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Luego de la publicación de los documentos internos referidos a Uruguay de la firma panameña Mossack Fonseca —divulgados el jueves 7 por Búsqueda—, la Dirección General Impositiva (DGI) y la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) decidieron inspeccionar a los estudios jurídicos mencionados en la investigación conocida como 'Panamá Papers'.
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Hasta julio, la Senaclaft centrará sus pesquisas en quienes hayan tenido participación en casos judiciales y a partir de entonces controlará a los estudios jurídicos vinculados al escándalo de los 'Panamá Papers'. Una veintena de 'inspectores' —15 de ellos ex funcionarios de la DGI— estarán a cargo de los interrogatorios.
Ante los resultados de la filtración de los documentos del bufete panameño especializado en crear sociedades off shore, Díaz dijo a Búsqueda que es necesario 'transparentar' el sector de las sociedades anónimas. La meta de saber quién está detrás de cada negocio debe incluir, según el titular de Antilavado, la eliminación del secreto bancario en Uruguay.