Raúl Sendic. Foto: Nicolás Der Agopián.

El fiscal asegura que tiene argumentos para revertir la decisión de la jueza; el ex vicepresidente evalúa no apelar por el “desgaste emocional” que ha sufrido, aunque seguirá con sus planes electorales

Un fallo que buscó deslindarse de las “connotaciones políticas” sorprendió a todos los partidos y complica el futuro de Sendic

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Nº1971 - al de 2018
escribe Victoria Fernández

A pesar de las “connotaciones políticas que puedan haberse atribuido a las denuncias”, la decisión de la Justicia debe atenerse a los resultados de la investigación. Quedan fuera las “consideraciones éticas, los juicios de valor y las apreciaciones subjetivas”, y no es competencia del ámbito penal “juzgar el resultado —más o menos exitoso— de la gestión” de Ancap.

La jueza Beatriz Larrieu sabía que su decisión tendría repercusiones en el ámbito político. Por eso inició con esas aclaraciones el extenso fallo en el cual dispuso el procesamiento del ex vicepresidente Raúl Sendic. La investigación sobre las presuntas irregularidades en la gestión de Ancap es desde hace dos años un tema central en el debate público y cada decisión de la Justicia ha sido analizada con detalle y hasta con suspicacias.

Pero este fallo, en particular, haría ruido. Es que Larrieu resolvió, para sorpresa de la Fiscalía, de los partidos políticos denunciantes y del propio Sendic, responsabilizar solo al ex vicepresidente y exonerar a los otros ocho exjerarcas sobre los que recaían pedidos de procesamiento.

El fiscal de la causa, Luis Pacheco, había pedido procesar a directores y gerentes del ente porque a su entender cometieron abuso de funciones, un delito que ha sido criticado por la academia por ser poco específico y hasta inconstitucional.

La jueza hizo referencia a esas críticas y afirmó que para evitar que ese delito se convierta en una “carta blanca”, es necesario “acotar” su interpretación. Así, concluyó que la conducta de la mayoría de los indagados “no reúne los caracteres necesarios para ser calificada como actos arbitrarios dictados con abuso del cargo”.

Además, “no surge acreditado en ninguno de los casos que se haya actuado con desviación de poder o por móviles espurios o contrarios al interés público”, sostuvo en su sentencia.

En el caso de Sendic, en cambio, sí consideró que su conducta en uno de los hechos investigados encuadra en el delito de abuso de funciones. También lo procesó por reiterados delitos de peculado, debido a su uso indebido de la tarjeta corporativa del ente.

El fiscal Pacheco dijo a Búsqueda que apelará el fallo de Larrieu en todo los puntos en los que no hizo lugar a su pedido. “No me convencieron los argumentos de la jueza. Y creo que tengo con qué rebatirlos”, afirmó. “Va a ser una apelación con bastante fuerza. Veremos qué dice el tribunal”.

Pacheco dijo que presentará la apelación el próximo lunes 4.

Los representantes de los partidos políticos que hicieron la denuncia por las presuntas irregularidades en la petrolera expresaron conformidad con el procesamiento de Sendic. “Estábamos en lo cierto”, dijo el líder del sector Todos del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, en un audio divulgado en Twitter. La decisión es “compartible y esperable”, escribió en esa red social el líder del Partido Independiente, Pablo Mieres.

Quedaron decepcionados, en cambio, con la decisión de exonerar a los restantes involucrados. “Nos sorprendió porque solo abarca al vicepresidente de la República”, opinó Lacalle Pou. “Decepcionante e insatisfactorio”, afirmó Mieres.

Por su parte, el senador colorado Pedro Bordaberry dijo ayer a Subrayado que el fallo afecta “la credibilidad” de los políticos y que es importante seguir trabajando en mejorar la transparencia.

El martes 29, tras conocer el fallo, Sendic se reunió con sus abogados y con los principales dirigentes de su sector, la Lista 711. Fuentes de la agrupación dijeron a Búsqueda que “está la decisión tomada” de que Sendic seguirá liderando su sector y que se presentará en las próximas elecciones. El fallo judicial no alteró la agenda del ex vicepresidente, que este jueves concurrirá a un comité de base en Canelones. Allí tiene planeado hablar con los medios de comunicación y transmitir sus planes de continuar al frente de la 711.

Los dirigentes de su sector entienden que aun con el procesamiento Sendic puede seguir haciendo campaña y presentarse a las elecciones. Se amparan en antecedentes como el de Fernando Lorenzo, que integró una lista luego de ser procesado por la Justicia por el “caso Pluna”.

Fuentes de la agrupación dijeron a Búsqueda que “está la decisión tomada” de que Sendic seguirá liderando su sector y que se presentará en las próximas elecciones.

La decisión sobre si apelar el fallo será tomada por Sendic “en forma personal”, afirmaron.

Sendic aún no resolvió cuál será su estrategia. Sus abogados, Ignacio Durán y Gumer Pérez, le dijeron que tiene argumentos jurídicos para apelar el fallo. Pero será él quien tome la decisión.

“Si él entiende pertinente apelar, tenemos con qué argumentarlo”, dijo Durán a Búsqueda. De todas formas, indicó que aunque no comparte la sentencia, Sendic evalúa acatar el fallo y no apelar para no seguir estirando un juicio que le ha generado un gran “desgaste anímico y emocional”.

“Ese sería uno de los motivos que lo llevarían a no apelar, y lo evalúa con mucha firmeza”, dijo su abogado. La decisión se las comunicará a más tardar el fin de semana, ya que el martes 5 es el plazo límite para apelar.

Sendic.

Casi todas las irregularidades constatadas por la Fiscalía fueron desestimadas por la jueza Larrieu. Hubo solo dos hechos en los que entendió que se cometieron delitos: el acuerdo con la financiera Exor para cancelar una deuda de Ancap con la venezolana Pdvsa, y el uso que hizo Sendic de la tarjeta corporativa.

La magistrada consideró que Sendic actuó con abuso de funciones al dar participación a Exor en las negociaciones con Pdvsa “sin dar noticia al Directorio ni consultar a Servicios Jurídicos”. Exor quedó luego fuera del negocio y Ancap quedó atada a pagarle una indemnización millonaria.

Fuentes de la agrupación dijeron a Búsqueda que “está la decisión tomada” de que Sendic seguirá liderando su sector y que se presentará en las próximas elecciones

Sendic, “excediendo los poderes que su cargo le confería, autorizó en forma verbal la intervención de Exor (…), sin seguir los procedimientos legales y reglamentarios para ello, ocasionando un perjuicio económico a la empresa”.

Larrieu exoneró de responsabilidad, en cambio, al posterior presidente de Ancap, José Coya, ya que entendió que este firmó acuerdos con Exor para evitar un litigio, y que lo hizo asesorado por las gerencias respectivas.

Con relación al uso de las tarjetas corporativas de Ancap —una información divulgada por Búsqueda en junio de 2017— la jueza compartió las consideraciones de la Fiscalía en cuanto a que Sendic no pudo “explicar razonablemente, en ninguna instancia —judicial o extrajudicial—, los gastos realizados”.

“Tampoco ha presentado recibos de los reembolsos que realizó”, señaló Larrieu, y no “puede admitirse que todas esas compras obedecieran a motivos funcionales, tanto por la naturaleza de los gastos como por el número de compras realizadas”.

Sendic usó las tarjetas de crédito de la estatal en tiendas de ropa, de electrónica, supermercados, free shops, joyerías y librerías, tanto en Uruguay como en el exterior.

No hubo delitos.

Más allá de esos dos casos, la magistrada deses­timó las restantes conclusiones de la Fiscalía. En el caso de la triangulación entre Ancap y la empresa Trafigura para refinar petróleo de la ecuatoriana Petroecuador, la Fiscalía entendió que el ente “incurrió en una grave irregularidad” al contratar a la empresa sin licitación, y pidió el procesamiento por abuso de funciones de Sendic, y de los integrantes del Directorio que aprobaron el contrato: Germán Riet, Juan Gómez y Juan Justo Amaro.

La jueza, en cambio, evaluó que no cabía responsabilidad penal a los jerarcas. A su juicio, el contrato con Trafigura era una actividad comprendida en el giro de la empresa estatal, ya que se trataba de la comercialización de petróleo y derivados, y el Texto Ordenado de Contabilidad Financiera (Tocaf) habilita la contratación en forma directa. Así lo entendió la división de Servicios Jurídicos y así fueron asesorados los directores, dijo la jueza. Además, subrayó que Ancap no salió perjudicada con el negocio, sino que en cambio “obtuvo importantes ganancias por una actividad que no le reportaba riesgos”.

Otro de los puntos cuestionados por la Fiscalía fueron los adelantos de dinero que recibió la empresa de transporte Pleno Verde, contratada para llevar cal a Brasil. Estos pagos se realizaron “sin garantía y sin intereses” y constituyeron “actos arbitrarios, cometidos en perjuicio de la administración”, sostuvo el fiscal, que pidió procesar por abuso de funciones al director de Cementos del Plata y gerente de la división Portland de Ancap, Juan Romero.

La jueza no hizo lugar a la solicitud. Concluyó, por un lado, que Romero autorizó esos adelantos en su calidad de director de Cementos del Plata, empresa subsidiaria de Ancap y regida por las normas del Derecho Privado, por lo cual no pueden imputársele delitos que aplican a los funcionarios públicos. Por otra parte, consideró que los adelantos estaban documentados y en conocimiento del Directorio de Cementos del Plata y de Ancap.

El fiscal también encontró “múltiples irregularidades” en el contrato que realizó Ancap con una empresa naviera para transportar combustible. Según Pacheco, Eduardo Goldsztejn, jefe de Mantenimiento Marítimo, y Ricardo Lemes, de la jefatura de Operaciones Marítimas, actuaron con “mala fe y abuso de funciones” e indujeron a error al Directorio de Ancap para beneficiar a una empresa con el contrato, perjudicando a otra competidora.

Larrieu consideró, no obstante, que no hay pruebas suficientes de que los funcionarios “hayan realizado actos arbitrarios —motivados por fines espurios o contrarios a los intereses públicos—, con abuso del cargo y destinados a perjudicar a la Administración”.

Sendic aún no resolvió cuál será su estrategia. Sus abogados, Ignacio Durán y Gumer Pérez, le dijeron que tiene argumentos jurídicos para apelar el fallo.

La Fiscalía había pedido a su vez el procesamiento del gerente general de Alur, Manuel González, por el delito de estafa, ya que consideró que a través de “engaños y artificios” indujo a error a Alur para “procurar a un tercero un provecho injusto”. La empresa supuestamente beneficiada fue Abengoa, constructora de la planta de bioetanol en Paysandú. En particular, la Fiscalía cuestionó a González por el premio de US$ 1 millón que recibió la empresa por entregar de forma anticipada la obra, aunque esta aún tenía desperfectos y no cumplió con la fecha estipulada.

Sin embargo, la jueza sostuvo que de acuerdo a las modificaciones que se realizaron al contrato entre Alur y Abengoa, la constructora sí cumplió con el plazo previsto para obtener el premio. Además, sostuvo que las nuevas condiciones del contrato fueron realizadas con conocimiento del Directorio de Alur, con lo cual no puede alegarse que González “haya realizado maniobras o estratagemas artificiosas”.

Respecto al senador Leonardo de León, exdirector de Alur, la jueza dispuso que sea citado a pedido de la Fiscalía para responder sobre sus contactos con un empresario argentino vinculado al lavado de activos en España. Las denuncias por su gestión en Alur y por el uso de la tarjeta corporativa ya habían sido archivadas a pedido del fiscal.

✔️ Sendic, historia de un procesamiento

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