Un dictamen de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial recomienda que los magistrados declaren, antes de asumir el cargo, a qué asociaciones están afiliados

Presidente de la Corte está a favor de que jueces digan si integran la Masonería, porque contribuye a la “transparencia” de la Justicia

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Nº1873 - al de 2016

¿La pertenencia a logias masónicas afecta la independencia de los jueces? Esa fue la interrogante que el Poder Judicial de Paraguay planteó ante la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, un tribunal integrado por magistrados de varios países, entre ellos Uruguay, que evalúa el cumplimiento de los principios éticos en los sistemas de Justicia iberoamericanos.

La Comisión, que divulgó su posición a principios de año, consideró que si bien no hay “incompatibilidad” entre la pertenencia a la Masonería y la función de juez, es conveniente desde el punto de vista ético que los magistrados declaren, antes de asumir el cargo, “a qué asociaciones u organizaciones no judiciales están afiliados”.

Consultado por Búsqueda, el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Ricardo Pérez Manrique, dijo que “comparte la decisión” de la Comisión. “Está en línea con la necesaria transparencia en el funcionamiento del sistema de Justicia”, opinó. Pérez Manrique integra la Comisión en representación de Uruguay. No obstante, en el momento en que se estudió la consulta de Paraguay era el ex ministro de la Corte Daniel Gutiérrez Proto quien la integraba y votó a favor de la recomendación.

La presencia de la Masonería en la Justicia uruguaya es tema de conversación en ámbitos judiciales y políticos. El libro “La Masonería uruguaya. El fin de la discreción” (Sudamericana, 2011), del diputado colorado Fernando Amado, nombra a varios masones que a lo largo de la historia integraron la Suprema Corte. Entre los más recientes están el actual ministro Jorge Chediak (quien lo ha declarado públicamente), y el ex ministro Jorge Ruibal. El libro también menciona a los ministros del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Alfredo Gómez Tedeschi y Juan Tobia, y al ex ministro de Apelaciones Rolando Vomero. El ministro Eduardo Vázquez también ha sido vinculado con la Masonería (Búsqueda Nº 1.832). Desde la asociación de funcionarios judiciales llegaron a asegurar años atrás, que algunas decisiones de la Corte se toman en determinadas corporaciones como “la Masonería” (Búsqueda Nº 1.681).

“Carácter discreto”.

La Comisión analizó el planteo de la Justicia paraguaya sobre si se “ajusta con la ética judicial la pertenencia de integrantes de la judicatura a logias masónicas”.  En su consulta, Paraguay indicó que en el país la Masonería se encuentra “bastante desprestigiada”, y que la población tiene la percepción de que “sus actividades mayormente envuelven un tráfico de influencias”. A eso se suma que “las actividades y reuniones de esta agrupación son secretas”.

La Comisión estudió el planteo a la luz de los principios de independencia del Código Iberoamericano de Ética Judicial, que indican, entre otras cosas, que el juez debe “poner de manifiesto que no recibe influencias —directas o indirectas— de ningún otro poder público o privado, bien sea externo o interno al orden judicial”. Además dice que los jueces deben ser conscientes de que el ejercicio de su función “supone exigencias que no rigen para el resto de los ciudadanos”.

En la recomendación se analiza también la información que hay disponible en el sitio web de la Masonería paraguaya. Los magistrados notan que se afirma “expresamente” el “carácter discreto”  de la agrupación, ya que la pertenencia de sus integrantes “no es pública per se”.

No obstante, la Comisión entiende que no hay ningún elemento que indique “la subordinación de los jueces en la toma de decisiones judiciales a esa organización”. “Es posible especular que podría esconder compromisos ocultos en relación con la actuación del miembro de la logia en su función de juzgador, pero ello solo sería una suposición”, sostuvieron los magistrados.

 “No puede pasarse por alto los aspectos relacionados con cierta secrecía característica de la organización que pareciera oponerse al principio de transparencia, pero para reconocer relevancia ética a este factor sería necesario que se demostrase que trasciende a la función judicial o afecta de alguna manera su ejercicio”, sostuvo la Comisión. En ese sentido entendió que en el caso que presentó Paraguay “no existen elemento suficientes para considerar la pertenencia a logias masónicas” como “contrarias a los principios reconocidos en el Código”.

No obstante, la Comisión señaló que “ello no obsta para resaltar la conveniencia ética de que, atento al contenido y a los fines del principio de la transparencia, los integrantes de los órganos jurisdiccionales declaren, antes de asumir un cargo en esta función, a qué asociaciones u organizaciones no judiciales están afiliados”.

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