilidades que son propias del Estado.

Son las mismas gremiales empresariales que confrontaron al gobierno ante la OIT por aspectos de la ley de negociación colectiva, un diferendo que aún está planteado.

La normativa

Uruguay ya cuenta con legislación sobre los temas a los que refiere el convenio, como la ley de acoso sexual en el ámbito laboral y en las relaciones docente-alumno (Nº 18.561), en cuanto a la erradicación de la violencia doméstica (Nº 17.514) y la violencia hacia las mujeres basada en género (Nº 19.580).

Esta normativa existente, afirma Loustaunau, contribuye a que Uruguay pueda ratificar el convenio Nº 190 por tener la experiencia y los elementos necesarios, más allá de que sea el “primero, el quinto o el décimo” país en hacerlo.

El texto parte de la premisa de que la violencia y el acoso (incluyendo la razón de género) en el ámbito laboral pueden constituir una violación o un abuso de los derechos humanos, son una “amenaza” para la igualdad de oportunidades, por lo que son “inaceptables e incompatibles” con el concepto de trabajo decente. Señala que ese tipo de atropello a los derechos afectan “negativamente a la organización del trabajo, las relaciones en el lugar de trabajo, el compromiso de los trabajadores, la reputación de las empresas y la productividad”. Y aboga porque los gobiernos y las organizaciones de empleadores y de trabajadores, así como las instituciones del mercado de trabajo contribuyan a “reconocer, afrontar y abordar el impacto de la violencia doméstica” sobre el empleo, la productividad y la seguridad y salud en el trabajo.

El convenio abarca a todos los sectores, público o privado, de la economía formal e informal, en las zonas urbanas o rurales. 

Protege a los trabajadores cualquiera sea su situación contractual —incluidos pasantes, voluntarios, despedidos, etc.— y “a otras personas en el mundo del trabajo”. También, a quienes “ejercen la autoridad, las funciones o las responsabilidades de un empleador”.

Establece que se refiere a la violencia y el acoso en el mundo del trabajo “que ocurre durante el trabajo, en relación con el trabajo o como resultado del mismo”. Enumera, por ejemplo, los lugares de trabajo, donde se toma el descanso o se alimenta, en los desplazamientos, viajes, etcétera, relacionados con el trabajo, el alojamiento proporcionado por el empleador y “en los trayectos entre el domicilio y el lugar de trabajo”.

Indica que se deberá adoptar “de conformidad con la legislación y la situación nacional” y en consulta con las organizaciones representativas de trabajadores y empleadores, medidas para prohibir legalmente la violencia y el acoso, medidas de prevención, de control de la aplicación, “velar porque las víctimas tengan acceso a vías de recurso y reparación y a medidas de apoyo”, además de definir sanciones, realizar actividades de educación, sensibilización, etcétera.

El artículo octavo dispone que se identifiquen en consulta con los actores sociales, los sectores u ocupaciones de trabajo donde los trabajadores y “otras personas concernidas” están más expuestos a la violencia y el acoso.

Además, el convenio insta a garantizar el acceso a la presentación de quejas, mecanismos de solución de conflictos, juzgados o tribunales, medidas de protección y de asistencia.

Se le dará a la Inspección de Trabajo la facultad de actuar en estos casos, para imponer medidas o interrumpir la actividad laboral cuando se considere que existe riesgo de vida, salud o seguridad para los trabajadores.

Para Loustaunau, el convenio no debe leerse solo, sino en conjunto con las recomendaciones y la legislación existente en el país. Explicó que al haber “armonización” entre el convenio y la legislación uruguaya, si el primero finalmente se ratifica, es probable que “no se vaya a dictar nada” más.

El convenio entrará en vigor 12 meses después de que sea ratificado por dos países miembros de la OIT.

“Altamente peligroso”

Aunque formalmente las patronales todavía no han dado su posición sobre la ratificación del convenio, su opinión es contraria. Desde el vamos, la central sindical, se ubica en el otro extremo.

El titular de la CNCS, Julio Lestido, dijo a Búsqueda que apoya la “idea” y “principio” del convenio, pero apuntó: “El problema es que la implementación hay que analizarla con mucho cuidado, no está claro qué cosas abarca, es muy amplio en algunas cosas”. En un primer abordaje a la norma, consideró que transfiere la responsabilidad a la empresa de situaciones que no están bajo su control.

El presidente de la Comisión de Asuntos Sociolaborales de la CIU, Andrés Fostik,  fue más contundente. Partió criticando la forma en que se llegó a la aprobación del convenio, en el marco de la celebración del centenario de la OIT.

Opinó que en el texto se “desdibujó” la palabra trabajador, se “metió por la puerta de servicio” la violencia doméstica al ordenarle al empleador “que se haga cargo” de algo que no está a su alcance y evaluó que la responsabilidad de la empresa en esa materia está “extralimitada”.

Y añadió: “El problema social que tenemos con la violencia no pasa por la empresa, no es el trabajo (…) tenemos que administrar un problema genérico, donde hay poca normativa, y entrar en la labor preventiva”.

Alegó que el convenio “es difícil de cumplir” pensando, además, en que la mayoría de las firmas en el país son pequeñas. “Para las grandes, con 1.000 empleados, tendrán 1.000 problemas, pero pueden tener un departamento para acumular una normativa más, pero no hay un paraguas para las empresas chicas”.

En la CIU, agregó, son “solidarios con el tema. Nadie quiere violencia ni acoso en su empresa, y se está dispuesto a combatirla, pero no apoyamos un texto internacional de este peso, que es mucho más abarcativo y no aplicable en una región como la nuestra. No vamos a dar la aprobación”.

“No tengo duda de que Uruguay lo ratifique”, aunque puso en duda que eso se concrete este año, comentó con un dejo de esperanza en que los tiempos se dilaten.  Señaló que el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, transmitió a los presidentes de las cámaras empresariales en Ginebra su intención de que el país sea “el primero” en adherir al convenio.

Para Laura Acuña, abogada de la comisión sociolaboral de la gremial de industriales, evaluó que puede ser riesgoso ratificar la norma de la OIT puesto que es posible que se revise la normativa vigente a nivel nacional, ampliando su alcance. “Es altamente peligroso, porque cuando los términos son tan amplios y difusos, se da más margen al intérprete de llegar a extremos que la norma no se imaginó”.

El “error más grave”, según ella, es que el texto abarca a trabajadores despedidos y personas que buscan empleo, lo que extiende el “amparo legal por fuera del contrato de trabajo”.

En la misma línea, alertó lo “excesivo” de cargar con la responsabilidad del empleador en relación con los trayectos entre el domicilio y el trabajo.

Loustaunau opinó que si bien “es cierto que puede entenderse como demasiado abarcativo”, ese punto debería leerse dentro del concepto de “tiempo in itinere” contemplado en la Ley 16.074 de accidentes de trabajo. Esto es el lapso en el que los trabajadores se desplazan desde su casa hasta el lugar de trabajo y de regreso, en un medio de transporte provisto por la empresa.

En otro caso, si un empleado sufre acoso o violencia, por ejemplo, en un medio de transporte público, pero por parte de un compañero de trabajo, “eso el empleador no lo puede permitir, porque debe velar por la salud y seguridad de su trabajador”, agregó el jerarca.

Para Acuña, el convenio refiere solo a la violencia contra los individuos, por lo que deja afuera la acciones que puedan ejercerse sobre la empresa (persona jurídica) o los bienes.

Destacó que la norma de la OIT viene acompañada de una “recomendación”, que en su opinión es más confusa, y establece más obligaciones y cargas para el empleador. Entre ellas, señaló, se enumeran medidas que el Estado deberá instrumentar y los empleadores cumplir, para mitigar los efectos de la violencia doméstica como la “protección contra despido, licencias especiales, trabajo flexible”.

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