Investigación y grupos de interés

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Nº1980 - al de Agosto de 2018
por Rodrigo Arim

Un problema recurrente en las economías modernas es la conjunción de situaciones donde existe información asimétrica —una de las partes comprometida en una transacción o acuerdo cuenta con ventajas sustantivas de información— y poder económico. Grandes compañías cuentan con recursos financieros cuantiosos, que en muchos casos les brindan una musculatura formidable para lidiar con los aparatos estatales responsables de regular los mercados, otorgar autorizaciones o velar por la afectación sobre el medioambiente de decisiones de inversión o localización de actividades económicas.

George Akerlof y Robert Shiller, ambos ganadores en distintos momentos del premio Nobel en Economía (1), recogen en un reciente libro varios ejemplos donde poder económico y asimetría de la información son utilizados como palancas para inducir a la población a tomar decisiones que resultan inconsistentes con su bienestar, explotando los límites de la propia racionalidad de los consumidores.

En 1999 Merck, un gigante farmacéutico, lanzó un nuevo medicamento para paliar la artritis. Tratada hasta esa fecha con antinf­lamatorios no esteroideos (ibuprofeno, aspirinas, etc.) que proveían alivio transitorio, contaba con efectos adversos no despreciables, en especial vinculados a problemas estomacales. Merck desarrolló un medicamento alternativo, denominado Vioxx, cuyos principios activos evitarían esos efectos secundarios. Sin embargo, antes de que el medicamento pudiera ser comercializado debía pasar por los rigurosos criterios de validación impuestos por la Food and Drug Administration (FDA) de Estados Unidos, agencia estatal responsable de la habilitación de medicamentos para la comercialización general, habilitación que obtuvo en primera instancia, pero con la solicitud de desarrollar simultáneamente pruebas más rigurosas sobre sus efectos.

Merck, como es habitual en la industria farmacéutica, desarrolló su estrategia de despliegue cuidadosamente. Para ello, debía actuar sobre el cuerpo médico, intermediario directo entre el medicamento y el consumidor. La validación ante los profesionales de la salud proviene de un camino conocido: las publicaciones en revistas científicas arbitradas y de calidad. Las compañías farmacéuticas financian la ejecución de los experimentos aleatorizados requeridos para comprobar la efectividad de la nueva droga y la ausencia de efectos secundarios no deseados. Es también habitual que financien el trabajo de los investigadores, que finalmente se expresa en resultados publicables en espacios académicos. Muchas veces, seleccionan cuidadosamente los equipos de investigación, ponderando su influencia relativa en el medio académico. Hay registros de la provisión de soporte editorial, para acelerar los tiempos de producción de los artículos y, por lo tanto, acortar los plazos para ampliar la comercialización.

En el caso de VIoxx, los resultados de la evaluación mostraron que la droga lograba aliviar los síntomas de la artritis sin las consecuencias nocivas sobre el aparato digestivo. En particular, eliminaba las complicaciones gastrointestinales serias. La compañía comenzó a comercializar su producto rápidamente, con cuantiosas ganancias extraordinarias. Sin embargo, había otro resultado que se insinuaba en los experimentos de evaluación, pero que no fue considerado relevante por parte de los evaluadores. Un incremento de accidentes cardiovasculares entre las personas tratadas con respecto a quienes, con idéntica patología, no lo eran. Ese indicio, se transformó en certeza cuando la difusión del medicamento permitió que otros equipos de investigación, no financiados por la compañía, identificaron un incremento de la mortalidad por razones cardíacas asociado al uso frecuente de Vioxx. La FDA, que había expresado dudas en la habilitación del medicamento, tomó medidas que obligaron a discontinuar su producción y comercialización. Sin embargo, en el contexto de normas e instituciones fuertes, una compañía logró desplegar todo su poder para introducir a gran escala una droga cuyos efectos nocivos se dejaban traslucir en los resultados de las primeras evaluaciones.

Merck y su medicamento Vioxx son casos extremos, donde la ausencia de incentivos para realizar evaluaciones independientes —la empresa financió el experimento, los equipos de investigación, la propia publicación— lleva a resultados socialmente inaceptables.

Sin embargo, la presencia de incentivos complejos es reconocida en la comunidad académica en general. Una muestra de ello es que una fracción mayor de los artículos que son esponsorizados por compañías farmacéuticas hallan resultados favorables para los nuevos medicamentos con respecto a artículos con otras fuentes de financiamiento pero idéntico objeto de investigación.

Contraponer el poder de mercado como palanca de la investigación con el valor social de investigaciones independientes no es una trivialidad y ha llevado a serias reflexiones sobre la necesidad de sostener la autonomía de los cuerpos académicos como proveedores de un conocimiento pertinente y apropiado para el bienestar social. En un Uruguay donde las normas e instituciones que regulan el uso de recursos naturales están en desarrollo, deberían incorporarse algunos antídotos contra el riesgo de la captura del conocimiento por grupos de interés.

Solo para poner dos ejemplos. En primer lugar, en las evaluaciones de impacto requeridas como insumo para habilitar inversiones de cuantía, la independencia de los grupos evaluadores no es protegida si el agente contratante es la empresa interesada. Separar financiación de la evaluación, que debe recaer en el solicitante, de elección de los evaluadores parece un diseño más acorde con los objetivos. En segundo lugar, el acceso amplio y sin restricciones de los investigadores a información sobre el estado y uso de los recursos naturales evita que agentes públicos o privados, con intereses en presentar u ocultar resultados logren cercenar el espectro de investigaciones viables para el país. La existencia de protocolos no puede ser un mecanismo de inhibición de la investigación, sino a riesgo de limitar la pluralidad de enfoques y el espectro de estudios.

(1) Akerlof, G. y Shiller, R (2015). Phishing for Phools. The economics of manipulation and deception. Princeton University Press.

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