Eduardo Bonomi en la Sala de Ministros del Palacio Legislativo. Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS

El ministro Bonomi decidió seguir adelante con el proceso pese a las impugnaciones porque la urgencia de cerrar el proceso es “inaplazable”; una empresa pidió apoyo al gobierno de Estados Unidos

Tres multinacionales denuncian irregularidades en una licitación millonaria del Ministerio del Interior que cierra en febrero

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Nº2055 - al de Enero de 2020

Días después del balotaje y a pocos meses del cambio de gobierno, el Ministerio del Interior abrió un llamado a licitación millonaria para contratar a una empresa que provea un sistema de control migratorio en todas las entradas y salidas del país. El proceso de selección es cuestionado por tres multinacionales que trabajan en el sector, quienes denuncian irregularidades en el pliego que favorecerían a una cuarta compañía y cuestionan el interés de las autoridades de cerrar el proceso antes del traspaso de mando.

Pese a los reclamos, el ministro Eduardo Bonomi argumentó que era urgente continuar con el proceso para evitar los “daños” a la seguridad pública que provocaría la falta de ese sistema de control y espera abrir las ofertas el 3 de febrero, según documentos a los que accedió Búsqueda.  

El reclamo de una de las empresas, Securiport, llegó al gobierno de Estados Unidos, ya que la compañía de capitales norteamericanos presentó una carta ante la embajada en Uruguay para que ese país interceda en el asunto, informó Gastón Traquini, director de Desarrollo de Negocios de Securiport.

Primer intento

En abril del 2018, el ministerio hizo un llamado a concesión de obras y servicios para la instalación de un sistema de control fronterizo para pasajeros que ingresan y egresan del Uruguay por vía aérea, fluvial o terrestre; “así como el análisis de perfiles de riesgo de dichos pasajeros”. El adjudicatario debía montar, en un máximo de 12 meses desde la firma del contrato, los espacios físicos destinados a la atención de los pasajeros y áreas operativas de la Dirección de Migración en todo el país, así como proveer y mantener las soluciones tecnológicas de software y hardware necesarios para cumplir con los objetivos del llamado.

Ese primer intento generó problemas. En el pliego de ese llamado, el ministerio aseguró que el proceso se iniciaba a partir de la iniciativa privada presentada por Dafiway SA, lo que le daba a esa empresa ventajas sobre los posibles competidores en la licitación.

Securiport denunció en junio de 2018 que no correspondía otorgarle a Dafiway los beneficios de la ley que regula la iniciativa privada, porque consideraba que el sistema migratorio no era una idea original de esa empresa.

En el escrito que presentó al ministerio en ese momento, recordó que fue la compañía norteamericana la que le había presentado a Bonomi, en 2015, una propuesta de instalar “una solución de gestión de control fronterizo-migratorio” y le sugirió que se financiara con el cobro de una tasa que debían pagar quienes salían o entraban al país. El 21 de abril de ese año, a pedido del ministro, Securiport se reunió con el entonces director de secretaría, Charles Carrera, su asesor Federico Laca (actual director), la directora de Migración Myriam Coitinho y su segundo Carlos Ferrer.

En agosto del 2015 el ministerio convocó a consulta pública para “conocer soluciones tecnológicas disponibles en el mercado para el registro y control migratorio que permita gestionar los movimientos en todos los puestos de control fronterizo terrestres, marítimos y aéreos”. En ese momento, la secretaría de Estado le informó a Securiport que preveía realizar una licitación internacional para instalar el sistema.

Por eso, a los estadounidenses los tomó por “sorpresa” que, en la concesión del 2018, el proceso comenzara como una iniciativa privada de Dafiway, lo que le otorgaría ventajas frente a sus rivales. El servicio jurídico del ministerio desestimó ese reclamo y siguió adelante.

La única propuesta que superó el análisis técnico fue Veridos, una multinacional cuyo 50% es propiedad del Estado alemán. Sin embargo, una comisión asesora del ministerio determinó que la oferta económica, que rondaba los US$ 50 millones, violaba varios aspectos del pliego y, pese al reclamo de los alemanes, en diciembre del 2018 el llamado fue declarado desierto.

“Tan irregular”

Un año más tarde, el 5 de diciembre del 2019, el ministerio abrió un nuevo proceso licitatorio para instalar y mantener un sistema de control fronterizo. Las empresas interesadas tienen hasta el 3 de febrero para presentar las ofertas.

El pliego es bastante similar al anterior y establece, otra vez, que Dafiway recibirá ventajas sobre sus competidores al haber promovido la iniciativa privada.

Las tres empresas que participaron en el proceso del 2018 —Veridos, Securiport e IAFIS Uruguay SA en consorcio con Idemia Identity & Security France—presentaron recursos contra el pliego.

En un escrito presentado el 19 de diciembre, Securiport reiteró su cuestionamiento a que se le atribuyera a Dafiway la idea y que por el régimen de iniciativa privada recibiera “un derecho de preferencia, y un derecho a un beneficio del incremento en la evaluación de su oferta del 5% y un derecho a mejora de oferta”.

Veridos ingresó su recurso el 16 de diciembre y el día 30 lo fundamentó. Denunció que el pliego presenta “groseras irregularidades”, como establecer que si Dafiway no es elegida, el ganador de la licitación debe abonarle el costo de la preparación de la iniciativa privada, algo que, según los abogados de los alemanes, no está previsto en la ley que regula esa herramienta.

Al igual que Securiport, Veridos cuestionó el método de pago planteado en el pliego. Establece que se “deberá ofrecer un precio de servicio de seguridad en dólares” que se le cobrará a cada pasajero que entra y sale del país. Las empresas dicen que ese mecanismo es una “tasa” y que para crearla sería necesaria una ley.  

El 31 de diciembre el ministerio comunicó a Veridos una resolución adoptada el 20 de diciembre por el ministro Bonomi, es decir, antes de que presentara los argumentos de su reclamo.

El jerarca resolvió que la licitación siguiera adelante pese a las impugnaciones, que tienen un efecto suspensivo del proceso.

“El mantenimiento del efecto suspensivo sobre el trámite de que se trata afecta inaplazables necesidades del servicio o puede causar grave perjuicio, lo que sin lugar a dudas ocurriría en este caso”, dice la resolución. “No contar con el sistema de control fronterizo, por parte de la Dirección Nacional de Migración, puede acarrear daños, ya que el sistema que se licita posibilita la actualización y modernización del sistema migratorio, lo que conlleva otorgar una mayor seguridad en el control migratorio”.

La decisión de Bonomi generó malestar en las empresas.

“La situación es tan irregular, que sin considerar fundamentación alguna, y a solo tres días de la interposición de los recursos (16/12/2019), se resolvió con inusual premura levantar el efecto suspensivo (20/12/2019). Palabras más, palabras menos, poco interesaron las evidentes irregularidades que se plantearon, y lo que primó es que todo debía de seguir sin el más mínimo detenimiento”, dice un escrito presentado por Veridos, patrocinada por el estudio Hughes & Hughes. “Claramente, estas marchas y contramarchas evidencian un manejo totalmente irregular, irresponsable, abrupto y muy alejado de los parámetros mínimos exigibles de un buen actuar administrativo”, agrega.

La empresa critica también que el ministerio argumente ahora que el proceso es “inaplazable” y la ausencia de un sistema de control migratorio puede “acarrear daños”, cuando pasaron 19 meses y medio entre el llamado a concesión que falló y la licitación vigente.

Veridos sostiene que todo es “una puesta en escena” para favorecer a Dafiway, la única que no presentó recursos contra la licitación.

Sobre el final del escrito, la empresa alemana señala que “no puede dejar de señalarse que esta premura en adelantar” el proceso licitatorio “en buena medida” responde al “contexto político actual”.

“Las autoridades salientes bien saben que cualquier compromiso positivo o negativo, así como cualquier contingencia que asuma esta administración, deberá ser acometida —y eventualmente resuelta— por las autoridades entrantes. En cualquier caso, e independientemente de los eventuales motivos políticos, el actuar administrativo desplegado es reprochable y debe ser reconducido”, dice Veridos.

El directivo de Securiport dijo a Búsqueda que esta semana presentaron una advocacy request a la embajada norteamericana para que su gobierno interceda en el proceso. “Es una situación muy decepcionante para nuestra empresa, porque Uruguay es considerado un país donde hay seguridad jurídica”, afirmó Tarquini. Y advirtió que si el gobierno el gobierno actual continúa con sus planes “va a tener que hacer una adjudicación exprés antes del cambio de mando”.

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