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Cuando era inspector de Trabajo, en la década de los 90, Alfredo Cabrera integraba una comisión junto con la Aduana y el Banco de Previsión Social (BPS) para controlar las posibles evasiones fiscales de las empresas. Hacían un trabajo “artesanal” que consistía en coordinar operativos en ferias y hacer “pequeños cruzamientos”, considerando datos como el consumo de electricidad. Cabrera ahora sigue relacionado a ese trabajo, pero desde otro rol. Como presidente del BPS, ve que aquellos sistemas quedaron en el tiempo.
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Ahora el organismo previsional apela a su propia información y la de los otros organismos fiscalizadores y, utilizando inteligencia artificial, define qué actividades tienen un elevado riesgo de incumplimiento. Los datos procesados permiten dirigir a los inspectores a los lugares que tienen un “riesgo fiscal”, en los que seguramente “se encontrará evasión”, explicó Cabrera a Búsqueda. Este sistema se basa en un algoritmo que detecta cuando los datos de un sector o empresa están fuera de la normalidad. Así, el BPS puede ser “eficaz” en sus fiscalizaciones, indicó.
Una de las fuentes de información para la toma de decisiones es la Encuesta Continua de Hogares (ECH) del Instituto Nacional de Estadística (INE). El último dato sobre el no registro a la seguridad social confirmó una tendencia que se dio en el último año: la informalidad en febrero llegó al 22,1%, una cifra dos puntos más alta que el mismo mes del año anterior. El problema se concentra en la frontera. Artigas tiene la mayor proporción de ocupados “en negro” (54,5%), seguido de Cerro Largo (45,2%), Tacuarembó (41%), Salto (36%) y Rivera (34,3%).
Desde el sector académico, Matías Brum, especialista en mercados laborales del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas, propone ir hacia un plan nacional de formalización para reducir aún más estos indicadores. “Si sabemos que el 45% de los trabajadores informales están en la construcción y que el 42% de los trabajadores de Rivera son informales, por ejemplo, hay suficientes pistas para trabajar”, dijo en El País del 1° de abril. Propuso que crucen datos entre la ECH —una herramienta “muy poderosa”— y el BPS.
Según el BPS, los lugares más visitados por los inspectores fueron Maldonado, Canelones y Rocha, algo lógico, teniendo en cuenta los operativos especiales durante el verano. Los mayores porcentajes de irregularidades, en tanto, se detectaron en Cerro Largo, San José, Soriano y Tacuarembó, zonas que no necesariamente coinciden con los departamentos donde la proporción de trabajo informal es más elevada.
Consultado sobre si considera que las inspecciones del BPS se deberían centralizar en los lugares con mayores niveles de informalidad, Cabrera contestó que la visión del organismo debe ser “global”. “Nosotros protegemos a los trabajadores en todo el país. No es el beneficio fiscal puro y duro lo que nos moviliza sino la protección de los trabajadores (…). Algunos departamentos en los que hemos hecho más inspecciones coinciden con departamentos con mayor informalidad. Es un elemento más del análisis”, alegó.
“Hay una discusión, que siempre está arriba de la mesa, que es: cuando un sector o área específica está en crisis, ¿cuánto ayudo si voy más hacia ahí? Es una tensión que siempre tenés en la definición de un programa” inspectivo, comentó.
El presidente del BPS señaló que en las zonas de fronteras en general se dan un “cúmulo de actuaciones”, pero advirtió que allí está el “elemento adicional” de la realidad del “país limítrofe”.
Apelando a su experiencia también en la Inspección de Trabajo, Cabrera señaló que “no existe la posibilidad” de que por las inspecciones se pueda reducir la informalidad a cero. “Uno debe hacer que el costo de la formalidad sea conveniente frente a la informalidad. En los hechos, eso ha mejorado. Durante mucho tiempo la informalidad estaba asumida y eso cambió porque hubo un cambio cultural y por los sistemas de información. Hoy es más difícil ser informal que antes”, destacó.
Los operativos
En marzo, El País informó que en 2023 hubo 6.397 fiscalizaciones de campo y en el 76% de los casos se detectaron irregularidades. Por esta cantidad se establecieron multas por el equivalente a US$ 20 millones.
“Cuando vamos a inspeccionar, el porcentaje de detección de irregularidades es alto porque hacemos una selección, a priori, muy fina”, explicó Cabrera. La carga de la información también permite hacer “operativos segmentados”, con base en datos georreferenciados para ubicar a las empresas. Los inspectores tienen en una aplicación las ubicaciones y, si ven un comercio que no aparece en su mapa, ya saben que está en falta.
Otra modalidad que suele detectar el BPS está relacionada a los fraudes, que ocurren cuando empresas registran “altas” falsas al subsidio por desempleo para cobrar la prestación. En estos casos, además de “interés fiscal”, el organismo pretende que “se castiguen esas conductas”, dijo su presidente. “Nos interesa llegar hasta el final. Si hubo un delito, tratamos de colectar la información para hacer una denuncia penal y poder avanzar en castigar las conductas fraudulentas”, explicó.
Cabrera señaló que estas tres modalidades son “proactivas”, pero existe otra forma de inspección “reactiva”, que surge a partir de las denuncias de los trabajadores que no están inscriptos en la seguridad social por sus empleadores. Muchas de estas irregularidades surgen cuando una persona se quiere jubilar y, al recomponer su historia laboral, denuncia años sin aportación.
Si se consideran todas las modalidades de inspección, la cifra del año pasado crece hasta 8.530 fiscalizaciones. Es un número que no parece alto en relación con la cantidad de empresas registradas en el BPS. “Si se mira el porcentaje de irregularidades detectadas, puede parecer mucho. La realidad es que es una suma de ambas cosas: vamos a buscar sectores y lugares en los que partimos de la base de que vamos a encontrar algo”, explicó Cabrera.
En 2023, fueron 1.650 juicios ejecutivos de empresas y hay más de 8.000 firmas que hicieron convenios para pagar la deuda que tenían.
