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A casi 16 meses de la intervención de Casa de Galicia y a más de un año de que la Justicia decretara su cierre, el Frente Amplio iniciará, tras el fin del receso parlamentario, una revisión de todo el proceso que desembocó con el cierre de la histórica mutualista. La diputada Cecilia Cairo dijo a Búsqueda que son muchos “los temas que preocupan, que llaman la atención” a lo largo del periplo.
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Uno de esos temas preocupantes y llamativos al decir de la legisladora refiere al contenido de dos informes elaborados por dos veedores designados para analizar la situación de Casa de Galicia, el doctor Luis Fraschini —exministro de Salud durante el gobierno de Jorge Batlle— y el contador Óscar Pereyra. Los informes fueron realizados en 2022, previo a la intervención.
Un pronunciamiento del entonces presidente de la Junta Nacional de Salud (Junasa), Luis González Machado, el 28 de agosto de 2021, en el cual señalaba que Casa de Galicia había experimentado “un proceso continuo de pérdida de afiliados, padeciendo asimismo un deterioro económico que determinó la acumulación de resultados deficitarios en sus balances”, fue considerado clave para que el gobierno resolviera finalmente la intervención de esa mutualista el 26 de octubre de ese año. Fue una de sus últimas acciones al frente de ese organismo encargado de velar por los principios rectores del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS). Para el 1º de setiembre había sido sustituido por su actual titular, Alberto Yagoda.
El primero de los informes, elaborado luego de estudiar los números de la institución durante cuatro meses, fue un estudio sobre cómo se encontraba Casa de Galicia. Originalmente iba a ser el único informe sobre esta institución. Este definía un escenario económico financiero “muy delicado” provocado por una crisis que se arrastraba desde hacía más de 30 años, donde malas gestiones llevaron a una pérdida de socios. No obstante, señalaba que no hubo un mal uso de los fondos generados por ese fideicomiso, otorgado en 2019, durante el último gobierno del Frente Amplio, y aclaraba la compra del 51% de las acciones de la clínica Leborgne.
El segundo informe surgió luego de que el entonces presidente de Casa de Galicia, Alberto Iglesias, lograra un crédito de US$ 12 millones del banco Santander para sanear la institución, más un plan de optimización de los insumos y los recursos humanos, con lo que pidió un nuevo fideicomiso. Para ello hizo la solicitud ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el 24 de junio de 2021. El gobierno les pidió a los mismos veedores que analizaran esta alternativa.
Este nuevo estudio estuvo pronto en 30 días y fue presentado a la Junasa a fines de julio. Se lo mencionaba como un proyecto viable, “sustentable” y que “los supuestos en que se basa a priori parecen razonables”, indicaba el resumen del informe.
Pese a eso, la institución resultaría intervenida. Según afirmaron fuentes políticas y técnicas a Búsqueda, el propio González Machado pidió a los veedores que se modificara el contenido de este informe, dejando entrever que tenía una cierta “benevolencia” con Casa de Galicia. Ninguno accedió a ese pedido.
A fines de agosto, González Machado recomendó la intervención de Casa de Galicia, paso previo a su cierre, finalmente decretado por la Justicia en diciembre de 2021.
Ninguno de los implicados quiso hacer declaraciones a Búsqueda. Pereyra indicó que no podía hacer comentarios porque era “un trabajo estrictamente técnico” en el cual estaban sometidos a un acuerdo de “confidencialidad” con la Junasa. Fraschini tampoco quiso manifestarse, aunque agregó que hablaría ante la Justicia de ser citado “como cualquier ciudadano”.
“Hace más de un año que estoy retirado del MSP”, le respondió González Machado a Búsqueda vía WhatsApp cuando fue consultado. Cuando se le indicó el tema, declinó contestar.
Alberto Iglesias. Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS
Citación
La ofensiva del Frente Amplio es una respuesta a un pedido del expresidente José Mujica quien en noviembre pasado solicitó a los legisladores que “tomen cartas en el asunto”. Esto fue al día siguiente de que el expresidente de Casa de Galicia, Alberto Iglesias, declarara a Búsqueda que desde el gobierno y el Ministerio de Salud Pública (MSP) en particular hubo una “intencionalidad desproporcionada” contra la mutualista para “intervenirla, liquidarla y venderla”.
Iglesias dijo a Búsqueda que “desde el 29 de noviembre de 2021” espera que el fiscal de Delitos Económicos, Gilberto Rodríguez, lo cite a declarar por la denuncia en su contra que presentó el MSP, que incluye delitos de estafa, apropiación indebida y libramiento de cheques sin fondo. “Voy a contestar todas las acusaciones y voy a llevar los informes de los veedores. Y voy a pedir que (los veedores) sean citados”, añadió.
Una vez cumplida esa instancia, Iglesias —quien asumió la presidencia de Casa de Galicia en 2018— evaluará las posibilidades de entablar una contrademanda “en todos los niveles que corresponda”.
Cairo, del Movimiento de Participación Popular (MPP), sector liderado por Mujica, dijo que “no está descartada” ninguna acción a nivel parlamentario. El cierre de Casa de Galicia, aprobado por el Poder Legislativo en febrero de 2022, fue fruto de un acuerdo político entre el gobierno y la oposición. Votaron en contra los senadores nacionalistas Sergio Botana y Juan Straneo. “En ese momento se tomó esa resolución que parecía la mejor, posteriormente surgieron otros elementos”, reconoció la diputada frenteamplista.
