Mejor el silencio

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Nº2074 - al de Junio de 2020
La columna de Andrés Danza 

Cuesta a veces darse cuenta de la gravedad de lo que ocurre a nuestro alrededor. Se van sumando uno tras otro los hechos como si fueran relámpagos y rayos y seguimos a la intemperie, sin siquiera imaginar que necesitamos un refugio para la tormenta que es inexorable. Comentamos con asombro y a veces indignación el ruido cada vez más ensordecedor de los truenos, pero olvidamos que lo que anuncian es mucho peor todavía.

Hace meses, por no decir años, que en Uruguay pasan cosas muy complicadas, dignas de preocuparse en serio, en relación con el narcotráfico y la delincuencia que origina. Las realidades de Colombia primero y de México después ya no solo llegan a través de series de Netflix, sino que algunas de sus escenas más violentas comenzaron a tener lugar a muy pocos kilómetros o metros de nuestras casas.

Puede parecer exagerado, y por ahora lo es, pero así iniciaron su periplo esos países. No faltarán los que dicen que aquí hay instituciones mucho más sólidas, un sistema político más maduro y menos corrupción. Todos son argumentos de peso y cada uno de ellos merece un aplauso, pero no otorgan inmunidad. Creerse lo contrario es correr hacia el abismo, y así parece suceder.

Primero fueron las guerras entre bandas pequeñas de narcotraficantes las que ocuparon la portada de todos los noticieros. Después llegaron las amenazas a ministros, jueces y fiscales y los robos de armas a policías. También la constatación de que importantes narcotraficantes se habían instalado en Uruguay y que algunos de ellos operaban desde aquí. Hasta planificaron el asesinato —fallido— del ex director nacional de Política, Julio Guarteche, según cuenta el periodista Gabriel Pereyra en el libro Matar al mormón. Cada uno de esos casos provocó revuelo mediático, pero a los pocos días todo quedó en el olvido.

Entonces aparecieron las incautaciones de miles de quilos de cocaína el año pasado, con solo tres empresarios procesados. Muchos las interpretaron como un triunfo del Estado sobre los narcotraficantes en lugar de pensar que eran la evidencia más grande de que Uruguay ya había empezado a jugar en las grandes ligas del tráfico de drogas y que eso produciría más violencia y delincuencia.

Luego, con el nuevo gobierno recién asumido, volvieron las amenazas a ministros y fiscales y las balaceras en los barrios humildes. Pero los más pesados, los que quieren dejar en claro sus intenciones, resolvieron ir un paso más allá. Primero realizaron un atentado con una granada ante la Brigada Antidrogas, al mejor estilo de los comandados por Pablo Escobar hace tres décadas. Después un exmilitar vinculado al mundo de las drogas y al tráfico de armas ejecutó a tres marinos jóvenes que estaban de guardia en una dependencia de la Armada.

Pueden parecer hechos desconectados, pero en ambos la agresión es directamente contra el Estado y sus instituciones. Son símbolos de una fase superior de los delincuentes en su arremetida por lograr una mayor impunidad para sus negocios. Quieren dejar claro que no le temen a nada y que están dispuestos a todo.

Los que están a cargo del gobierno ahora y los que lo estuvieron en el pasado lo saben. Manejan informes reservados que así lo constatan. No se han referido demasiado al tema en público porque no corresponde. En estos casos es necesario actuar y mantenerse en silencio tanto como sea posible.

El problema está en los que no tienen la responsabilidad de gobernar, pero se creen guerreros de uno de los dos bandos en los que parece estar dividido el país. Era fácil detectarlos estos últimos días en los discursos públicos y en las redes sociales. Políticos, pero también empresarios, sindicalistas, académicos, periodistas o simples opinadores profesionales, de esos que sobran en Uruguay.

Así fue que el mismo día del asesinato de los marinos en el Cerro salieron presurosos a dar sus endebles puntos de vista. Estuvieron los que trataron de culpar al actual gobierno o a una conspiración internacional de la derecha militarista, o los que recordaron lo hecho por los tupamaros hace más de 40 años, o los que optaron por el camino de la “herencia maldita”, o los que se indignaron, pero recurriendo a consignas asociadas a la dictadura militar, o los que manifestaron su pesar aprovechando para colar alguna línea ideológica fuera de contexto.

Este es el problema cuando algunos se sienten en la obligación de dar públicamente su punto de vista solo por figurar, por más que pueda ser una obviedad o una estupidez. Ni siquiera conocían los detalles del triple homicidio y las redes sociales ya desbordaban con especulaciones, teorías conspirativas y lugares comunes que poco aportan a la eventual solución del problema de fondo.

Uruguay es un país que valora demasiado poco el silencio. En especial cuando ocurren hechos graves o relevantes difundidos de forma masiva. Ocurre en el Parlamento —donde todos los legisladores quieren hablar cuando se debaten las leyes importantes por más que repitan 100 veces los mismos argumentos— hasta en la discusión entre familiares o amigos o en las redes sociales, donde son muy pocos los que callan cuando no tienen nada interesante para decir.

Este no es un momento para hablar. La situación ya resulta suficientemente complicada como para hacer silencio, aunque sea por un tiempo, y dejar que actúen los que tienen que actuar. Es muy importante que puedan ser exitosos, y para eso no ayudan los gritos sin sentido.

Porque el narcotráfico y la delincuencia asociada matan muchísimas más personas que el coronavirus. Crecen en los países en los que hay exceso de ruido sin fundamento, una cantidad de retrasos y debates innecesarios, corrupción, pobreza, exclusión y un sistema político partido, que hace que las instituciones sean más débiles. Y, una vez que se instalaron, no hay vacuna posible. La única sería legalizar todas las drogas, pero esto suena a utopía. Por eso más vale callar, por el momento, que tener que hacerlo para siempre.

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