Ricardo Gil cree que la preocupación de los políticos por la corrupción quedó en meras “declaraciones” bien intencionadas, que no se reflejaron en “resultados”

Para el presidente de la Jutep, la situación en torno a la AUF muestra que es necesario crear el delito de “corrupción privada”

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Nº1981 - al de Agosto de 2018
Ricardo GIl. Foto: Presidencia

Por segunda vez en pocos años a los juzgados uruguayos llegan denuncias de presuntas irregularidades cometidas por autoridades del fútbol local. Mientras que a fines del 2013 las acusaciones apuntaban a un delito de estafa y lavado de activos cometido, entre otros, por Eugenio Figueredo, ahora un fiscal debe analizar si hubo conductas que merezcan un castigo penal en los hechos que derivaron en la renuncia del presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) Wilmar Valdez.

Para el presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), Ricardo Gil, estos episodios exponen problemas que las autoridades deben corregir lo más pronto posible: la falta de legislación específica para penar la “corrupción privada” y la ausencia de controles en el fútbol, un área considerada “de riesgo” por los organismos que combaten el lavado de activos.     

Uruguay se comprometió en acuerdos internacionales, como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (2003), a legislar con relación a actos de corrupción privada. Su artículo 12 establece que cada Estado adoptará medidas para prevenir la corrupción y mejorar las normas contables y de auditoría en el sector privado. Gil dijo a Búsqueda que situaciones de “la realidad” como la imprevista renuncia de Valdez reflejan la necesidad de instrumentar esa medida.

 “Creo que en la situación actual en el fútbol, si hubiera alguna práctica irregular —como se ha planteado— por el cobro de comisiones indebidas, el delito para abarcar eso está confuso”, señaló el presidente de la denominada Junta Anticorrupción. “Puede ser apropiación indebida, puede ser estafa. Pero lo claro es que hay en la actividad privada algunos comportamientos, como puede ser también el de un jefe de compras que siempre le compra al mismo porque se lleva una comisión, que aconsejan legislar específicamente sobre esos puntos”.

 “Creo que en la situación actual en el fútbol, si hubiera alguna práctica irregular —como se ha planteado— por el cobro de comisiones indebidas, el delito para abarcar eso está confuso”.

“Nosotros lo hemos planteado después de que la junta se integró a la Comisión Coordinadora Antilavado. Participamos en la discusión de la estrategia para los próximos años y uno de los objetivos definidos es legislar en esta materia; pero bueno, una cosa es escribir en el papel y otra es que se concrete. La realidad está mostrando que hay que mejorar las herramientas legales para castigar este tipo de comportamiento”, sostuvo.

De acuerdo con el jerarca, pese a tratarse de problemas entre privados “el Estado tiene que meterse para defender a los ciudadanos”, pues las irregularidades pueden determinar que terceros sean afectados “por comportamientos tramposos, mentirosos o delictivos de otros”. 

El fútbol, en especial, es definido como “una zona de riesgo” por el Grupo de Acción Financiera contra el blanqueo de capitales (GAFI), lo que requiere que se atienda con mayor urgencia.

“El ciudadano ve todo esto y obviamente le generan dudas, broncas y aporta al escepticismo general”, añadió Gil. El jerarca, que trabajó en el área de combate al lavado de activos durante muchos años, puso como otro ejemplo el caso de Figueredo, expresidente de la AUF procesado en 2015 por su rol en el FIFAgate. “Ya tenemos situaciones en las que hay que hacer vericuetos en la normativa penal para encontrar qué delito castiga ciertos comportamientos, como pasó en el tema de FIFA. Figueredo fue procesado por el delito de estafa y no suena que lo que haya cometido fuera una estafa, para cualquier ciudadano eso fueron coimas. Sin embargo, no tenemos normas que específicamente apunten a eso”.

El Estado no está cumpliendo. 

Gil dijo que existe un proceso mundial, que va a llevar “unos años”, de incorporar obligaciones al sector privado en materia de corrupción, especialmente en Europa. Consideró que Uruguay debe seguir ese camino “a la mayor brevedad”, aunque aclaró que es imprescindible que el Estado cumpla con sus propias obligaciones antes de planteárselas al resto.

Consultado acerca de los plazos que maneja el gobierno para discutir la creación del delito de “corrupción privada”, Gil prefirió no dar fechas. “Los plazos en materia legislativa y penal son fáciles de escribir y difíciles de cumplir”, dijo, y agregó que ya hay un proyecto presentado por el diputado Daniel Peña (Partido de la Gente) que nunca se discutió.

El jerarca aprovechó la pregunta para cuestionar la falta de avances en el Parlamento del proyecto para cambiar el sistema de declaraciones juradas que maneja la Jutep, que está “estancado” en una comisión de Diputados desde hace un año y medio.

El fútbol, en especial, es definido como “una zona de riesgo” por el Grupo de Acción Financiera contra el blanqueo de capitales (GAFI), lo que requiere que se atienda con mayor urgencia.

Interrogado acerca del empuje inicial que había tenido ese proyecto, señalado por los legisladores como un mecanismo para fortalecer la transparencia y el combate a la corrupción, Gil fue pesimista. “Los resultados que hemos visto no han sido muy fuertes que digamos, ¿no? Entonces, si uno no ve resultados, no es optimista”, dijo. Y añadió: “Declaraciones políticas hay muchas, ahora, resultados en estos temas, sobre todo en temas legislativos, nosotros no hemos logrado ninguno”.

Gil no tiene esperanzas de que la situación cambie en el corto plazo. Explicó que en el proyecto de declaraciones juradas se llegó a una versión “muy razonable y muy eficaz, pero ni siquiera salió de comisión al plenario”. Y ahora el Parlamento está enfrascado en la Rendición de Cuentas. “Entonces, el consenso por lo menos se ha diluido bastante. Y el año que viene está la campaña electoral, por lo que el tema va a ser difícil de discutir. Sería un tema de política de Estado que lamentablemente no se ha concretado”. 

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