Sede de la Fiscalía General de la Nación en Montevideo. Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS

La Operación Océano brindó una inusual cantidad de pruebas y motivó a otras víctimas a dar información

La Fiscalía y la Policía preparan nuevas investigaciones para atacar un extendido “mercado sexual” de menores

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Nº2074 - al de Junio de 2020
escribe Victoria Fernández

La explotación sexual de menores no es un fenómeno nuevo. Pero la cantidad de hombres detenidos y su alto estatus social —empresarios, políticos, un exjuez, docentes y otros profesionales de distintos rubros— hizo que la Operación Océano tuviera un gran impacto en la opinión pública.

El miércoles 3 fueron formalizadas tres personas más por estar involucradas en la explotación o la retribución a menores a cambio de sexo o actos eróticos. Con ellas la cifra de imputados llegó a 18. El caso, que generó una gran atención mediática y manifestaciones de repudio de organizaciones feministas, dejó al descubierto un “mercado sexual” de menores “muy extendido” y en el que pocas veces los clientes son llevados ante la Justicia, según valoraron especialistas y operadores de la Policía y la Fiscalía consultados por Búsqueda.

Sin embargo, el impacto de la Operación Océano puede seguir creciendo. Es que, si bien fuentes del caso dijeron a Búsqueda que este primer operativo, que involucra a casi 30 personas, está cerca de finalizar —en su etapa de arrestos y formalizaciones—, la Policía y la Fiscalía ya están trabajando en nuevas investigaciones que surgieron de la evidencia recolectada en los celulares y las computadoras incautadas.

El impacto de la Operación Océano puede seguir creciendo. La Policía y la Fiscalía ya están trabajando en nuevas investigaciones que surgieron de la evidencia recolectada en los celulares y las computadoras incautadas.

“Esto no se está terminando”, dijo una de las fuentes. “Son muchas las ramificaciones, las investigaciones siguen”. Las conversaciones y la información sobre los sitios web y las aplicaciones utilizadas que se encontraron en los teléfonos de los imputados y las víctimas están siendo analizadas por unidades especializadas de la Policía. Los investigadores aguardan esas pericias para determinar cómo continuarán las pesquisas, pero ya tienen indicios de que contienen información relevante para seguir desentrañando el funcionamiento y el alcance de este mercado ilegal. Eso es porque, según explicaron las fuentes de la investigación, lo atípico de este caso es la cantidad “inusual” de evidencia que quedó registrada en los teléfonos y computadoras, algo que en general es difícil de hallar, ya que los hombres se preocupan por no dejar rastros o “huellas” virtuales.

Pese a que el intercambio de dinero por sexo con menores de edad “pasa todo el tiempo”, rara vez es posible probar quiénes son los “clientes”, señaló uno de los consultados. Por eso este operativo logró un gran número de detenciones y la Policía cree que será clave para detectar a más involucrados.

Por otra parte, la gran difusión que tuvo el caso motivó a otras víctimas a dar información al Instituto del Niño y el Adolescente (INAU) y a la Policía. Una fuente dijo que en las últimas semanas aumentaron las llamadas tanto al INAU como a dependencias policiales para aportar datos, no solo de víctimas sino de personas que conocen casos. También incidió el mensaje que el operativo envió a las jóvenes explotadas de que “serán escuchadas y que se les va a creer y proteger si se acercan a la Justicia”, destacó una fuente.

Sede del INAU. Foto: Javier Calvelo/ adhocFOTOS

“No es un caso aislado”

“Está la visión, socialmente, de que como son unas putitas no tienen derechos”. Así lo resumió la fiscal que lleva adelante la Operación Océano, Darviña Viera, al ser entrevistada por el programa La tarde en casa, de Canal 10, días atrás. “Las vemos en la esquina pero no hacemos nada”.

La vulnerabilidad socioeconómica de las jóvenes, que acuden a estos intercambios generalmente para obtener dinero de forma rápida, y la complicidad de una sociedad que “naturaliza” esas prácticas masculinas hacen de este fenómeno algo extendido pero poco perseguido. El perfil de los detenidos en la operación demostró, además, que los “clientes explotadores están en todos lados”, dijo Andrea Tuana, de la ONG El Paso, que trabaja con niñas y mujeres víctimas de explotación y trata. “Es algo muy extendido, desde hace muchísimos años. Es parte de un mercado sexual, no es un caso aislado”, agregó.

“El mundo masculino naturaliza estas prácticas, comprar el cuerpo de otro más vulnerable”, sostuvo Luis Purtscher, presidente del Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia (Conapees). “Es un tema que permanece invisibilizado culturalmente, no existe una condena social. Más allá de la indignación cuando aparece un caso, que dura lo que dura la noticia”, opinó.

“Por eso insistimos en tomar conciencia de que es un problema con el que vivimos desde hace muchos años y sucede ahora a lo largo del país”, agregó. Según los datos de Conapees, en 2019 había al menos 240 menores de edad víctimas de explotación sexual.

La vulnerabilidad socioeconómica de las jóvenes, que acuden a estos intercambios generalmente para obtener dinero de forma rápida, y la complicidad de una sociedad que “naturaliza” esas prácticas masculinas hacen de este fenómeno algo extendido pero poco perseguido.

Para la directora del Instituto Nacional de Mujeres (Inmujeres), Mónica Bottero, los hombres imputados “dejaron todos los rastros porque tenían una sensación de impunidad, de que no les iba a pasar nada. Piensan que nadie les va a dar corte a esas chiquilinas”. Pero “en la medida en que vayan pasando estas cosas, más víctimas se van a animar a hablar”.

Además, Bottero destacó la señal que con este operativo se envió a los hombres que acuden a menores de edad para tener sexo a cambio de dinero: “Está bueno que se asusten un poco. El peor castigo ha sido el ser escrachado públicamente. Y creo que eso va a operar como un disuasorio”.

En ese sentido, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, dijo que el mensaje de la Fiscalía en este caso “es claro: acá no importa quién sos”.

Que el perfil de los involucrados en el operativo Océano sea similar —profesionales, con buena posición económica y en general con una gran diferencia de edad con las víctimas— “no es casualidad”, explicó una fuente del caso. Es que si bien la investigación no mostró indicios de que exista una “red de explotación” organizada detrás, los investigadores sí consideran que entre los clientes hay un “funcionamiento de red”. Porque se intercambian información sobre sitios donde encontrarse con las jóvenes, contactos, palabras claves en grupos de WhatsApp y de Instagram, fiestas. “Hay una conexión entre ellos, y lo que muestra esto es que sí funcionan como red, aunque es más sutil”.

Por otra parte, las fuentes explicaron que los hombres que tienen poder económico y acuden a menores de edad suelen pretender un vínculo que se parezca más a un “amorío” que a la prostitución. Es decir, buscan a jóvenes de contextos vulnerables, a las que pueden “ayudar económicamente”. Mantienen en general una suerte de “doble vida”; su vida profesional y familiar por un lado, y sus vínculos con las jóvenes a las que mantienen y con las que concurren a fiestas. “Es el concepto del sugar daddy”, graficó una fuente. Un término que se popularizó en Estados Unidos para nombrar a los hombres mayores, con dinero, que pagan diversos lujos a sus novias o amantes.

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