Persistencia de la brecha

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Nº2028 - al de Julio de 2019
por Fernando Santullo

Este mes se celebra el Mes de la Afrodescendencia en Uruguay, y con esa coartada conversamos en el panel que integro en un programa de televisión. Allí estaban también Colette Spinetti y Denise Mota, quienes por su propia experiencia saben lo suyo sobre discriminaciones y también sobre la necesidad y la justeza de los reconocimientos sociales. Colette es la directora nacional del Colectivo Trans del Uruguay y conoce en carne propia la discriminación (razias incluidas). Denise, por su parte, se define como una “periodista y mujer negra” y su experiencia de vida en su país, Brasil, y en el nuestro, la convierte en testigo en primera persona de cómo operan las discriminaciones no siempre asumidas.

Mas allá de la pregunta que funcionó como disparador (¿hay racismo en Uruguay?) y que creo se contesta sola (Uruguay es más o menos igual de racista que cualquier otro país), fue interesante el intercambio sobre qué se podría hacer desde el Estado y la sociedad para intentar modificar ese statu quo que mantiene a los afrouruguayos en una posición de clara desventaja frente al resto de sus conciudadanos. Especialmente interesante fue la lección sobre el uso de las palabras “negro” y “afrodescendiente” que dio Denise en su primera intervención, recordando que las palabras adquieren todo su sentido dependiendo de los distintos contextos en los que sean usadas. Y que por eso autodenominarse “negro” puede ser una herramienta tan política como “afrodescendiente”, dependiendo del país y el instante.

En determinado momento del intercambio, Colette, que había contado su experiencia en Sudáfrica, pidió disculpas ya que, al ser una persona blanca hablando de los afrouruguayos, podía estar faltándoles el respeto. La charla siguió y creo que fue una buena charla. Pero a mí me quedó picando en la cabeza ese pedido de disculpas y el problema que genera entender el debate político como un debate entre compartimentos estancos en donde los ciudadanos ya no son tales y por tanto no tendrían derecho a decir nada sobre lo que afecta al vecino. Un vecino que ya no se define como tal, sino tan solo por un aspecto de su identidad.

Una identidad que, necesariamente en sociedades complejas como las nuestras, es múltiple. Nadie es solamente su etnia o su preferencia sexual. Nadie es solo hincha de River y su tradición familiar. Nadie es solo su partido político y el tipo de ropa que se pone. Reducir nuestras identidades, únicas, complejas e irrepetibles, a uno de sus aspectos, quizá no sea un problema cuando lo hace un individuo, pero sí puede serlo cuando esa reducción empieza a operar en las políticas públicas. Me explico. Una cosa es reconocer que la historia ha colocado a determinados colectivos en una posición subordinada o de discriminación y que por eso se podría necesitar una batería específica de medidas de reparación. Otra, muy distinta, es creer que la ciudadanía es solo una suma de identidades estancas que no tiene terreno en común y en donde para comentar temas colectivos se debe hacerlo pidiendo disculpas o directamente no comentarlos.

Esta manera de concebir el debate público parece entenderlo como una pugna entre distintos grupos identitarios (que, por definición, no podrían decir nada unos de otros) por los recursos escasos que provee un tercero, el Estado. Y coloca, en ese gesto, al gobierno como juez y gestor externo de lo que esas identidades deben recibir como restitución por las ofensas colectivas pasadas. Restitución que, todo sea dicho, en general no pasa de ser simbólica.

Por el contrario, entiendo que el centro de acción de cualquier gobierno con sensibilidad social debería ser intentar cambiar la dinámica social y económica real que logra que, tras años de declaraciones y reconocimientos (y hasta cuotas de acceso al Estado), la pobreza entre los afrouruguayos siga duplicando la de los no afros. Que pese a ser algo más del 8% de la población no exista un porcentaje más o menos similar de egresados universitarios de ese origen. Que los índices de deserción en la educación media entre los uruguayos afro dupliquen a los no afro. Que la presencia de los afro en los lugares de decisión, tanto de empresas como en el Estado, sea ínfima. Un círculo vicioso que hace que pese a ser uno de los colectivos más “beneficiados” por las políticas públicas (entre comillas, porque esta columna intenta cuestionar que esos beneficios sean siempre tales y que, cuando lo son, se deban a las medidas que se toman “para” el colectivo), los afro uruguayos siguen estando a la cola en casi todos los indicadores relevantes que definen el bienestar.

Es verdad que si se compara con la situación previa, pongamos, 20 años atrás, la situación de los afro en Uruguay ha mejorado. Ahora, es más difícil saber si esto ha sido como resultado de las políticas identitarias llevadas a cabo desde el gobierno (es decir, si han mejorado en tanto afrouruguayos) o como resultado del efecto arrastre de las mejoras de la población uruguaya en general (si lo han hecho en tanto ciudadanos). Si se miran las gráficas de esa evolución, los datos dentro de la comunidad afro evolucionan casi siempre de manera paralela con los de los no afro, sin que se logre reducir de manera significativa la brecha entre ambos en casi ninguno de los vectores relevantes. Es decir, los cambios parecen más resultado de políticas universales (como la universalización de la matricula en primaria) que de las políticas identitarias específicas.

Para Federico Graña, director de Promoción Sociocultural del Mides, la persistencia de esa “brecha que no ha podido eliminarse” se debe a que “la sociedad no reconoce el racismo”. Y aunque eso tiene una parte de verdad (nuestro racismo suele ser solapado) también cabe la posibilidad (y esto debería planteárselo cualquiera que maneje plata pública) de que las herramientas teóricas que laten detrás de las políticas concretas no estén funcionando. Que la batería de ideas que se viene usando no esté dando en el clavo. Dada la lógica fragmentaria que impulsan, las políticas de la identidad no estarían favoreciendo: a) el intercambio necesario para pensar políticas en el mundo real, ni b) la transformación de las “condiciones objetivas” de existencia de los afrodescendientes.

En su punto de llegada, las políticas de la identidad tienden a eliminar el concepto de bien común y el terreno ciudadano, ese donde nos podíamos parar todos para, desde allí, intentar mirar juntos. Es verdad que nos parábamos allí de maneras muy desiguales, pero no parece que tirar ese terreno común a la basura esté sirviendo de mucho. Al contrario, los datos parecen decir que las políticas que efectivamente están haciendo algo por los afrodescendiente, son las de carácter universal. La persistencia de esa brecha socioeconómica quizá nos esté diciendo que conviene mirar en otra dirección y, como ciudadanos todos, intentar imaginar qué hacer para eliminar las discriminaciones materiales que, desde la piel y en la práctica, marcan un camino de desventajas inadmisible en una democracia consolidada como la nuestra.

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