La impunidad del viejo verde

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Nº2072 - al de Mayo de 2020
por Pau Delgado Iglesias

El exjuez penal de menores indagado por la Justicia probablemente añore los tiempos en que un viejo verde era solo un viejo verde, y no un explotador sexual de menores. “Soy lo que antes se llamaba un viejo verde”, le escribe por mensaje de texto a una de las víctimas, según informó Subrayado. Es, de hecho, recién a partir del año 2004 que este delito se tipifica como tal, con la sanción de la Ley 17.815 sobre Violencia Sexual Comercial o no Comercial Cometida contra Niños, Adolescentes o Incapaces. Esta ley tipifica por primera vez los delitos comprendidos en el concepto de explotación sexual comercial, que abarcan pornografía, prostitución y trata. Antes de dicha ley, la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes no existía como delito, siendo los actos de este tipo punibles como “atentado violento al pudor”, “corrupción de menores” o “violación”.

Cinco hombres fueron formalizados la semana pasada por delitos reiterados de retribución o promesa de retribución a una adolescente a cambio de actos sexuales, y algunos también por reiterados delitos de suministro de estupefacientes. Esta semana, seis hombres más fueron formalizados por delitos similares: todos hombres blancos y de clase media y media alta, algunos empresarios, muchos con cargos públicos, vinculados a la política y la docencia. Aunque su culpabilidad se definirá recién mediante la sentencia de condena que surja luego del juicio, el hecho de que hayan sido formalizados implica que de la investigación de la Fiscalía surgen “elementos objetivos de que ha ocurrido un delito (hecho con apariencia delictiva)” y de que los imputados serían los autores. Según comunicó la prensa, se está indagando a otra veintena de hombres que estarían involucrados con esta red de explotación sexual a adolescentes.

La explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes (ESCNNA) representa una de las mayores violencias a las que muchos y muchas menores de edad están expuestos cotidianamente, en particular, los que pertenecen a contextos socioeconómicos más vulnerables. Pero aunque esta es una realidad que ha estado presente desde siempre en nuestro país, solo muy recientemente ha comenzado a recibir atención por parte de las ciencias sociales y las políticas públicas. El silencio y la invisibilidad en torno a la ESCNNA habla de una sociedad y un sistema político que son de algún modo cómplices del fenómeno. Demuestra que si bien el colectivo social reconoce los derechos de la infancia y adolescencia, en la práctica no los reclama e incluso muchas veces los cuestiona en su aplicación. En muchos casos se sigue pensando que son “las adolescentes” quienes provocan a los hombres explotadores, los que resultan ser las “víctimas” de la situación. Los sistemas de justicia siguen sin responder adecuadamente a la realidad de la problemática y con la urgencia necesaria. Probablemente no sea casualidad que muchos de esos hombres que “imparten justicia” y “enseñan derecho” son quienes históricamente han explotado cuerpos adolescentes, en su mayoría cuerpos de mujeres. Porque así ha funcionado siempre la dominación masculina. Como explica la antropóloga Susana Rostagnol (2011): “En esta relación de profunda asimetría, los cuerpos de las mujeres y de las muy jóvenes en especial, están a disposición de los varones para satisfacer sus deseos sexuales”. En las situaciones de ESCNNA estas asimetrías de estatus y poder quedan en evidencia: mientras que la persona subordinada desaparece como sujeto de derecho, convirtiéndose únicamente en un “actor sexual”, el explotador es en la inmensa mayoría de los casos, un varón adulto en ejercicio del poder que le otorga su masculinidad hegemónica.

Esta situación intrínseca de profundas asimetrías de poder hace por lo general muy difícil que una víctima llegue a denunciar (en esto se amparan también sus explotadores). Es por esto que la correcta contención a las víctimas y las garantías absolutas de protección por parte de la Justicia resultan fundamentales. Sin embargo, la fiscal del caso, Darviña Viera, no consideró necesario solicitar medidas cautelares de prisión preventiva, ni prisión domiciliaria. Solo se solicitó a los hombres “no acercarse a las víctimas”. Cuesta pensar un caso de rapiña en la que a la persona sospechosa no se la detenga preventivamente y simplemente se le solicite “no acercarse a la persona rapiñada”. Sin embargo, la sociedad mantiene silencio, las organizaciones no reclaman otras medidas. Hasta ahora tan solo el Sindicato Único de Trabajadores del INAU (Suinau) manifestó públicamente el riesgo que implica que estos hombres no tengan prisión preventiva, por tratarse de personas que tienen “recursos económicos y vinculaciones suficientes que les permitirían fácilmente escapar del país y eludir sus responsabilidades penales”. Pero el riesgo no es solo la fuga, también hay riesgo de entorpecimiento de investigación, o de amenaza a las víctimas. Se trata de delitos muy graves como para dar señales tan laxas. Cabe preguntarse qué garantías tienen las víctimas en este proceso tan delicado, y si cuentan con la defensa que les corresponde según el nuevo Código del Proceso Penal.

La trama es sin dudas muy compleja, y, según divulgó la prensa, “el caso comenzó a investigarse en marzo, a partir de denuncias cruzadas entre dos menores de edad y un hombre adulto”. Una de esas menores apareció muerta en marzo en el arroyo Solís Chico. La investigación parece estar señalando a personas muy poderosas involucradas en una gran red. De las garantías de esta investigación depende entonces que todos los “viejos verdes” de este país dejen de ser de una vez y para siempre eternos impunes.

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