Sin embargo, el plan falló. Desde el sábado pasado González Valencia se encuentra tras las rejas, al igual que su pareja Wendy Delaithy Amaral Arévalo, un matrimonio que los ayudaba y un uruguayo involucrado en las maniobras de lavado de dinero. También fueron detenidas otras seis personas vinculadas al matrimonio mexicano, entre ellas un ex futbolista uruguayo, aunque por el momento fueron liberadas por la Justicia.
Fuentes que participaron en la investigación destacaron que es el primer “narco grande” que “cae” en Uruguay. “No hay antecedentes de gente con tanto peso. Es un pesado de un cártel pesado, y eligió venir a vivir y lavar plata a Uruguay”.
La presencia de los mexicanos no había pasado desapercibida para la Justicia de Crimen Organizado, que desde tiempo atrás seguía sus pasos e intervenía sus comunicaciones telefónicas. Sin embargo, la publicación por parte de Búsqueda el jueves 14 de algunos detalles sobre las sociedades anónimas uruguayas y panameñas que manejaba el matrimonio aceleró la actuación de la Justicia.
Ante el riesgo de que el mexicano se escapara, la policía decidió actuar: el jueves 21 lo detuvo en un predio deportivo del colegio Scuola Italiana, ubicado en Carrasco, donde había concurrido para retirar a sus hijos y, según la información de inteligencia, huir del país. Ese día también fueron detenidas otras diez personas, y más tarde la Policía detuvo a su esposa, cuando regresó a Uruguay después de pasar unos meses en México.
Según informó en conferencia de prensa el lunes 25 el director general de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas, Walter Menéndez, en el operativo se incautaron nueve vehículos, el chalet “Quincho Grande” donde vivían los mexicanos en Punta del Este, siete tablets, nueve computadoras portátiles, unos 45 teléfonos celulares y un teléfono satelital que el mexicano utilizaba para las llamadas internacionales.
Además, la jueza Adriana de los Santos dispuso un embargo genérico contra González Valencia por U$S 10 millones.
“Los Cuinis”.
Según el auto de procesamiento de la jueza, a mediados de 2015 la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central denunció ante la Justicia de Crimen Organizado que la Oficina de Control de Activos Financieros (OFAC por su sigla en inglés), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos había incluido a Amaral Arévalo en la lista de narcotraficantes por proveer apoyo financiero y servicios a la organización mexicana de narcos denominada “Los Cuinis”.
La mujer tenía una cuenta en el banco HSBC de Uruguay, y se encontraba “vinculada con sociedades panameñas y uruguayas que poseen activos” en el país, informó la UIAF y solicitó que se inmovilicen los fondos y que se investiguen los hechos ante la presunta comisión de un delito de lavado de activos. Entonces la sede dispuso el inicio de la investigación.
La publicación de Búsqueda —que según fuentes de la investigación fue “clave” para concretar la detención de los involucrados— precipitó las cosas. En su edición del jueves 14 el semanario informó que González Valencia, presuntamente relacionado con dos cárteles mexicanos, vivía en un chalet en Punta del Este. Además informó que, junto a su esposa, estaba vinculado a sociedades anónimas panameñas creadas por MF y que el intermediario en Uruguay fue el estudio notarial Asesores y Consultores del Sur Ltda. (Asconsur). Los datos surgieron a partir de un análisis de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca (MF), filtrados en el marco de una investigación periodística internacional en la que participó Búsqueda.
Siete días más tarde la Justicia detenía a 11 involucrados y dos días después, el sábado 23, varios fueron a prisión. A pedido de la fiscal de Crimen Organizado María de los Ángeles Camiño, la jueza De los Santos procesó con prisión a González Valencia por lavado de activos. El mexicano se encuentra requerido por la Justicia de Estados Unidos, que lo investiga por narcotráfico, y con ese delito como precedente del lavado de activos la Justicia pudo procesarlo en Uruguay.
También fue procesado por lavado de activos su suegro, de nacionalidad mexicana, que estaba en Uruguay al momento del arresto, y que tiene una condena en su país por narcotráfico.
Según el pedido de procesamiento de la fiscal Camiño, González Valencia y su esposa Amaral Arévalo, junto a sus tres hijos menores, vivían en Punta del Este desde 2011. Antes habían vivido en Buenos Aires. En los últimos meses González Valencia, sus hijos y dos niñeras se había trasladado a Montevideo y se alojaban en los hoteles Gemma y Cottage. Buscaba alquilar un apartamento en el barrio Carrasco, para lo cual habían contactado a un agente inmobiliario, pero el negocio no se concretó porque el mexicano no quería que su nombre figurara en el contrato de arrendamiento.
Según la fiscal, el dinero que manejaba el matrimonio estaba presuntamente “vinculado al narcotráfico” y se sospecha que se usaba para “apoyar los servicios financieros de la Organización de Narcos llamados ‘Los Cuinis’”. El líder de ese cártel es Abigael González Valencia, procesado por la Justicia de México en febrero de 2015, y hermano del detenido en Uruguay.
“Los Cuinis” es una de las organizaciones mexicanas de tráfico de drogas más ricas del mundo, y tiene redes de distribución hacia Europa, Canadá y Asia.
“Existen serios indicios” de que el dinero que gastaban los mexicanos procesados en Uruguay “proviene presuntamente de las actividades de narcotráfico”, dijo la jueza en su resolución. También vinculó a los procesados con el cártel “Jalisco Nueva Generación”, cercano a “Los Cuinis”.
El matrimonio mexicano gastaba “abultadas sumas de dinero”, envió a sus hijos primero al colegio “St. Claire” en Punta del Este y este año a la “Scuola Italiana”, indicó la fiscal. Pero ni a González ni a su suegro se les conoce “actividad laboral alguna”, “pese al alto nivel de vida que llevan”.
A través de las sociedades adquiridas a MF compraron varios bienes de “altísimo valor” en Uruguay. Entre ellos, el chalet en Punta del Este, adquirido en 2012 por U$S 2.000.000, varios autos de alta gama, entre ellos un “Audi Q7 TFSI” valuado en U$S 130.000, y tres solares en la zona de Punta Ballena por U$S 550.000.
Varios de los vehículos estaban a nombre de un matrimonio que trabajaba para los mexicanos, cuidaba el chalet y hacía tareas de jardinería. La pareja fue procesada con prisión por asistencia al lavado de activos.
En la compra de los predios en Punta Ballena intervino un agente inmobiliario, también indagado por la Justicia.
La investigación involucra además a una persona que vivía en Piriápolis y trabajaba junto a González Valencia, ayudándolo a lavar el dinero que llegaba desde México. La jueza dispuso su procesamiento por el delito de asistencia al lavado de activos.
La Justicia liberó por el momento a las otras seis personas que detuvo el jueves, entre ellas la escribana Gianella Guarino, directora del estudio notarial Asesores y Consultores del Sur Ltda., que asistió a los mexicanos en la compra de las sociedades panameñas. No obstante, las investigaciones continúan y podrían volver a ser citados a declarar.
El mismo sábado 23, cuando la Justicia metió en la cárcel a González Valencia, su suegro, y los otros tres involucrados, su esposa regresó al país. A su arribo al aeropuerto fue detenida por la Policía, que la condujo al juzgado, donde más tarde fue procesada por asistencia al lavado de activos. La mujer sabía que sería detenida ni bien pisara Uruguay, pero vino acompañada de una familiar que, espera, se hará cargo de los hijos de la pareja mientras están en prisión.
