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    Comunas Mujer atendieron 14.225 consultas en 2023 y duplicaron cifras respecto a 2020

    TCR observó reiteración de gasto por parte de la IM para la contratación de equipos técnicos que brinden servicios jurídicos y psicosociales de atención a mujeres en situación de violencia de género

    Las Comunas Mujer son servicios especializados y gratuitos de atención psicosocial y jurídica dirigidos a mujeres mayores de 15 años que hayan vivido o atraviesen en la actualidad una situación de violencia de género. Estos espacios, disponibles en los ocho municipios de la capital, forman parte del sistema de respuesta a la violencia de género impulsado por la Intendencia de Montevideo (IM) y en los últimos años han tomado especial relevancia debido al aumento de las situaciones denunciadas: en Uruguay, casi ocho de cada 10 mujeres han sufrido violencia basada en género en algún momento de sus vidas y casi una de cada dos ha vivido alguna vez violencia por parte de su pareja o expareja, según datos de 2020 de la Segunda Encuesta Nacional de Prevalencia sobre Violencia Basada en Género y Generaciones.

    En esa línea, desde el gobierno departamental informaron a Búsqueda que un total de 8.059 mujeres fueron atendidas por primera vez en las Comunas Mujer de Montevideo entre 2021 y 2023. Asimismo, señalaron que solo en 2023 fueron atendidas 4.694 mujeres, de las cuales 2.793 fueron por primera vez. Por otro lado, la cantidad de consultas recibidas en las Comunas Mujer durante 2023 fue de 14.225, duplicando las cifras registradas en el 2020.

    Las 14 Comunas Mujer que funcionan actualmente buscan trabajar para que las mujeres puedan encontrar una ruta de salida a la situación de violencia de género que las afecta considerando las posibilidades y redes de apoyo de cada persona, para lo cual se les ofrece contención y asesoramiento, así como patrocinio jurídico en los distintos procesos que se requiera, explicaron desde la IM. Es así que para eso, los equipos —que son supervisados por la División Asesoría para la Igualdad de Género— cuentan con psicólogos, trabajadores sociales, abogados, coordinadores y recepcionistas.

    Hoy trabajan en total unas 150 personas en las Comunas Mujer de Montevideo. En esa línea, en 2023 la intendencia llevó adelante 14 licitaciones públicas (una por cada comuna) para la contratación de 129 personas, que se distribuirían de la siguiente manera: 11 comunas con equipos de nueve personas (siete técnicos, un coordinador y un recepcionista) y tres comunas con equipos de 10 personas (ocho técnicos, un coordinador y un recepcionista).

    Sin embargo, el Tribunal de Cuentas de la República (TCR) observó la reiteración del gasto en todos los llamados, “derivado de la contratación de equipos técnicos que brinden servicios jurídicos y psicosociales de atención a mujeres en situación de violencia basada en género” en las diferentes Comunas Mujer de la capital del país.

    Particularmente, las resoluciones con fecha del 10 de enero, a las que accedió Búsqueda, explicaban que el director del Departamento de Desarrollo Económico de la IM, Gustavo Cabrera, dispuso adjudicar la contratación a diferentes organizaciones sociales según las Comunas Mujer —entre ellas, la asociación civil Casa de la Mujer de la Unión, la organización civil El Paso y la Fundación Plemuu— por montos cercanos a los $ 20 millones en cada caso.

    El TCR ya había observado el gasto en julio de 2023 por contravenir lo dispuesto en el Tocaf. Según describe la resolución, la observación en los llamados a licitación estaba referida al ítem “propuesta de trabajo”, cuyo puntaje total eran 20 puntos. De acuerdo con el tribunal, dentro de la evaluación de las ofertas no se indicaban “criterios objetivos” para la adjudicación de puntajes en los diferentes subfactores analizados, lo que constituiría un apartamiento de lo establecido en el literal C del artículo 48 del Tocaf.

    Sin embargo, en nueve casos se establecieron discordias por la ministra del TCR Diana Marcos, quien entendió que no se contravenía ese punto porque el artículo 18 de los pliegos de condiciones “contenían una correcta ponderación”.

    Finalmente, la IM decidió reiterar el gasto observado al argumentar que la Gerencia de Compras entendió que el punto “Propuesta de Trabajo” establecido en el procedimiento de evaluación de las ofertas “estaba correctamente ponderado, calificándose cada subfactor en tres categorías y con escalas por puntos”. Además, según informaron a Búsqueda desde la intendencia, la Gerencia de Compras con el asesoramiento del cuerpo de escribanos del Servicio de Compras “realiza un control permanente” de las cláusulas relativas a causales de rechazos de ofertas y criterios de evaluación para futuras licitaciones, “sin descuidar la salvaguarda de los intereses” de la administración que implica el debido cumplimiento en la correcta ejecución de los contratos por parte de los adjudicatarios. Además, aclararon, durante la publicación del llamado el pliego “no fue impugnado” como tampoco su adjudicación.

    De esta forma, el TCR resolvió mantener incambiada la observación del gasto.

    Desde la intendencia indicaron que las organizaciones o instituciones que proveen los equipos técnicos que trabajan en las Comunas Mujer son contratados a través de licitaciones públicas. Según explicaron, hasta 2023 se realizaban licitaciones abreviadas que, por el monto límite definido, “habilitaban la contratación de los equipos por un año con la posibilidad de ampliar la contratación por el mismo período”. Sin embargo, el año pasado, al finalizar la ampliación de la licitación abreviada vigente, se definió realizar licitaciones públicas a fin de favorecer la “estabilidad” de los equipos y garantizar la “sostenibilidad de la política”, ya que esto permitiría extender el vínculo por 24 meses con opción a ampliación por el mismo plazo.