Justicia divina

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Nº1977 - al de Julio de 2018
por Pau Delgado Iglesias

El pasado 18 de junio, María y su hija de 6 años viajaron a España luego de que la Suprema Corte de Justicia decidiera la restitución de la menor. La historia es conocida y ha sido ampliamente comentada en los medios: ambas habían llegado a Uruguay en abril de 2016, y desde entonces se quedaron viviendo aquí con la familia materna de la niña. Pablo, el padre de la menor, inició desde España tres juicios: una denuncia penal contra María por “secuestro” de la niña, una demanda en un juzgado de Familia reclamando la tenencia, y una denuncia solicitando la restitución internacional de la niña a España. Desde entonces, María y su hija han recorrido un camino de más de dos años de fallos y apelaciones.

La denuncia penal por “secuestro” fue rápidamente sobreseída (suspendida por falta de causas): el juzgado penal en Uruguay entendió que no había mérito y, comunicada la solicitud de clausura por parte de Uruguay, el juzgado español dispuso enseguida el sobreseimiento. Luego de practicar pericias a ambas (psicológica y social, y psiquiátrica a la madre), se confirmó que la niña era víctima de violencia por parte de su padre en España. La perito psicóloga forense afirmó en su diagnóstico de agosto de 2016 que “la niña ha sido espectadora de situaciones de violencia doméstica y protagonista de conductas inadecuadas y violentas por parte de su padre. Queda de manifiesto en esta instancia pericial que le teme y no confía en él”, por lo que considera conveniente que María y su hija residan en Uruguay, para tomar “distancia a la situación disfuncional y agresiva vivida”.

En la pericia social también se sugiere que la niña “permanezca en Uruguay junto a su madre”, ya que presenta “signos y síntomas que indican que es altamente probable que haya sido víctima de abuso sexual por parte de su padre”. A pesar de todo esto, la Justicia uruguaya decidió la restitución de la niña, y reafirmó su decisión luego de largos procesos de apelaciones.

Ante un caso con estas características, muchas organizaciones feministas de Uruguay se unieron en defensa de la niña, y en contra de su restitución a España. Algo más que entendible, ya que este es un claro ejemplo del tipo de situaciones por las que las feministas han luchado siempre (recordemos que lograr que la “violencia de género” haya sido reconocida como tal, ha sido el resultado de largos años de lucha de los movimientos feministas y de mujeres, y que hasta hace algunas décadas, el maltrato infantil o el maltrato a la “esposa” no eran percibidos culturalmente como un problema social).

Sin embargo, muchos hombres, y también algunas mujeres, se enfurecieron con la actitud de estas organizaciones y, apegándose a la decisión de la Justicia como a una decisión “divina”, no dudaron en tildar de “fascistas” y “feminazis” a quienes presionaron para que la niña no fuera restituida. El problema es que la realidad es más compleja que un simple enfrentamiento de bandos, y de quién presiona a quién, o quién hace cuál lobby. Hay una persona de seis años en juego, absolutamente vulnerable, cuya situación no pareció haber sido suficiente para pararse a reflexionar.

Como escribía la teórica inglesa Carol Pateman en 1990, “el feminismo le presenta hoy a la democracia su desafío más importante y su crítica más amplia”. Es precisamente por esto que cuestionar una sentencia judicial es lo más razonable para quienes, por ejemplo, tuvieron que luchar por décadas para que se les permitiera el voto. “A las feministas se nos dice que no debemos sentirnos ofendidas por el uso de un leguaje masculino, ya que en realidad ‘hombre’ significa ‘ser humano’, y eso a pesar de que ya en 1867, cuando se usó ese argumento para respaldar la primera ley del sufragio para las mujeres en Gran Bretaña, se rechazó enfáticamente que el término ‘hombre’ (que hacía referencia al jefe del hogar) fuera un genérico que incluyera a las mujeres”, recuerda Pateman.

Parece que sigue sin entenderse que la manera en la que concebimos la Justicia es un mero reflejo de la sociedad en la que vivimos. Justamente por eso se trata de aspectos dinámicos que exigen siempre ser actualizados. Afirmar que el hecho de que la niña haya sufrido violencia por parte del padre “no incide jurídicamente sobre el fondo de la restitución”, habla de una manera bastante arcaica de entender a la Justicia. La necesidad de poner al niño o niña en el centro de las decisiones es algo que está comenzando a entenderse y a aplicarse desde hace muy poco. En mayo de este año, por ejemplo, el Tribunal de Familia de 2º turno revocó un fallo que ordenaba la restitución de dos niñas a Madrid, en un caso muy similar al de María y su hija, basándose en la opinión de las niñas para su decisión. Parece entonces que las decisiones que determinan el futuro de estas niñas dependen menos de una aplicación rígida de la ley y más de cómo se la interpreta. Y de quién integre el tribunal que deba tomar la decisión.

Lo cierto es que María y su hija están desde hace algo más de 20 días en España: a los cinco días de llegar ya tuvo lugar la primera audiencia, que María vivió como algo “liberador”. Asegura que por primera vez en dos años y medio le preguntaron “¿qué le pasó a tu hija?”, y siente que fue escuchada. Luego vendrán nuevamente las pericias a la niña y a ella y, por primera vez, también al padre (algo que habían pedido en varias oportunidades y hasta ahora siempre había sido denegado). Ahora solo resta esperar, una vez más, lo que la Justicia decida para el futuro de una niña.

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