—Muy bien. En psiquiatría, por ejemplo, en el momento de asumir teníamos casi 7.000 consultas no resueltas. En el medio de la pandemia, cuando no estábamos en una ola, bajamos a unas 5.000. Ahora estamos por debajo de 3.500. Con las intervenciones quirúrgicas también. Pusimos todos nuestros equipos a operar y ya la demanda está por debajo de la mitad. En consultas atrasadas estamos en unas 2.000 y poco.
—La semana pesada reconoció en el Parlamento que ASSE carece de capacidad de respuesta para atender la demanda que generaría la eventual aprobación de un proyecto de ley de internación por “voluntad anticipada” de personas con problemas de uso abusivo de drogas. Sin embargo, dijo que, si la normativa se aprueba, “habrá que adaptarse a ella”. ¿Qué implicaría esa adaptación, en cuanto a recursos económicos y humanos?
—Dentro de lo que es la salud mental, parte importantísima es el paciente con abuso de sustancias. En esa área nos encontramos con una capacidad muy pobre y considerábamos que no se estaba trabajando de manera adecuada. Teníamos el Portal Amarillo, con 31 camas, y un convenio con un privado, Izcali, en el que había un convenio por 20 camas y siempre se atendían 17. Estamos aumentando el Portal Amarillo, que va a quedar con 51 camas en total, y ya tenemos la gente para los planes de desintoxicación. Y al convenio de Izcali lo llevamos de 17 camas a 25 o 26.
—Respecto a Izcali, Búsqueda publicó en setiembre que la clínica estaba previendo suspender el tratamiento de pacientes de ASSE por falta de pago. ¿Se llegó a un acuerdo para continuar con el convenio?
—Sí, se llegó a un muy buen acuerdo. Permitió hacer un nuevo convenio, en el cual ASSE tiene una mejora de $ 600.000 mensuales en cómo se gestionó. Nos encontramos con que ASSE había llegado a pagar más que algún prestador privado.
—Tras la reciente inauguración del Hospital de Día en Psiquiatría Pediátrica, dijo que se va a seguir avanzando en la implementación de la Ley de Salud Mental. ¿Cuáles son los avances concretos?
—Dentro de los planes de la Ley de Salud Mental, está el fin de las estructuras monovalentes, los manicomios. Esos pacientes tienen que estar en hospitales generales. ASSE tiene 490 camas de psiquiatría distribuidas en todo el país. En los hospitales del interior ya están funcionando dentro de hospitales generales. Ahora vamos a aumentar estas camas, que son finitas.
Hay una cosa que es una realidad: si la ley de internación a personas con problemas de adicción sale, vamos a tener que adecuar estructuras para poder atender. Uno tiene que pensar que son muchos los pacientes que tienen problemas de adicción. Si esa ley llega a salir, nosotros tenemos que preparar a la institución.
—¿De qué manera?
—Las colonias tienen espacios grandes y estructuras que se pueden llegar a trabajar para hoy o mañana, para pensarlos en centros de tratamientos de recuperación de pacientes. Pero hay que transformarlos, hacer obra edilicia, contratar personal. Todo eso hoy en día no tiene presupuesto. O sea que si esta ley llega a salir, nosotros, en una rendición de cuentas, vamos a tener que pensar los recursos nuevos que vamos a tener que contratar para poder afrontarlo.
—Volviendo a la Ley de Salud Mental, ¿cómo pretenden avanzar?
—Las tres colonias, Etchepare, Santín Carlos Rossi y la Martirené, están en un área de más de 300 hectáreas de campo, en una zona con índice Coneat altísimo, con zonas lecheras alrededor. Con 70 hectáreas podríamos manejarlas perfecto, y ahorraríamos en personal para mantenerlas. El Estado puede empezar a expropiar para invertir en la propia colonia. Esa es una herramienta que tenemos pensada, si esto sale. Y lo hablamos con los gremios, que no lo veían mal. De hecho, ya tenemos a nuestro departamento notarial trabajando con todos estos temas de las propiedades que ASSE no usa y de las donaciones que tiene. En campos, ASSE pasa los US$ 6 millones donados.
—Y si las colonias quedaran con 70 hectáreas de predio, ¿qué se haría con el dinero que resulte de la venta del resto del terreno?
—Por ejemplo, si vendemos esas hectáreas, invertir el dinero en la propia colonia y hacer un excelente centro de rehabilitación, que en la rendición de cuentas después tendremos que ir a pedir funcionarios para mantenerlo.
—En el escenario actual, ¿ASSE está en condiciones de cumplir con el objetivo que se propone la Ley de Salud Mental para 2025 de cerrar los manicomios?
—No. Con mucho respeto lo voy a decir: la Ley de Salud Mental que salió en el 2018 es una ley bien pensada desde el punto de vista técnico, pero que se hizo con cero presupuesto y cero recurso, fue un deseo, una voluntad. Se está trabajando en la desmanicomialización. Esto no quiere decir que vamos a cerrar el Vilardebó, porque no está en los planes. Sí hay que repararlo y dejarlo como un hospital judicial, que el país no lo tiene, y que también pueda servir de apoyo.
Y tenemos las colonias. Cuando nosotros entramos teníamos allí 633 pacientes. Pudimos dar de alta a unos 30 y largos. Algunos fueron a casas de medio camino, y otros se recuperaron. Pero, hay que reconocerlo, hay pacientes que no van a poder ser dados de alta por las características que tienen. Tenemos que trabajar en reperfilar las colonias. Y para el tratamiento de las adicciones, por ejemplo, pueden ser un lugar ideal, hasta por cómo es el espacio.
—La semana pasada, la radio M24 informó que ASSE designó como referente en Salud Sexual y Reproductiva de la Red de Atención Primaria (RAP) metropolitana a Gabriela Fischer, quien ha sido cuestionada por presuntamente tener una posición contraria a la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Usted tenía conocimiento de la postura de Fischer? ¿Le parece bien que, siendo así, se desempeñe en ese rol?
—ASSE cumple con lo que pauta la ley. La doctora Fischer es recomendada al directorio por el equipo de la Red Metropolitana y por las referencias específicas que tenemos de ella, sabemos que va a cumplir con los requerimientos que tiene ASSE. Eso para nosotros no es un problema, y se nos ha estado buscando en todo este tiempo por querer politizar el tema, puede ser para querer generar prensa desde algún lado, porque uno ve cómo se genera el show. Pero sinceramente no lo comparto, porque hay que tener respeto por los pacientes y por los profesionales. Y sí, en la institución que pidan la auditoría que quieran en el momento que quieran. Cumple con todo lo que marca la ley.
—Semanas atrás el dirigente nacionalista Carlos Iafigliola presentó un proyecto para desestimular los abortos en ASSE, entre personas de alta “vulnerabilidad social y/o económica”, ofreciendo “alternativas” como la vinculación con la ONG Ceprodih (Centro de Promoción por la Dignidad Humana). ¿La estudió?
—Está a estudio de las partes gerenciales de la institución y del resto de los directores. Y la vemos poco viable. Pero eso lleva, y fue un dato que Iafigliola nos marcó... Creo que acá hay que tratar ?y esto es una opinión personal? de respetar los derechos de las mujeres, pero también hay que respetar el derecho de la que quiere ser madre y, de repente, no puede por algún problema social. En todos los equipos tenemos asistentes sociales. Queremos ver que estén cumpliendo la función de que si una mamá desea seguir adelante con su embarazo y para eso está necesitando algún apoyo de los que desde el Estado, si trabajamos en red, le podemos brindar, esté todo aceitado. Que no nos pase que estos grupos actúen de una manera muy automatizada, firmando todos los pases para que se lleve adelante el procedimiento. Si una mamá quiere respetar y llevar adelante su embarazo, el Estado tiene muchísimos medios para colaborar.
—¿Pero están detectando que los grupos están actuando de una manera “muy automatizada”?
—Venimos trabajando de la misma manera, no hicimos un cambio en eso. Sí estuvimos viendo con la gerencia asistencial de revisar los procesos, como hay que hacer. Siempre hay que revisar los procesos. Con esto no estoy diciendo que estén funcionando mal.
- Recuadro de la entrevista
“Montagno fue un excelente director”