Tabaré Vázquez. Foto: Nicolás Celaya /adhocFOTOS

Vázquez decidió no recibirlos porque ve una “motivación política”

La deuda de Venezuela enfrenta al gobierno con productores lecheros

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Nº2025 - al de Junio de 2019

Luego de discutirlo con sus ministros, el presidente Tabaré Vázquez decidió en principio no recibir a una delegación de empresarios lecheros que reclaman por el cobro de la deuda comercial que el Estado venezolano mantiene con su sector.

Vázquez planteó la cuestión en el Consejo de Ministros del lunes 17. Le adelantó a los jerarcas que tenía la decisión de no aceptar la solicitud de entrevista que le realizaron los representantes del sector lechero por entender que por detrás hay una “motivación política”, pero que pretendía escuchar sus opiniones al respecto. Según relataron a Búsqueda fuentes oficiales, en la discusión quedaron expuestas posiciones divididas, con la vicepresidenta Lucía Topolansky y el ministro de Defensa, José Bayardi, a favor de que se reuniera con los tamberos. Pero los demás secretarios de Estado reafirmaron la idea inicial de Vázquez de no recibir a la delegación empresarial, agregaron los informantes.

Notas y litigio

Ante el “agravamiento de la crisis” de la lechería, el miércoles 12 una decena de gremiales de productores lecheros de diferentes departamentos —como Florida, San José, Canelones, Rocha y Maldonado—  se declararon en “máxima alerta” y solicitaron con “carácter grave y urgente” una reunión con el mandatario para instrumentar las medidas que habían acordado el 30 de enero en un encuentro mantenido con Vázquez en la residencia de Suárez y Reyes. Resolvieron “exigir que en forma inmediata el gobierno asuma la responsabilidad del cobro de la deuda que Venezuela tiene con Conaprole, originada en el marco del acuerdo entre ambos países”. Además, reclamaron a la industria una suba en el precio que reciben los productores por la leche.

Varios de esos planteos habían sido definidos en una asamblea de tamberos efectuada en diciembre en la localidad de Capurro, en San José. Los asambleístas mandataron al directorio de Conaprole a que “en el más breve plazo posible inicie acciones judiciales” para hacer efectivo el pago de la deuda venezolana, que hoy asciende a US$ 30 millones.

El titular de la Asociación Nacional de Productores de Leche, Walter Frisch, dijo que a partir del 1° de julio los productores van a iniciar “acciones legales, junto con Conaprole”, para cobrar la deuda de Venezuela.

El miércoles 12, el grupo de gremiales lecheras remitió el pedido de audiencia a Vázquez. Y cuando lo que esperaban era una respuesta a ese planteo, la Presidencia envió el martes 18 una nota a esas asociaciones de productores preguntando si alguna tiene el propósito de litigar contra el Estado, informaron las fuentes de Búsqueda. Esa misiva es concisa y está firmada por el secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma. Las agremiaciones de tamberos respondieron diciendo que eso no estaba decidido y que lo único concreto fue el mandato de la asamblea de Capurro respecto a litigar contra el Estado, pero que tal acción “todavía no se está llevando a cabo”, contó a Búsqueda un dirigente gremial.

Mientras, el titular de la Asociación Nacional de Productores de Leche, Walter Frisch, dijo que a partir del 1° de julio los productores van a iniciar “acciones legales, junto con Conaprole”, para cobrar la deuda de Venezuela, publicó el miércoles 19 El País. Ese mismo día en radio Carve, el presidente de esa cooperativa, Álvaro Ambrois, se distanció de esa postura al declarar: “Nos hemos manejado con una estrategia, que es la responsable y la forma de lograr de hacernos de ese dinero, que es negociando, conversando, buscando ese vínculo comercial y, en cierta medida, apoyándonos también en la Cancillería”. Agregó que esa “ha sido la estrategia y lo va a seguir siendo. Lo que está claro es que la parte judicial, legal y demás es siempre la última instancia y es la que no queremos transitar”.

Ambrois recordó que del total adeudado por el Estado venezolano, Conaprole cobró US$ 27 millones en noviembre de 2016 y US$ 8 millones en enero de 2019. No obstante, al ser consultado sobre las medidas judiciales, ese ejecutivo admitió que no descartan nada.

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