La venta.
Según difundieron los medios argentinos, la semana pasada Fariña ratificó sus declaraciones anteriores, según las cuales el entorno del kirchnerismo envió en aviones a Uruguay bolsos con decenas de millones de dólares. Los vuelos llegaban al Aeropuerto de Melilla, donde supuestamente los controles eran más escasos. De acuerdo con ese relato, los millones sirvieron para comprar propiedades, entre ellas el campo llamado “El Entrevero” por el cual se pagaron U$S 14 millones. En esa transacción participó Fariña y terminó a nombre de una sociedad anónima del empresario Báez.
En abril de 2013, los diputados argentinos Graciela Ocaña y Manuel Garrido reclamaron a la Justicia uruguaya que investigara la posible comisión de un delito de lavado de activos por parte de los “directores, accionistas o apoderados” de una serie de sociedades radicadas en Uruguay. Un mes después varios medios argentinos vincularon a las sociedades anónimas Helvetic Service Group, Aldyne Limitada y Eyden Group LLC en la ingeniería utilizada por Báez para lavar dinero proveniente de presuntos casos de corrupción. Helvetic Service Group es una fiduciaria que utilizó el estudio Damiani en varias ocasiones para mover dinero de sus clientes y su titular es considerado por la Justicia argentina como un testaferro de Báez.
El diario “Perfil” informó, en marzo de 2014, que las autoridades uruguayas habían proporcionado nueva información a la Justicia argentina sobre las presuntas maniobras de blanqueo de capitales. “Uruguay detectó que entre marzo de 2012 y marzo de 2013, la empresa Decavail Uruguay SA giró 16,5 millones de dólares a Jaguar Capital LLC. Luego esta última envió ese dinero a una cuenta de Helvetic en el Principado de Liechtenstein, en Europa Central. ¿Qué explicación dio Decavail SA para justificar un giro de esa magnitud a Jaguar? Dijo a las autoridades uruguayas que le había comprado en cuotas un terreno en Punta del Este a Jaguar Capital LLC, la sociedad ligada a Helvetic”, describió el periódico argentino. Cuando los medios informaron sobre esa situación, MF se molestó con Damiani y lo comenzó a considerar un cliente “riesgoso” (Búsqueda Nº 1.861).
“El Observador” había publicado en abril de ese año que la Justicia uruguaya tenía sospechas sobre dos terrenos de 7.000 metros cuadrados en Punta del Este adquiridos en 2006 por Jaguar Capital a U$S 3 millones cada uno. La posterior venta, seis años después, del padrón número 10665 por U$S 16.500.000 es objeto de investigación en Uruguay. El diario informó además, que esa sociedad anónima “aparece vinculada a Báez en el mapa elaborado por los investigadores uruguayos”.
La filtración de 11,5 millones de documentos internos de MF, un bufete panameño que se especializa en sociedades off shore, incluye información sobre el rol del estudio Damiani en la compraventa de ese campo y sus permanentes contactos con los clientes —a quienes cuida de no mencionar— que se beneficiarían de sus oficios.
En un correo electrónico que el estudio Damiani envió a MF el 19 de marzo de 2012, el bufete solicitó un poder especial a favor de un ciudadano uruguayo para que pudiera vender el padrón 10.665 —ubicado en la parada 8 de la Playa Brava, en Punta del Este— a Dubris SA. El accionista de Dubris SA, según medios argentinos, es Decavail SA.
El precio de venta del predio, estipulado en el poder redactado por el estudio Damiani, era U$S 16.500.000 (el monto cuya transferencia de Decavail SA a Jaguar Capital despertó sospechas en las autoridades uruguayas). El documento establecía que U$S 1.100.000 ya habían sido transferidos, que la compradora debía abonar U$S 4.400.000 “simultáneo o previo a otorgar la escritura” y el saldo restante en 11 cuotas mensuales sucesivas de U$S 920.000 y una de U$S 800.000. El pago podía desarrollarse en dólares o bonos globales de Argentina.
En el poder se dice que el uruguayo debía ceder y transferir “el crédito por el saldo de precio emergente de la compraventa (…) a favor de Helvetic Service Group SA”, la sociedad presuntamente vinculada con Báez.
Una hora y media después de recibir la solicitud de Damiani, MF se puso a trabajar. “Este pedido es para la administración de Mosson (MF) Managers”, escribió en un correo interno la gerenta general de MF Montevideo, Lorena Miranda. “Favor ver pedido de Damiani, nos avisan quién atenderá y nos avisan el avance”.
Pasada una semana, el poder estaba casi pronto. Un correo calificado de importancia “alta” por parte de MF señalaba que luego de hablar con Damiani era necesario “proceder con el poder de forma urgente” porque los clientes del uruguayo lo precisaban. Pero el 28 de marzo de 2012 surgió un pequeño inconveniente. Los panameños le plantearon a Damiani que necesitaban un documento más que no le habían pedido antes. Y los uruguayos respondieron rápido: “Lamento muchísimo no haber recibido esta solicitud” cuando empezó el trámite “ya que se ha perdido más de una semana para poder tener los documentos en tiempo y forma, según las necesidades de nuestro, vuestro cliente”.
MF pidió disculpas a Damiani por la demora. Después de arreglar toda la documentación, el estudio panameño la envió a donde los uruguayos pidieron: “JP Damiani & Asociados”.
La escisión.
Pero las tareas de Damiani para los dueños de Jaguar Capital siguieron al año siguiente. A comienzos de junio de 2013 el estudio uruguayo se comunicó con MF porque sus clientes detrás de Jaguar Capital querían crear una estructura que el escribano de JP Damiani & Asociados, Eduardo Simon, describió así: “Los clientes han decidido seguir adelante con la constitución del fideicomiso bajo ley panameña, a constituir en mayo 2012, actuando como fiduciaria una sociedad panameña destinada exclusivamente a actuar como fiduciaria y accionista en tal carácter de Jaguar, para su posterior redomiciliación en BVI (Islas Vírgenes Británicas)”.
El 5 de agosto de 2013, Simon insistió con el tema. “Necesitamos avanzar sobre la redomiciliación en Panamá —Jaguar Capital operaba en Nevada— y su posterior escisión. Los clientes están bastante urgidos”, escribió a MF. Más adelante añadió: “Te aclaro que trabajaremos en conjunto, ya que las escrituras serán otorgadas en Panamá y luego protocolizadas en Uruguay”.
Un día después, el 6 de agosto de ese año, el estudio Damiani tenía el primer borrador de la escisión, en el que debía quedar claro quién se quedaba con los dos predios que Jaguar Capital tenía en Punta de Este. Jaguar Capital Holding (redomiciliada en Panamá) se quedaría, de acuerdo con los documentos redactados por el bufete uruguayo, con el terreno puntaesteño cuyo padrón tiene el número 10664, mientras que la otra sociedad que emergiera de la escisión —cuyo nombre todavía no estaba claro— recibiría “los derechos y obligaciones pendientes de cumplimiento emergentes del boleto de reserva” entre Jaguar Capital y Dubris SA.
MF le preguntó a Damiani si tenían “preferencia” por un nombre para la sociedad que se creaba a partir de la escisión de Jaguar Capital y que sería la futura dueña del predio 10.665. Si no lo sabían aún, había la posibilidad de que lo “inventaran” los panameños. La respuesta del escribano Simon fue muy práctica, dado que sus preocupaciones eran otras: “El nombre lo escogen ustedes. Podrás pasarme de cualquier forma opciones para enviar al cliente”. Lo importante para el uruguayo era “recordar que debe tener domicilio y autoridades distintas”, como ya habían coordinado.
Al final, los clientes de Damiani que están detrás de la operación eligieron que la nueva sociedad, la que se quedaría con el boleto de compraventa, se llamaría Shoreview Propierties.
El 2 de setiembre de 2013 empezaron los trámites de escisión. Damiani envió entonces un documento, antedatado al 22 de mayo de ese año, en el que las sociedades anónimas propietarias de Jaguar Capital autorizaban la redomiciliación y ordenaban “renegociar y acordar con la sociedad Dubris SA los términos y condiciones del boleto de reserva”. El nuevo acuerdo entre esas dos sociedades, según el documento, sustituía como objeto de la reserva “la compraventa del inmueble” y en su lugar fijaba “la compraventa de la totalidad del paquete accionario de la sociedad escindida (Shoreview Propierties) titular del inmueble” en cuestión. Es decir, en lugar de comprar el predio, Dubris SA se comprometía a comprar todas las acciones de la empresa que se crearía, cuyo único patrimonio era el predio en Punta del Este.
El 27 de setiembre de ese año, Damiani pidió que se aceleraran los procesos para finalizar con la escisión. “Los clientes tienen la necesidad de concluir con los trámites”, escribió Simon, porque están por “firmar un acuerdo”. En un mail posterior, el escribano le adelantó a un empleado de MF, que “el interesado que quedaría con la firma Shoreview está finalizando un acuerdo con la firma Dubris de Uruguay, con quien Jaguar tenía suscripto un documento para la compra de la tierra adjudicada a Shoreview, encontrándose en la parte final de la redacción del acuerdo, que en principio se firmaría en Panamá”.
Si bien el boleto de compra por el predio en Punta del Este fijaba su precio en U$S 16.500.000, en el acuerdo de escisión entre Jaguar Capital y Shoreview Propierties —también redactado a pedido de Damiani— las dos partes tasaron el padrón 10665 en U$S 2 millones.
En noviembre del 2013, cuatro meses después de que el estudio Damiani empezara las gestiones para la escisión de Jaguar Capital, los documentos estaban prontos. Uno de los acuerdos dice que Dubris SA pagó hasta U$S 5.500.000 por el predio en Punta del Este, pero que “Jaguar y Dubris luego de diversas instancias acordaron verbalmente en prorrogar los plazos establecidos para pagar el saldo de precio acordado” y que la compañía Dubris se vio “imposibilitada de cancelar en tiempo y forma” sus compromisos, “situación que fue tolerada por Jaguar a petición de Dubris”. Por eso acordaban que Dubris adquiriera el 100% de las acciones del paquete accionario de Shoreview Propierties, “cuyo único activo y patrimonio es el inmueble”. Además, la sociedad anónima Egerton, hasta ese momento única dueña de Shoreview Propierties, garantizó en el documento que en el predio en cuestión contaba con autorización municipal para alojar un desarrollo inmobiliario de 30.000 metros cuadrados. Según informó “El Observador” en 2014, en ese predio proyectaban construir una torre de 25 pisos.