Varios cambios tributarios y de transparencia rigen desde enero

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Además de los incrementos en el Imesi (combustibles y cigarrillos) y en varias tarifas públicas, el cambio de año trajo varias modificaciones tributarias, algunas categorizadas por la oposición política como un “ajuste fiscal”.

Por un lado, la Rendición de Cuentas que completó en octubre su proceso de aprobación como ley crea un nuevo tramo a los efectos del pago del Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas (IRPF) por ingresos del trabajo, y se elevaron las tasas para las franjas más altas, que llegarán a 36%. También desde el 1º de enero de 2017 se aplicará una única alícuota en función de los ingresos para las deducciones de dicho tributo (10% hasta 180 Bases de Prestaciones y Contribuciones, y 8% por encima de ese monto).

Las rentas personales al capital gravadas al 3%-5% pasarán a 7%.

Con la Rendición de Cuentas entra en vigor una rebaja definitiva de cuatro puntos del IVA para los pagos —por hasta 4.000 unidades indexadas— que se realicen con tarjetas de débito o instrumentos similares.

También se limitan las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores y el ajuste por inflación se aplicará solamente cuando el IPC en los 36 meses previos al cierre del balance supere el 100% anual.

Con estas y otras medidas el gobierno prevé incrementar la recaudación en U$S 335 millones anuales. A eso se sumarán diversos recortes de gasto y mejoras en los resultados de las empresas públicas que generarán otros U$S 125 millones. Eso permitirá abatir el déficit en las cuentas públicas al equivalente a 3,3% del Producto Bruto Interno al cierre de 2017, a 2,9% en 2018 y a 2,5% en 2019, según la programación fiscal realizada por el Ministerio de Economía.

Por otro lado, el jueves 29 la Cámara de Senadores dio sanción definitiva al proyecto de ley de transparencia tributaria. Entre otras cosas, a partir del 1º de enero no se podrán abrir nuevas cuentas bancarias sin declarar a la institución financiera la residencia fiscal de las personas físicas o jurídicas. También empezará a regir en esa fecha la obligación de registrar ante el Banco Central los beneficiarios finales de las sociedades, si bien se dará plazo para suministrar la información.

La misma ley, si se vota, equiparará el trato del IRAE, IRPF e IRNR de las sociedades extranjeras con las uruguayas, buscando desincentivar las off shore como mecanismo de opacidad fiscal.

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