Jefa de Abogacía de la Suprema Corte denunció en el TCA que fue sancionada por negarse a firmar un escrito que no había redactado

Pero la abogada defendió su decisión y cuestionó la sanción. En una acción de nulidad que presentó ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) en noviembre, a la que accedió Búsqueda, Collazo afirmó que el proceder del máximo tribunal fue “ilegítimo, arbitrario e injusto”.

La postura de la Corte no fue unánime. Dos ministros en minoría discreparon con la sanción por considerar que la funcionaria había recibido una orden “contraria a la ética” y no estaba obligada a cumplirla.

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En octubre de 2019, un mes después de que se aprobara la Ley 19.830, el secretario letrado de la SCJ, Gustavo Nicastro, contactó por teléfono a Collazo y le comunicó que le enviaría el escrito de una diligencia preparatoria para la demanda de inconstitucionalidad que los ministros habían decidido presentar. Según el relato de la abogada, le dijo que el documento ya estaba “confeccionado, pronto para presentar”, y que ella debía “simplemente firmarlo” y devolverlo ese mismo día o a más tardar al día siguiente.

Collazo aseguró que “desconocía totalmente el contenido” del escrito, y que no se le indicó “siquiera los artículos que se pretendían declarar inconstitucionales”.

“La particularidad de esta situación fue lo extraordinario del procedimiento: esto es, que se le solicitara sin más la firma de un escrito del cual no fue autora, no participó en su redacción y del cual no tenía ninguna participación, no conocía su contenido y se le mandataba estampar su firma con total inmediatez”, relató en la demanda.

La directora de Abogacía afirmó que “jamás” en su carrera se le había planteado algo así. Por el contrario, siempre recibió de la Corte “asuntos para su estudio y/o asesoramiento”. Collazo sugirió a Nicastro seguir el mecanismo habitual y planteó que, de lo contrario, prefería inhibirse de intervenir. Según su relato, el secretario letrado comprendió sus objeciones y no reiteró el pedido. El patrocinio del caso fue derivado a la Dirección Jurídico Notarial (Dijun) del PJ.

Un año más tarde, en noviembre de 2020, la llamó la entonces presidenta de la Corte Bernadette Minvielle para “sorpresivamente” hacerle “el mismo planteo”, narró Collazo. En esa oportunidad quería enviarle para su firma la demanda de inconstitucionalidad.

“Se continuaba así violentando a la compareciente y a los demás integrantes del Servicio de Abogacía, al pretender la firma de un escrito ya confeccionado, en un proceso asignado a otro profesional interviniendo en el asunto, sin perjuicio de desconocer, nuevamente, el derecho de inhibición que se le estaba obligando a manifestar por segunda vez y el principio de independencia técnico”, planteó.

Frente a su negativa, la Corte le solicitó que en un plazo de 72 horas presentara un informe explicando sus razones. Luego inició un procedimiento administrativo abreviado que culminó con la observación.

Collazo recurrió la sanción, pero los ministros Minvielle, Elena Martínez y Luis Tosi decidieron mantenerla. Tabaré Sosa y John Pérez discreparon, porque a su juicio no había “prueba evidente y manifiesta de la existencia de una falta”. Además, sostuvieron que la orden que se impartió a la funcionaria era “contraria a la ética”, y que el “principio de obediencia debida no es absoluto”.

En el escrito que presentó al TCA, la directora citó las discordias de Sosa y Pérez. “No puede ser objeto de ninguna orden jerárquica la violación a la independencia técnica”, afirmó. Collazo dijo que con su actuación la Corte incurrió en “violencia institucional”, ya que vulneró “su honor, prestigio y trayectoria jurídica de más de 30 años”.

“La Dra. Collazo parece no advertir que existe plena prueba de la comisión de la falta administrativa”, replicó la Corte en su respuesta ante el TCA. Esto es, la abogada “incumplió abiertamente órdenes impartidas para poder presentar escritos judiciales”, arrogándose “una suerte de poder objetor”.

El escrito señala que Collazo había expresado discrepancias con la decisión de la Corte, porque a su entender la Ley 19.830 era constitucional. Y si bien sostuvo que la abogada “es libre de expresar su posición personal sobre cualquier tema jurídico”, su opinión “no puede priorizarse y sobreponerse al posicionamiento institucional”. Funcionarios como ella “no están habilitados para juzgar la conveniencia de la decisión del jerarca máximo”.

Por otra parte, la Corte sostuvo que el Código de Ética del Colegio de Abogados no es vinculante y no sirve como “justificación para incumplir una orden impartida por el jerarca”. La Corte rechazó “enfáticamente” haber incurrido en desviación de poder y señaló que le aplicó la “sanción más leve”. Cuestionó a su vez que la abogada pretenda “distraer el centro del debate y apelar a la libertad de expresión o la independencia técnica, desconociendo su relación de subordinación jerárquica”.

Búsqueda contactó a Collazo, pero la abogada dijo que no quería hablar públicamente del tema.