Jorge Díaz. Foto: Nicolás Der Agopián

El fiscal de Corte afirma que el actual proceso penal es “cien veces mejor” que el anterior; cree que la norma sobre libertad vigilada es excesiva y pedirá a fiscales que no la apliquen en zonas donde la Policía no cumple con el seguimiento

Si se hacen los cambios al CPP que proponen el Ministerio del Interior y la Corte, el sistema “colapsará” y habrá “más impunidad”

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Nº2012 - al de Marzo de 2019
entrevista de Victoria Fernández

Desde el ámbito político, legislativo y judicial, quieren que haya más juicios. Es que tras la puesta en marcha del nuevo Código del Proceso Penal (CPP), solo el 3% de los casos se resuelven con la intervención del juez y el resto son acuerdos entre la Fiscalía y la Defensa.

El fiscal de Corte, Jorge Díaz, está de acuerdo con subir ese porcentaje, pero se le ocurren buenas razones para que no sea tanto como quieren el Ministerio del Interior, el Poder Judicial y varios legisladores.

Si se llevaran a juicio oral el 20% de los procesos penales, el sistema “colapsaría”. No hay recursos humanos para eso. Es un “número mágico”, que no tiene sustento. Además, habría más impunidad. Porque no es el país “de las maravillas” y, en el mundo real, la gente no quiere ir a declarar a un juicio. Y la Fiscalía va a perder los casos, porque no va a tener pruebas. Y la idea de legislar para que las rapiñas tengan que ir a juicio es “imposible”. Serían 2.000 juicios al año, no se puede afrontar.

Díaz dispara todas esas razones. Y las repite. La impunidad, el colapso. La falta de recursos.

Los procesos abreviados —a través de los cuales se tramita la enorme mayoría de los casos en el CPP— son el foco de las críticas contra una reforma que cada vez suma más detractores, alentados por un año electoral con discursos fuertes sobre la seguridad y por un aumento constante de los delitos.

Pese a las críticas, Díaz no duda que el actual proceso penal es “cien veces mejor” que el anterior. Que el arranque fue difícil, pero que ahora mejoró la eficacia. Y que los operativos Mirador en el barrio Casavalle, que tantos elogios recogieron, serían imposibles sin el nuevo sistema.

Está molesto con las críticas del Ministerio del Interior al uso, supuestamente excesivo, de la libertad vigilada, que informó Búsqueda la semana pasada. Dice que no son los fiscales los responsables de aplicar ese beneficio, sino quienes impulsaron y aprobaron la ley 19.446 sobre penas sustitutivas. Que no están haciendo nada “ilegal”. Y que si no les gusta, que la deroguen.

De todos modos, Díaz cree que es “excesivo” que se pueda sustituir hasta cinco años de pena por libertad vigilada, y opina que eso debería restringirse. Además, dice que el ministerio no cumple con dar un adecuado seguimiento a los liberados bajo ese régimen, por lo cual pedirá a los fiscales que no apliquen la libertad vigilada en algunas zonas del país. 

—La resolución de un altísimo porcentaje de delitos mediante procesos abreviados es el aspecto más criticado del nuevo proceso penal. ¿Cree que debería restringirse su uso?

—Reformar el abreviado traería el colapso del sistema. En los sistemas acusatorios maduros de los países anglosajones y europeos, los casos que van al juicio oral no llegan al 10%. Tampoco en Estados Unidos o en Colombia, donde rondan el 8%.

—¿Esa sería la cifra deseable para Uruguay, y no el 20% que mencionan varios?

—Esa es la cifra que marca el estándar internacional. En Uruguay estamos en un 2% o 3%, es muy baja y la cantidad de juicios orales debe aumentar. Hablar de cifras de 20% es un número mágico. No tiene ningún sustento real en el derecho comparado. Llegando al 8% deberíamos estar en un sistema acusatorio maduro.

"Reformar el abreviado traería el colapso del sistema. En los sistemas acusatorios maduros de los países anglosajones y europeos, los casos que van al juicio oral no llegan al 10%".

—El ministro de la Corte Jorge Chediak planteó restringir lo que se puede tramitar mediante proceso abreviado, y dejar fuera las rapiñas. ¿Está de acuerdo?

—Pretender que no puedan salir por proceso abreviado las rapiñas tiende a la eclosión del sistema. Según los últimos datos que tenemos, implicaría unos 2.000 juicios por año, solo de rapiñas. Con eso ya estaríamos en el entorno de 15% de los casos con juicio oral. La Fiscalía no tiene recursos humanos para hacerlo, y la Defensoría aun menos. Es absolutamente imposible llevar a juicio todo eso. Además, llevaría a la impunidad. Porque implicaría que todas las rapiñas donde las víctimas y los testigos no quieren ir a juicio, o no vamos a juicio o vamos y lo perdemos, porque no tenemos pruebas. Salgamos del país de las maravillas. La gente no quiere ir a declarar a un juicio.

—Se podría cuestionar por qué se reformó el código entonces… Se promocionaron las ventajas del juicio oral, pero si lo que se juzga con ese mecanismo es solo el 3%, ¿cuál es la ventaja?

—Nunca dijimos que todo iba a ir a juicio oral.

—Pero sí se habló mucho de las bondades del juicio oral. Y hoy casi no se usan.

—Claro que las tiene. Y tiene muchas bondades el proceso abreviado. Y el sistema anterior era un sistema del siglo XIX. Teníamos que salir de eso porque Uruguay iba a ser condenado por vulnerar derechos humanos. Dimos un paso gigantesco. Y este paso tiene estas cuestiones.

—O sea que más allá de las dificultades, sigue siendo un escenario mejor que el anterior.

—Sin duda alguna. Cien veces mejor. Incluso más. Desde el punto de vista de la eficacia, en los últimos seis meses el promedio de imputaciones fue de 1.119 por mes. Son unas 13.000 por año. Pese a que aumentó casi 20% el número de delitos, el porcentaje de aclaración se mantuvo. Que tuvimos un comienzo complicado, sin duda. Pero ahora tenemos la misma eficacia con mayor cantidad de denuncias. Además, el número de personas privadas de libertad hoy es de 10.559. De esas, el 56% son penados y el 44% están en prisión preventiva. En 2017, el 70% eran procesados sin sentencia y el 30% eran condenados. Acá ya hay un efecto concreto, porque no podíamos seguir diciendo al mundo que el 70% de los condenados en Uruguay no tienen sentencia. 

—Luego de que Búsqueda informara sobre la preocupación del ministerio debido a la salida de unos 4.000 presos en régimen de libertad vigilada, usted escribió en Facebook que le “llamaba la atención” la inquietud debido a que ese instituto es parte de una ley impulsada por el Ejecutivo.

—Se ha intentado asociar la libertad vigilada con el CPP, pero no tiene nada que ver, porque es una ley anterior, que se aprobó por iniciativa del Poder Ejecutivo. La Fiscalía no participó en la redacción ni en el debate parlamentario. Además, la libertad vigilada rige para el CPP actual y para el viejo. Y también para el juicio oral. Esa asociación parte de un supuesto falso. 

—Dice que la libertad vigilada “no tiene nada que ver” con el nuevo Código del Proceso Penal y el abreviado. Pero lo cierto es que sí está relacionada en la práctica, porque es parte de la moneda de negociación que usan los fiscales con la defensa para llegar a acuerdos. ¿Por qué desvincula ambas cosas?

—Los jueces también tienen la posibilidad de aplicarla. 

—Pero los casos que llegan a resolución del juez son los menos. Hoy son principalmente los fiscales los que la aplican.

—¿Por qué volvemos al tema de los fiscales y por qué volvemos al abreviado?

—Porque en los hechos son los fiscales los que usan la libertad vigilada para negociar.

—¿Y la defensa no? ¿Por qué vamos sobre los fiscales y no sobre la defensa? Muchas veces lo pide la defensa. 

—Pero la defensa busca el beneficio de su cliente, son roles diferentes.

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e ha intentado asociar la libertad vigilada con el CPP, pero no tiene nada que ver, porque es una ley anterior, que se aprobó por iniciativa del Poder Ejecutivo. La Fiscalía no participó en la redacción ni en el debate parlamentario"

—(La asociación de la libertad vigilada con los procesos abreviados) es una falacia que se ha repetido hasta el cansancio y se termina transformando en verdad.

—No comprendo por qué dice que es una falacia cuando claramente están relacionados.

—(Toma de la mesa el texto del nuevo CPP y se lo da a la periodista), ¿dónde está la libertad vigilada? Búsquela.

—Sé que no está. Pero los fiscales la aplican en el marco del nuevo CPP que los habilita a celebrar acuerdos mediante proceso abreviado. ¿Cómo se puede decir que no tiene nada que ver? 

—Ya me hizo esa pregunta, y ya la contesté.

—¿Cuál es la respuesta?

—Que la libertad vigilada es un instituto que rige para el CPP actual, para el anterior, para el proceso abreviado y para el juicio oral. Hemos tenido casos de juicio oral donde hemos obtenido sentencias de hasta cuatro años de penitenciaría y han sido sustituidas íntegras por libertad vigilada, por ende no es algo propio una cosa de la otra. La libertad vigilada es una norma que es un subrogado de la pena, es una forma de cumplimiento de pena en libertad. Y esa pena puede ser subrogada en un procedimiento abreviado o en un juicio oral. Entonces, me da la impresión de que esa obsesión de asociar directamente una cosa con la otra...

–¿De quién es esa obsesión?

—Permanentemente se está hablando de libertad vigilada y abreviado. Asociar una cosa directamente con la otra, cuando también se puede dictar a través de un juicio oral... 

—Pero hoy se está aplicando en los procesos abreviados, y mucho, según varias autoridades…

—Si no se quiere que se utilice ese instituto, que se modifique. Si me pregunta a mí, no estoy de acuerdo con que se puedan sustituir penas de hasta cinco años por libertad vigilada. Creo que es un exceso que el legislador haya establecido esa posibilidad. Ahí tiene una modificación legislativa para hacer. Pero me parece que el camino no es cuestionar cómo los operadores del sistema utilizan una ley, porque los operadores aplican institutos legales.

—El senador del MPP y exdirector general de Interior Charles Carrera dijo que el Parlamento votó la ley, pero que no pensó que se aplicaría de forma “irracional”. ¿Qué responde?

—No voy a contestar las afirmaciones de Carrera. No corresponde que el fiscal de Corte discuta con dirigentes políticos.

—Reformulo la pregunta entonces: más allá de que la ley se aprobó en el Parlamento, ¿es posible que el problema no esté en la norma sino en la forma en qué se aplica?

—La pregunta es: ¿la aplicación que están haciendo los fiscales es ilegal? 

—No. ¿Pero no es válido cuestionar que los fiscales ofrecen demasiado un beneficio, aunque sea legal?

—¿Y quién dice que es demasiado? 

"Si me pregunta a mí, no estoy de acuerdo con que se puedan sustituir penas de hasta cinco años por libertad vigilada. Creo que es un exceso que el legislador haya establecido esa posibilidad"

—El Ministerio del Interior, legisladores y ministros de la Suprema Corte de Justicia.

—El problema es que los institutos legales se aplican legalmente o ilegalmente. Si se aplicaran ilegalmente, el fiscal es responsable, incluso administrativamente.

—Está claro que no es ilegal, pero insisto, ¿no le parece que es legítimo cuestionar cómo se aplica una norma? 

—Me parece legítimo que cualquier ciudadano en este país cuestione. Pero el fiscal de Corte entiende que hay un instituto legal que está siendo aplicado de forma ajustada a derecho por los fiscales. Podrá cuestionarse desde el punto de vista de la política criminal, pero desde el punto de vista jurídico no hay nada para cuestionar. Esa es la respuesta. Y si no se está de acuerdo con el instituto, modifiquemos el instituto.

—¿Requiere de una modificación legal o es posible acotar su uso mediante una instrucción general a los fiscales?

—Vamos a plantear una instrucción general para que los fiscales no apliquen el instituto de la libertad vigilada en aquellos casos donde no existe OSLA (Oficina de Supervisión de Libertad Asistida) o donde el Ministerio del Interior no está dando cumplimiento a la ley (sobre libertad vigilada).

—¿En qué zonas existe ese problema?

—En la enorme mayoría del país la Osla no tiene recursos humanos y materiales para dar cumplimiento a la ley. En Artigas y Salto hasta hace poco había un solo oficial de la Osla.

—¿Piensa que se utiliza demasiado la libertad vigilada en los procesos abreviados?

—Tendría que tener datos estadísticos que no existen. No conozco datos sobre en qué cantidad de juicios se utiliza la libertad vigilada y en cuáles no. Y hasta donde sé esos datos no los tienen ni el Poder Judicial ni el ministerio. Estamos haciendo una apreciación sobre cifras que no conocemos. 

—¿La Fiscalía también maneja la cifra estimada por el Ministerio del Interior respecto a que este año saldrán unos 4.000 presos bajo el régimen de libertad vigilada?

—No sé de dónde salió. El dato que yo manejo es que todos los años ingresan a los establecimientos carcelarios 6.000 personas y salen 6.000. 

—Esos 4.000 serían bajo la modalidad de libertad vigilada. No representa el total de los presos que saldrán de la cárcel. 

—Si se suman 6.000 más 4.000 son 10.000. Nos quedaríamos sin privados de libertad. Hay un manejo de una cifra  que no está bien del todo. A mí no me consta.

—A raíz de esa información la Fiscalía quedó enfrentada al ministerio. ¿Se reunió o se comunicó estos días con el ministro Eduardo Bonomi o algún jerarca de su cartera?

—Trabajamos todos los días con el Ministerio del Interior. Esa percepción de que porque tenemos una diferencia de interpretación sobre un punto nos pasamos peleando, es injusta. Tenemos diferencias sobre ese tema en particular, pero eso no significa que no estemos laburando todos los días. Quizás atraiga más la pelea que la coincidencia. Pero la verdad es que trabajamos juntos y lo vamos a seguir haciendo, porque yo tengo claro que este partido es entre los ciudadanos de bien y la delincuencia.

—El gobierno habla del “efecto noviembre” para explicar la suba de delitos, en referencia al mes en que se implementó el nuevo CPP. ¿Usted sigue sin compartir esa lectura?

—Absolutamente.

—¿Es solo casualidad que la implementación del CPP coincida con la suba de delitos?

–Asociar la suba de homicidios al CPP no es una explicación, porque en el año 2011 subieron de 190 a 260. Además, el argumento de que las personas en el nuevo CPP quedan en libertad durante el juicio y por eso siguen cometiendo delitos no es aplicable al caso de las rapiñas ni homicidios. Porque en los homicidios se impone prisión preventiva, y en las rapiñas en casi todos los casos también. O sea que no explica los delitos más graves. En ese sentido evidentemente hay una lectura distinta sobre la realidad.

"Asociar la suba de homicidios al CPP no es una explicación, porque en el año 2011 subieron de 190 a 260. Además, el argumento de que las personas en el nuevo CPP quedan en libertad durante el juicio y por eso siguen cometiendo delitos no es aplicable al caso de las rapiñas ni homicidios".

—En una entrevista con el programa radial Así nos va dijo que es una “falacia” decir que las penas que se imponen hoy son más bajas que en el anterior CPP.

—Es una apreciación que tienen todos los fiscales, que las penas hoy son más duras. 

—¿Se ha medido?

—Estamos haciendo una evaluación de esas cifras. Tenemos claro que en el sistema anterior el 40% de los procesamientos eran sin prisión, el 60% eran con prisión. En casos sin prisión no se cumplía ninguna pena efectiva, porque se tramitaba la libertad condicional. De los procesamientos con prisión, en los delitos excarcelables como los hurtos, la única pena que se cumplía era la preventiva, y duraba de dos a cinco meses. Hoy cuando se aplica una pena efectiva en un proceso abreviado, se cumple. Y son superiores a las preventivas que se cumplían antes. En eso no vas a encontrar dos fiscales que piensen distinto. En el caso de las rapiñas, las penas que se imponen rondan los seis o siete años, que son similares al sistema anterior. Con la diferencia de que se cumple efectivamente; antes existía el derecho a tramitar la libertad anticipada. Estamos convencidos, a la luz de la experiencia empírica que nos transmiten los fiscales, que las penas hoy son mucho más duras. 

—El nuevo CPP está siendo cuestionado desde distintos ámbitos, y no es menor que es un año electoral, con el tema de la seguridad en el centro del discurso de varios de los precandidatos. ¿Teme que la reforma sufra un revés?

—No tengo temor de la democracia. Vivimos en un sistema democrático maduro, y en un debate democrático se exponen las distintas ideas y las modificaciones legislativas no dependen del fiscal de Corte. Los fiscales aplicamos la ley. Me parece que es sano que se discuta.

—Usted decía antes de aprobar la reforma que una investigación criminal estratégica impactaría en una mejora de la seguridad.

—Eso se llama Operativo Mirador. Quienes cuestionan el sistema acusatorio hablan bien de este tipo de operativos. Y solo se pudieron realizar en el sistema acusatorio, que te permite juntar a tres, cuatro fiscales, a la policía, reunirlos alrededor de una mesa y elaborar una estrategia. Claro que está funcionando. No todo lo que nosotros querríamos; hay que avanzar mucho más.

—¿Va a redundar en una caída de los delitos?

—Está redundando en una mejora de la eficacia. Y creo que a la larga sin duda alguna eso se va a lograr.

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