Foto: Nicolás Der Agopián.

Uruguay necesita “desesperadamente” definir una política de ciencia e innovación; hoy se maneja por donde está “la plata”

6min 1
Nº1937 - al de 2017
escribe María Paz Sartori

“Efectos de las actividades agroforestales sobre la comunidad de peces”, “importancia de la cafeína como adulterante en pasta base de cocaína”, “neuroprotección en la enfermedad de Parkinson”, “fisiología y patología de M.tuberculosis”. Una quincena de trabajos de investigación resumidos e impresos en pósteres decoraban, este martes, la planta baja del edifico anexo del Palacio Legislativo que alberga los despachos de los parlamentarios. Los estudiantes mostraron sus obras entre colegas y docentes y la ausencia del sector político era evidente.

Mientras tanto, en el subsuelo preparaban los micrófonos y los carteles de identificación para el debate sobre políticas científicas en Uruguay para celebrar los 90 años de uno de los principales centros de investigación del país, el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable (IIBCE). La sala se llenó de científicos, académicos, y la llegada de la ministra de Industria, Carolina Cosse, marcó el comienzo del intercambio.

Para Eduardo Manta, integrante del Consejo Directivo de la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay (Anciu) y exdecano de Química, la ciencia tiene un problema de “visibilidad”, pero además de eso, le falta una política que defina su rumbo a escala nacional.

Hace 10 años, durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez, se creó la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII). Le siguió la creación del gabinete de la Innovación con la intención de reunir los ministerios involucrados en el tema para marcar la política científica y por último la creación en la última Ley de Presupuesto de la Secretaría de Ciencia y Tecnología tras el fracaso del gabinete.

Los años pasaron y hace unos seis meses el sector académico se alistaba para festejar la puesta en marcha de la Secretaría al conocerse que Juan Cristina, decano de la Facultad de Ciencias, era el candidato elegido por Presidencia. Pero por motivos personales Cristina declinó. Entonces la Academia Nacional de Ciencias de Uruguay, a pedido del Poder Ejecutivo, planteó a Eduardo Manta como candidato. Hubo reuniones con jerarcas de gobierno, incluso con la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz. Todo parecía ser un tema de tiempos, breves, para que el decreto que definiría los detalles de funcionamiento de la Secretaría saliera de Presidencia y fuera aprobado por Consejo de Ministros. Una semana, otra, otra y ya meses después, el sector académico se pregunta qué ocurrió. El martes 26 la ministra de Industria, Carolina Cosse, les prometió su apoyo.

“Se planteó la Secretaría de Ciencia y Tecnología y todavía se sigue sin saber si va a tener infraestructura, recursos, personal y qué competencias va a tener”, alertó Pablo Zunino, director del Departamento de Microbiología y expresidente del IIBCE. Espera “se avance” en “lo que queda del período”.

Pero las suspicacias enturbian el panorama. Según fuentes del sector académico consultadas por Búsqueda hay figuras del ámbito educativo y tecnológico que estarían incidiendo en la demora.

“Yo realmente quiero que Eduardo (Manta) sea de una vez el secretario de Ciencia y Tecnología porque creo que hace falta un gran esfuerzo de coordinación. Estoy convencida de que falta ese esfuerzo, después hará falta más plata, pero por algo hay que empezar”, expresó Cosse.

Consultada por Búsqueda, la ministra de Industria dijo desconocer los motivos de la demora y la falta de definición de la Secretaría. “No sé, me enteré ahora. Me lo anoté porque lo voy a averiguar”, prometió.

“Hay muchos jerarcas de gobierno que se enojan cuando se señala que falta agenda, convicción y energía de transformación. ¿Quieren una prueba? Lo que está pasando en ciencia y tecnología es una prueba mayúscula. Quiero ser justo. Me consta que Carolina Cosse cuestiona esa visión. Lo que ocurre es que no tiene el respaldo. La postura que prima en el gobierno no es la de Carolina Cosse”, enfatizó sentado a dos sillas de distancia, el historiador y politólogo Gerardo Caetano, integrante de la Anciu. “¡Con la mano en el corazón, por favor!”, agregó Caetano y apuntó a Cosse.

“¡Yo siempre tengo la mano en el corazón! Acá lo que importa es construir para el futuro”, respondió Cosse y defendió la agenda.

Para Caetano hace falta ordenar el panorama de manera urgente. “La institucionalidad que hemos tenido hasta ahora no funciona, todos lo sabemos. El gabinete ministerial no generó políticas, el Consejo Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología (Conicyt) no funcionó como asesoría porque no era consultado y tiene una articulación complicada. La ANII quedó como un espacio sobredimensionado que estaba pensado para ejecutar políticas pero que terminó definiéndolas además de ejecutarlas y sin legitimidad democrática”, opinó Caetano.

La ciencia en Uruguay vivió, como decía el sociólogo Carlos Filguieria, una “revolución silenciosa”. Pero “el problema es que esa revolución silenciosa que permitiría dar el gran salto, hoy está requiriendo” que el Estado defina su política científica y marque el rumbo, indicó Caetano. Sin embargo, eso “no está ocurriendo”.

“La no política es la peor respuesta a esa comunidad científica que ha vivido una verdadera revolución y que está disponible para dar el gran salto. Pero ojo, la no política es como los goles errados, es pérdida de oportunidades y perderlas en ciencia es perder científicos”, agregó Caetano.

El mar de fondo contiene otros cabos sueltos. La Anciu firmó con los candidatos presidenciales en 2014 la promesa de llegar al 1% de inversión en ciencia y tecnología. Vázquez firmó, prometió hacer crecer el número que hoy no llega a un 0,4% hasta aproximarse al 1% al final del período. Pero el aumento propuesto no ha ocurrido y no hay señales positivas.

Sin política.

“Hablando entre amigos, hoy las políticas científicas se definen donde está la plata y sobre la base de aquellos que con esos fondos tienen sus metodologías para distribuirlas. Así es como estamos actuando hoy”, opinó Manta. La Universidad de la República (Udelar) tiene su presupuesto y su forma de distribuir los fondos y desarrollar su ciencia, el Instituto Clemente Estable tiene los suyos, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) tiene los de él, “y así sucesivamente”, enumeró Manta. La ANII también define por su parte lo suyo.

“Nos falta a todos pensar desde un punto de vista sistémico la ciencia” y llegar a una “definición” desde “los organismos ejecutivos del país” a través de “un enfoque de toda la institucionalidad” para transformarla en algo “productivo para el país”, dijo Manta.

“Por supuesto que el dinero es un elemento de poder, pero la distribución del dinero es clave. Hace falta dinero y hacen faltan ideas, libreto y hay una ausencia de libreto”, opinó Caetano.

Para Cosse, las políticas de ciencia en Uruguay “se generan donde se hace investigación” y “cada cual” las define en sus ámbitos. “Tenemos que preguntarnos, ¿un país tiene que generar una política científica? Mi respuesta es que sí, que Uruguay la necesita desesperadamente”, opinó Cosse. Los cambios en la manera de producir, los avances tecnológicos en todos los rubros y áreas, en la química, la física, la biología, los progresos gracias a la matemática y la irrupción del big data dejan en evidencia la necesidad de una imperiosa definición.

“Cambiaron las formas de producir y Uruguay necesita definir su política científica. ¿Tiene elementos para hacerlo? Yo creo que los tiene todos: una institucionalidad firme, una democracia sólida, científicos serios, buenos, un tamaño pequeño y desafíos enormes para tener un lugar en el mundo. La forma para tener un lugar en el mundo es generando una política científica”, que implica incluir temas educativos, aseguró Cosse.

Para el director nacional de Ciencia y Tecnología, David González, el país no tiene una política científica definida y la prueba más clara es “estar en 2017 debatiéndolo”.

“Tenemos una universidad que genera la mayor parte del conocimiento científico y algunos institutos de investigación creados en distintos períodos de nuestra historia a impulsos de algunas personas que tomaron eso con corazón, pero no pasamos mucho más allá de los diagnósticos”, consideró. González coincide en que la organización de la ciencia en Uruguay es “difusa, con un montón de actores, y cada uno trata de definir sus prioridades e incide de alguna forma en el entorno”.

Judith Sutz, profesora titular y coordinadora Académica de la Comisión Intersectorial de Investigación Científica (CSIC) de la Udelar, está de acuerdo con los demás: las políticas científicas son de cada instituto, universidad o centro, no hay una “país”. De hecho en la Udelar se realizan 2/3 partes de la investigación del país con un presupuesto apenas superior que el de la ANII (que es de unos US$ 35 millones).

Ningún lugar.

Es “evidente y notorio” que Uruguay tiene una ciencia “mucho más fuerte” que antes, pero el problema para Sutz parte de dónde elaborar la política científica que encamine el futuro y capitalice los logros. “No hay a nivel nacional un espacio legitimado de elaboración de políticas científicas. Lo hubo en la letra con el gabinete ministerial de la Innovación, que no funcionó” y hubo otra oportunidad con la ley de la creación del Sistema Nacional de Transformación Productiva y Competitividad pero “dicho espacio no está previsto”.

“A menos que tomemos como tal al Consejo de Ministros que es a quien reporta la ANII”, reflexionó Sutz. En cuanto a la nueva Secretaría, “aún no se sabe si manejará presupuesto ni cuál será su relación jerárquica respecto a la ANII, o sea que la respuesta es: en ninguna parte”, opinó.

Regístrate sin costo, recibe notas de regalo.