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    Juan Pedro Damiani, el cliente privilegiado de Mossack Fonseca que se volvió un “riesgo” por sus presuntos vínculos con casos de lavado de dinero

    Los “Panama Papers” muestran cómo el presidente de Peñarol utilizó su llegada directa al bufete panameño para facilitar sociedades anónimas sin controles rigurosos de los beneficiarios finales, conseguir excepciones para sus clientes y hacer gestiones personales para empresarios vinculados con el escándalo de la FIFA, y cómo se convirtió en un problema al conocerse la ruta del “dinero K”

    Era mediados del 2007 y el estudio Mossack Fonseca (MF) tenía que idear un esquema para engañar a la Dirección de Transporte Aéreo de Panamá. Un cliente importante quería operar en ese país y necesitaba una sociedad anónima de pantalla con mayoría de accionistas panameños. Para MF era un tema sensible y no podía participar cualquier empleado de la empresa en la operativa. “Mi mano derecha para esto es Stella”, escribió en un correo electrónico interno el CEO de la firma, Ramsés Owens. Tan complejo era el asunto que el bufete de abogados solamente había hecho una estratagema similar una vez hasta ese momento y para un cliente muy especial: “Sólo lo hemos hecho para Damiani, para nadie más en la historia” de MF.

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    La relación privilegiada entre el estudio de Juan Pedro Damiani y MF, un bufete de abogados con sede en Panamá que se especializa en crear compañías offshore, le permitió al uruguayo conseguir tratos privilegiados para sus clientes, facilitar sociedades anónimas sin los controles habituales y ofrecerles mecanismos opacos para mover millones de dólares.

    Pero el trabajo le causó problemas al estudio panameño. Tantos, que en 2014 MF calificó a Damiani como un cliente de “riesgo” para su bufete y estuvo a punto de cortar los lazos comerciales. Es que Damiani tuvo como clientes y gestionó sociedades anónimas de Eugenio Figueredo, Mariano y Hugo Jinkis, tres personas involucradas en el escándalo de corrupción de la FIFA, el órgano rector del fútbol. Además, sociedades que compró Damiani y luego transfirió quedaron conectadas a presuntos casos de lavado de dinero de dirigentes kirchneristas.

    El estudio J.P. Damiani & Asociados llegó a manejar más de 300 sociedades anónimas creadas por MF, lo que lo convierte en uno de los estudios uruguayos con más sociedades creadas por el bufete panameño.

    Estos hallazgos son el resultado de una investigación realizada por Búsqueda como parte de un trabajo colaborativo junto al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla en inglés), el diario alemán “Süddeutsche Zeitung” y un centenar de medios de comunicación.

    Un viaje por los Jinkis

    Damiani estaba muy preocupado el 10 de agosto del 2007. Unos días antes, su estudio jurídico le había pedido a MF que firmara un formulario en el que certificara que la sociedad anónima de uno de sus clientes no debía tributar en Estados Unidos. Para Damiani era importante que ocurriera porque había convencido a los empresarios de que no cerraran su sociedad anónima, sino que la trasladaran a Nevada, Estados Unidos. Los clientes eran los argentinos Jinkis y la sociedad anónima era Cross Trading, una de las empresas que, según el FBI, se usaron para pagar coimas a los dirigentes de la FIFA con el objetivo de asegurar los derechos de televisación de algunos campeonatos de fútbol.

    En MF había dudas sobre si firmar el documento solicitado por el estudio Damiani. “No hemos firmado este tipo de documentos antes, y para proceder se deberá cometer a aprobación, con los últimos sucesos en la jurisdicción (Nevada) debemos tener cautela con lo que firmamos”, escribió en un correo electrónico una abogada del estudio panameño.

    La relación privilegiada entre el estudio de Juan Pedro Damiani y Mossack Fonseca le permitió al uruguayo conseguir tratos privilegiados para sus clientes, facilitar sociedades anónimas sin los controles habituales y ofrecerles mecanismos opacos para mover millones de dólares.

    Juan Fernández, socio de Damiani, solicitó en otro correo que tramitaran su pedido “con carácter urgente” porque los Jinkis lo requerían. Como el tema seguía trabado, el propio Juan Pedro Damiani envió un mail a MF en Panamá. Según surge de los documentos filtrados, cuando la situación entre los dos estudios se complicaba por algún pedido dudoso de los uruguayos, él escribía directamente los correos. Así, el 10 de agosto mandó un mail para allanar la situación de Cross Trading. “Adelantando mi viaje que esta vez espero concretar en la última semana de este mes o primera de setiembre, para ir puliendo y afirmando algunas operativas que veo que se están dificultando…, como ser el caso de Cross Trading, una compañía que de acuerdo a lo manifestado siempre por ustedes, puede operar fuera de los EEUU sin ningún tipo de incidencia fiscal”, escribió a uno de sus contactos en MF. “Me informa Juan Fernández que hay dificultades para firmar un formulario de tipo de exención fiscal que nos deja muy mal parados frente a nuestros clientes. Esta es una sociedad de Nieu que el interesado quería en principio abandonarla, pero fue nuestra sugerencia la redomiciliación en Nevada con todos los beneficios que ello conlleva, lo que nos imposibilita decir no a este pedido”. Y concluyó: “Descarto tus siempre inteligentes soluciones y te envío un fuerte abrazo”.

    Ese no fue el único momento en el que el estudio Damiani hizo gestiones especiales para Cross Trading. Unos meses antes, en setiembre del 2006, el estudio uruguayo llamó a MF para pedir una “explicación de unos sobres conteniendo cartas dirigidas a esta sociedad que estaban abiertos”, relató en un correo electrónico un empleado de MF. Los panameños dijeron que los sobres habían llegado sin destinatario a la oficina en Nieu y que por eso debieron abrirlos, explicación que fue suficiente para Damiani, aunque solicitó que la próxima vez enviaran los sobres en blanco para que los Jinkis constataran “dicha situación”. Otros mails describen a los Jinkis como clientes que esperaban un “concepto especial de confidencialidad”, según describió el diario alemán “Süddeutsche Zeitung” en un artículo publicado el domingo 3. “Juan Pedro Damiani organizó ese sistema de confidencialidad”, añadió el periódico.

    Larga relación con Figueredo

    Casi una década antes de gestionar sociedades anónimas para los Jinkis, Damiani ya cumplía tareas similares para Figueredo, el ex vicepresidente de la FIFA y ex presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). En 1996, Damiani tramitó la primera SA para el entonces dirigente del club Huracán Buceo: Brikford. Ese año MF abrió sus oficinas en Montevideo.

    A partir de allí, el trabajo de Damiani para Figueredo no se detuvo hasta que el año pasado éste fue detenido en Suiza junto a otros dirigentes del fútbol a pedido del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Según los “Panama Papers”, el presidente de Peñarol gestionó al menos siete sociedades anónimas de Figueredo y varias de su esposa, Carmen Burgos de Figueredo.

    El último trabajo del estudio Damiani para la pareja Figueredo-Burgos, de acuerdo a los documentos, fue a comienzos del 2015. En un mail fechado el 9 de febrero de ese año, el bufete uruguayo tramitó ante MF la emisión de un “poder general a favor” de Burgos para que la esposa de Figueredo pudiera “ratificar cualquier documento otorgado por la sociedad” Gilson Overseas SA en Uruguay. En un correo posterior, el 25 de febrero, el estudio uruguayo pedía “por favor omitir la dirección de la apoderada en el poder” que estaban por emitir. Esa sociedad anónima aparece entre las indagadas por la Justicia uruguaya.

    Por eso, cuando el 27 de mayo siete dirigentes de FIFA, entre ellos Figueredo, fueron detenidos en Suiza a pedido de EEUU, el tema fue objeto de conversación de carácter “urgente” entre el estudio Damiani y MF. El Departamento de Cumplimiento del bufete uruguayo informó dos días después a los panameños que eran “agentes residentes” de cinco empresas de Figueredo: Remstar Assets —tenedora de un inmueble en Maldonado, Uruguay—, Gilson Overseas —propietaria de cuatro inmuebles en Montevideo—, Jalisco Development —sin ningún activo—, Trimon Invest SA —sin activos, aunque tuvo un inmueble en Ciudad de la Costa, Canelones— y Capri Development Inc. —sin activos, aunque tuvo un inmueble en Montevideo y una cuenta bancaria.

    Unos días más tarde, la jefa del Departamento de Cumplimiento de MF se preguntaba en un correo electrónico si podían estar seguros de que ninguna de las propiedades de Figueredo había sido comprada con dinero de las coimas de la FIFA, en particular su participación en el emprendimiento de la cadena hotelera Hyatt, en la rambla de Montevideo.

    Figueredo fue extraditado desde Suiza a Uruguay a fines del 2015 a pedido de la Justicia especializada en Crimen Organizado, que investiga una denuncia por corrupción en la Conmebol. El ex vicepresidente de la FIFA se declaró culpable, confesó que había recibido un estimado de U$S 50.000 por mes en coimas y llegó a un acuerdo con la Justicia para entregar parte de sus bienes adquiridos con dinero sucio —las propiedades suman un valor de hasta U$S 10 millones— y brindar información para facilitar la investigación.

    Antes de que estallara el escándalo de la FIFA, Damiani ya se había convertido en un cliente muy problemático para Mossack Fonseca.

    La relación laboral con los Jinkis y Figueredo abrió dos flancos a Damiani. La FIFA comenzó a investigar sus vínculos con esas personas, ya que integraba el Comité de Ética del organismo, al que renunció. En respuesta a una consulta del ICIJ y “Süddeutsche Zeitung”, el presidente de Peñarol dijo que había informado del asunto a las autoridades del Comité de Ética de FIFA. Un vocero de la organización lo confirmó, pero añadió que Damiani brindó los datos el 28 de marzo, un día después de que el periódico le enviara un correo electrónico con sus preguntas sobre el tema.

    El domingo 3 de abril, el consorcio de periodistas que investiga los “Panama Papers” comenzó la difusión de los resultados del trabajo y uno de los temas centrales fue el rol de Damiani. Consultado ese día en el estadio Centenario previo al partido de Peñarol con River Plate, el dirigente intentó desmarcarse de Figueredo. “En diciembre de 2013, como presidente de Peñarol denuncié junto con siete clubes ante el Crimen Organizado de la Justicia uruguaya los ilícitos que había en la Conmebol. Después, en enero de 2014, otra vez yo junto a Peñarol enviamos una carta al entonces secretario de FIFA, Jerome Valcke —quien ahora se encuentra suspendido por 12 años—, por supuestas irregularidades en Conmebol y que había que estudiarlas, por lo que deberían pasarse al Comité de Ética de la FIFA”, dijo ese domingo. Añadió que, cuando en mayo del 2015 “aparentemente surgieron los primeros ilícitos”, decidió echarlo como cliente del estudio y que “todo eso está denunciado ante el Banco Central del Uruguay”.

    En declaraciones a la televisión y otros medios, Damiani insistió en que él fue uno de los denunciantes de los presuntos casos de corrupción en la Conmebol y que eso hizo que amenazaran a Peñarol con quedar fuera de las competiciones de la FIFA. “Parece poco razonable ser denunciante, haber sido testigo para ratificar la denuncia realizada ante la Justicia, y poder siquiera tener alguna vinculación con los hechos denunciados”, dijo. “Quizá sea precisamente por eso, por haber tenido el coraje de denunciar, que existan personas interesadas en dañar mi reputación y buen nombre con acusaciones tan falsas como injustas. En todo caso, quienes lo hagan deberán responder a su tiempo ante los tribunales competentes por sus calumnias”.

    Pero para algunos investigadores del caso consultados por Búsqueda, las declaraciones de Damiani podrían tener inconsistencias. Consideran que el dirigente deberá explicar en la Justicia uruguaya por qué, si tenía conocimiento de presuntos hechos de corrupción en la Conmebol —de la que Figueredo fue presidente—, como lo denunció en 2013, siguió trabajando para el ex vicepresidente de la FIFA hasta entrado el 2015.

    La fiscal de Crimen Organizado, María de los Ángeles Camiño, que está a cargo de la causa contra Figueredo, dijo a Búsqueda que “todo el caso y las líneas de investigación siguen abiertas”. La intervención de Damiani en el manejo de empresas de Figueredo no es algo nuevo para la Justicia, añadió, ya que éste proporcionó información al respecto. “Por el momento no se dispuso ninguna citación, sin perjuicio de que eventualmente Damiani pueda volver a comparecer como testigo, habida cuenta de los hechos de pública notoriedad”, dijo la magistrada. También aseguró que la Justicia “estudiará en profundidad todos los elementos sobre las personas uruguayas mencionadas” en los “Panama Papers” y “evaluará si eventualmente se toman medidas”.

    Un cliente “riesgoso” por el “dinero K”

    Antes de que estallara el escándalo de la FIFA, Damiani ya se había convertido en un cliente muy problemático para MF. En mayo de 2013 varios medios argentinos vincularon a las sociedades anónimas Helvetic Service Group, Aldyne Limitada y Eyden Group LLC en la ingeniería que presuntamente utilizaba el kirchnerista Lázaro Báez para lavar dinero de jerarcas del gobierno de Néstor Kirchner primero y de Cristina Fernández después. Si bien Damiani no aparecía mencionado en los primeros artículos de “La Nación” y “Clarín”, el tema lo preocupó lo suficiente como para hablar con los panameños.

    Según se desprende de los correos internos de MF, inmediatamente luego de la publicación, Damiani se contactó con la filial en Uruguay para solicitar información sobre las sociedades en las que Aldyne Ltd. aparecía como manager, ya que, explicó, “estaban pensando cambiarla en todas sus sociedades”. Los correos revelan que, al consultarle a Damiani la razón de dicha solicitud, este respondió que se debía a una publicación que mencionaba a la compañía, aunque no dio más detalles.

    “La pista de Helvetic Service Group, la empresa que se quedó con la financiera de Puerto Madero SGI, supuestamente usada para sacar dinero de Lázaro Báez del país, se extiende desde Suiza a Córdoba, pasando por Gran Bretaña, España, Nueva Zelanda, Estados Unidos y las islas Seychelles”, publicó entonces “La Nación”.

    En los correos internos, la abogada de MF Lurys Madrid sugirió que el bufete le cobrara a J.P. Damiani & Asociados por los cambios legales y que además le enviara una carta formal “sobre su actitud como un cliente profesional importante” de la empresa y le reprochara que la venta de uno de sus productos le había “desencadenado escándalos” que a MF le iban a costar, pues iban a tener que “incurrir en gastos”. Aldyne aparecía como administradora de al menos 45 sociedades anónimas creadas por MF, casi una decena vinculadas a Damiani.

    De qué forma proceder con Damiani fue objeto de discusión interna en MF. Quien era su ejecutivo principal en ese momento, Rubén Hernández, resolvió que solo debían cobrar a los uruguayos los costos legales de los cambios y no los honorarios. Tampoco había que mandar una carta formal sino manejar todo por teléfono.

    Los problemas continuaron. Madrid le solicitó información al estudio Damiani sobre algunas sociedades anónimas que los medios vincularon a la ruta K. Entre ellas estaba Huston Management, que tenía entre sus propietarios a Jorge Galitis, un corredor de bolsa argentino que también aparece vinculado a Aldyne Ltd. La respuesta de Damiani hizo enojar a varios empleados de MF. “En mi opinión ya es hora de tomar las acciones que decida la JD (junta directiva). Te recomiendo que prepares un mensaje poniendo los puntos más críticos, incluyendo obviamente la falta de cooperación y transparencia por parte del cliente (Damiani), de manera que ellos tomen cartas en el asunto”, escribió la abogada corporativa de MF Eyra Perdomo. “Nada está claro, y pareciera que quisieran enredar las cosas más de lo que están. Esa carta de referencia del mismo Damiani para el BO (beneficiario final) de Huston no es aceptable desde el punto de vista de cumplimiento, ya que indica claramente que (aunque es potestad de cada uno hacer el DD —debida diligencia— que le parezca) que no hicieron el DD relevante a su cliente”. La debida diligencia es una investigación básica de sus clientes que deben hacer los estudios de abogados, bancos y otras instituciones para detectar posibles casos de lavado de activos.

    En la filial uruguaya de MF también estaban molestos con Damiani: “Esto ya tiene una dimensión, que más allá de la relación de amistad que pueda tener el cliente Damiani con el Grupo Mossfon, será necesario que se le contacte por un abogado”, propuso la gerenta general Lorena Miranda en un correo de junio de 2013. “Desde el principio no se nos dio toda la información como correspondía y tú sabes que es así”, le escribió a la manager de MF. “Hemos tenido que indagar nosotros y pedirle por favor que nos confirme las cosas”, añadió. “Hay que pasar a mayores y actuar a la brevedad, son asuntos serios”.

    Al final acordaron que fuera el director comercial, Eduardo Fonseca, quien conversara con Damiani, le consultara qué otras estructuras había tenido su cliente involucrado en el escándalo y le explicara que la firma necesitaba estar informada de ese tipo de situaciones.

    En esa ocasión, en 2013, la sangre no llegó al río. Damiani siguió trabajando para Galitis, para quien hizo gestiones urgentes en momentos en que la sociedad Huston era, según un correo del estudio panameño, “una de las listadas en Nevada para el tema que ya conocen”.

    El supuesto lavado de dinero K volvió a aparecer en escena poco después y casi destruye la relación de años entre MF y el estudio JP Damiani & Asociados. En marzo del 2014, el diario “Perfil” informó que las autoridades uruguayas habían proporcionado nueva información a la Justicia argentina sobre las presuntas maniobras de blanqueo de capitales. “Uruguay detectó que entre marzo de 2012 y marzo de 2013, la empresa Decavail Uruguay SA giró 16,5 millones de dólares a Jaguar Capital LLC. Luego esta última envió ese dinero a una cuenta de Helvetic en el Principado de Liechtenstein, en Europa Central. ¿Qué explicación dio Decavail SA para justificar un giro de esa magnitud a Jaguar? Dijo a las autoridades uruguayas que le había comprado en cuotas un terreno en Punta del Este a Jaguar Capital LLC, la sociedad ligada a Helvetic”, describió el periódico argentino.

    Otra vez los empleados del estudio panameño debieron rastrear en su base de datos la información sobre las sociedades que crearon y que aparecían mencionadas en los medios. “Tenemos una sociedad disuelta de Nevada llamada Jaguar Capital LLC que estaba bajo la administración de Damiani”, escribió el 17 de marzo de 2014 Sandra de Cornejo, jefa del Departamento de Cumplimiento de MF.

    Tres días después, el 20 de marzo, el director del departamento de Marketing de MF, Carlos Sousa-Lennox, trazó un plan de acción para enfrentar el tema de Jaguar Capital. Una de las medidas era parar cualquier transacción que MF estuviera haciendo en ese momento para Damiani. Otro punto era realizar una “investigación de todas las sociedades con Damiani” con la intención de “tener todo en orden”. Y a Damiani había que decirle, según Sousa-Lennox: “Te has vuelto en nuestra matriz de riesgo un cliente riesgoso y vamos a pedir DD completo a lo nuevo y a lo viejo case by case”.

    Mientras eso se debatía en Panamá, en Argentina y Uruguay aparecían nuevas denuncias que salpicaban a Damiani. “El Observador” y “Perfil” informaron sobre la participación de Helvetic Services Groups y otras sociedades en la compra posiblemente irregular de un campo en Maldonado. Damiani difundió entonces un comunicado en el que aseguró que su estudio “tiene como política de trabajo no contar con clientes denominados PEP (personas expuestas políticamente)”. Además negó haber tenido como clientes a personas “mencionadas en forma directa o indirecta” en causas judiciales que se tramitaban en Argentina.

    En Panamá, mientras tanto, el 30 de agosto de 2014 la Junta Directiva de MF había resuelto renunciar a varias compañías y fideicomisos de Damiani. Sin embargo, según se desprende de correos intercambiados entre ese bufete y el estudio uruguayo, en octubre de 2014 representantes de la firma panameña viajaron a Montevideo con el fin de hacer una “revisión” de los clientes de Damiani y unificar las “políticas y procedimientos” de los departamentos de Cumplimiento de ambas firmas. Después de esas reuniones llegó la contraorden. “Las renuncias quedan sin efecto y seguimos atendiendo a Damiani”, escribió una jerarca de MF.

    Lázaro Báez fue detenido el martes por la policía argentina por varias causas vinculadas al lavado de dinero K.

    Lindas charlas

    Damiani tenía decenas de clientes argentinos y peleaba firme, en muchos casos, para que los panameños les hicieran excepciones. También les ofrecía servicios especiales.

    En mayo de 2014, J.P. Damiani & Asociados compró las compañías Awen Holding SA y Vadel International Foundation. En junio, el estudio pidió “urgente” un poder general de la compañía Awen Holding para Claudio Esteban Aletta y Federico Daniel Aletta. MF solicitó más información sobre el cliente. Desde el estudio aclararon alguna información pero sin enviar los documentos completos. MF insistió y entonces el estudio uruguayo protestó que simplemente estaban pidiendo un poder a favor de su cliente, y que les llamaba “poderosamente” la atención los requerimientos de la firma. Entonces MF señaló que Claudio Aletta era un cliente PEP y que por eso necesitaban más información para poder trabajar con él. Claudio Aletta era funcionario de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de Argentina. Finalmente acordaron emitir el poder general a nombre de su hijo Federico.

    Otra vez Damiani envió información incompleta, ahora de Federico Aletta. MF insistió en que el Departamento de Cumplimiento exigía más documentos (entre otras cosas, el pasaporte del cliente no estaba completo y le faltaban cartas de referencia bancaria). En este punto el propio Juan Pedro Damiani escribió un correo a la abogada de MF mencionándole que había tenido una “linda charla” con el CEO de MF, y que habían planeado un viaje a Panamá para una reunión entre los “principales” de ambas firmas. Además alegó que sería “persecutorio” solicitarle una nueva documentación completa al cliente, por lo que insistió en que prosiguieran con el trámite. Finalmente MF accedió.

    Además de proveer sociedades anónimas panameñas, el estudio de Damiani también ofreció a sus clientes mecanismos para mover su dinero a través de las redes offshore. Ese es el caso, por ejemplo, de la solución que encontró Damiani para que el empresario argentino Francisco Minieri justificara una transferencia de U$S 4 millones de una cuenta en Suiza a otra en el Principado de Liechtenstein, sin que quedara rastro de que era el propio Minieri el beneficiario final de ese trasiego. En esa oportunidad también recurrió a Helvetic Service Group, clave en el esquema de presunto lavado K.

    Damiani tenía decenas de clientes argentinos y peleaba firme, en muchos casos, para que los panameños les hicieran excepciones. También les ofrecía servicios especiales.

    La operativa ideada por el estudio quedó clara en un intercambio de correos electrónicos que comenzó el lunes 11 de julio de 2011 con un mail enviado por Juan Fernández, socio de Damiani, a MF. Meses antes Minieri había vendido su laboratorio Rontag SA Argentina por unos U$S 15,7 millones a una multinacional. De esos, al menos cuatro millones estaban en una cuenta en Suiza.

    Para esa operativa sensible el estudio uruguayo solicitó a MF los servicios de Edmund Ward, un panameño que había sido suegro de uno de los fundadores del estudio. En palabras de Fernández, Ward debería fungir como accionista de la sociedad uruguaya Rontag SA, administrada por el estudio Damiani. “Dicho fideicomiso deberá verificarse en el 2001 (diez años antes del intercambio de mails) y como resultado se suscribirá un contrato” que “daría origen a la relación entre Ward, en su calidad de accionista de Rontag SA y el señor Francisco Minieri, accionista y cliente de Laboratorio Rontag SA en la República Argentina”.

    El esquema incluyó la creación de otros documentos antedatados que justificaran el movimiento de dinero. “La única actuación del Ing. Ward será la de emitir cartas poder para que un representante de nuestro estudio comparezca en la Asamblea de Accionistas de Laboratorios Rontag SA de Uruguay”, explicó Fernández en su mail. Y agregó después: “Luego, con fecha 28 de marzo de 2010, se suscribiría el contrato final por el cual se resuelve la liquidación y disolución de Laboratorios Rontag SA”.

    En el intercambio de correos están los contratos y cartas creadas para la ocasión, con fechas de 2001, 2010 y 2011. Uno de los contratos cuenta la historia de la supuesta relación comercial de años entre el panameño y el argentino. El objetivo era justificar que, con la venta de Rontag SA Argentina, Minieri le tenía que pagar una indemnización de U$S 4 millones a Ward. En realidad, por prestarse para el esquema, el ingeniero panameño cobraría U$S 7.500, según la cotización incluida en una de las respuestas de MF.

    Uno de los documentos dice que Minieri y Ward “se conocen de muy larga data, habiendo a su tiempo cultivado una relación, como consecuencia de la convergencia circunstancial en distintos ámbitos y centros de estudios e investigación de Europa”. Más adelante asegura que el “lobby” de Ward fue fundamental para el crecimiento del negocio y su “sensible colaboración” permitió concretar la venta de Rontag SA Argentina a Astrazeneca. Toda esa supuesta relación laboral explicaba por qué Minieri pagaría U$S 4 millones a Ward como consecuencia de la venta de Rontag Argentina y el “compromiso” del panameño de liquidar (en otra decisión con fecha retroactiva) Rontag SA Uruguay. Mientras Ward no cumpliera con todos los requisitos, no podría acceder a los millones, que quedarían en una cuenta suiza manejada por Helvetic Service Group SA (la misma del dinero K).

    Además de proveer sociedades anónimas panameñas, el estudio de Damiani también ofreció a sus clientes mecanismos para mover su dinero a través de las redes offshore.

    Minieri, además, apareció mencionado en otra filtración de documentos denominada Swiss Leaks, ocurrida en 2015, en la que varios medios accedieron a miles de documentos del banco HSBC. A partir de esa información, AFIP evaluó que el empresario estaba entre posibles evasores del fisco argentino.

    En los papeles y contratos elaborados por el estudio Damiani, Ward cumple con todos los requisitos y logra hacerse con los U$S 4 millones. Y lo primero que hace el panameño, una vez que presuntamente es millonario, es ordenar (el 23 de mayo, otra vez, una fecha anterior a todo lo ideado por Damiani) que el dinero fuera transferido a una cuenta en Liechtenstein a nombre de la compañía Golden Sky Property Corporation, cuyo único beneficiario es Minieri, el empresario argentino. Ese es el final de la operativa para justificar el movimiento de dinero.

    En el intercambio de correos, el 4 de agosto de 2011, MF le pidió al estudio uruguayo que diera algunos detalles del esquema. El encargado de responder fue Juan Pedro Damiani, un miembro del estudio. El uruguayo explicó que el dinero estaba en la cuenta del UBS Wealth Managment de Suiza desde mayo de 2010 y que fue girado por AstraZeneca, el comprador de Rontag SA Argentina. Y la duda cuya respuesta explicaba toda la operativa estaba en el mismo correo: “Entendemos que el beneficiario final de los fondos será la sociedad Golden Sky Property Corp, conforme a la carta de fecha 23 de mayo de 2011. De ser así, vamos a requerir una copia del Registro de Accionistas de esta compañía para determinar quién será la persona natural beneficiaria final de esos fondos”, consultaron los panameños. La respuesta de Damiani llegó en rojo: “Las acciones son al portador y el beneficiario final es el señor Francisco Minieri Saint Beat”.

    Información Nacional
    2016-04-07T00:00:00