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Un solo inspector para cubrir 493 centros de vacunación sin tener la formación ni la planificación para realizar su trabajo. Canales informales que no garantizan una correcta comunicación interna. Uso de un sistema informático obsoleto, el MS-DOS. Mal registro de datos en las vacunaciones móviles. Humedades, pedazos de revoque caídos, fisuras y grietas inadecuadas para almacenar productos químicos y material médico.
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Estos son algunos de los problemas detectados en la operativa de la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes (Chlaep) y en el Laboratorio Calmette, que esta gestiona, en cumplimiento del Plan Nacional de Vacunación (PNV), a lo largo de casi dos años, todo 2022 y los primeros 10 meses de 2023. Las falencias están reseñadas en un informe de la Auditoría Interna de la Nación (AIN), fechado en marzo, que detectó siete puntos —“hallazgos”— para corregir. Cinco de estos son señalados como de riesgo “extremo”, debilidades consideradas “muy significativas” a reparar a la “mayor brevedad posible”, y los otraoos dos “alto”, pasibles de causar un “alto riesgo” al organismo, y que también deben ser subsanados pronto.
La AIN concluye que la comisión presenta “debilidades de función interno” que “no permiten asegurar” la eficacia del cumplimiento del PNV, así como la confiabilidad en la información brindada.
Según el informe, esta conclusión se basa en “ausencia y debilidades en las actividades de control y seguimiento en los centros de vacunación”, sistemas informáticos “obsoletos y discontinuados”, “cargos acéfalos en áreas claves” de la estructura organizativa, ausencia de la Unidad de Auditoría Interna, “conforme a lo establecido en la normativa vigente”, canales de comunicación que “denotan una informalidad en sí mismos” y carencias en las “condiciones edilicias destinadas al almacenamiento de material médico y productos químicos”.
Esta auditoría abarcó el período que va de enero de 2022 a octubre de 2023, salvo en casos puntuales donde se analizaron fechas posteriores.
Creada en 1946, la Chlaep es responsable desde 1986 de la operativa del Plan Nacional de Vacunación, que cuenta con 493 centros en todo el país y tres vacunatorios móviles. Además de todo lo relacionado a la tuberculosis, está a su cargo la ejecución del Programa de Poseliminación de la Enfermedad de Hansen (lepra) y coopera, convenio con el BPS mediante, con el Programa Nacional de Pesquisa Neonatal. Al 10 de enero de 2023, de acuerdo con el Plan Estratégico 2023-2027, esta comisión tenía 362 funcionarios.
Cinco extremos, dos altos
El primer hallazgo detallado en el informe, considerado de riesgo “extremo”, refiere a los controles en los centros de vacunación. La AIN detectó la presencia de “un solo inspector” para atender los casi 500 establecimientos. Este funcionario “carece de la formación académica” para su tarea y no cuenta con “una planificación de la actividad inspectiva” ni “manuales de procedimiento” para trabajar. Debido a esto hay “falta de oposición de intereses”, porque “se asigna parcialmente la tarea a las encargadas de supervisar los centros periféricos del interior del país en su área de cobertura”. Tampoco hay un criterio para aplicar correcciones y su posterior seguimiento.
También como “extremo” fue rotulado el siguiente hallazgo sobre la actividad inspectiva. Hay varios cuestionamientos sobre el registro de esta tarea: los formularios no están prenumerados, no hay en todos los casos constancia de recepción, los campos destinados a “comentarios generales” se han llenado con información que no corresponde, como consideraciones sobre la cadena de frío o “licencias del personal”, hay documentos incompletos o ilegibles o información incompleta. En todos los casos donde había observaciones anteriores no se detalló si estas se habían subsanado.
“La organización no cuenta con un sistema operativo, programas y equipamiento informático acordes a sus necesidades, así como una adecuada política de acceso”, detalla el informe en otro de los puntos de riesgo extremo. La AIN constató que la organización trabaja con MS-DOS, un sistema “obsoleto”, “discontinuado” y “sin mantenimiento desde 2000”, por lo que no admite actualizaciones. Hay una notoria inseguridad: contraseñas compartidas entre distintos usuarios, posibilidad de alterar datos sin autorización ni posibilidades de exportar información a otros programas como Excel. Hay dificultades para conseguir repuestos de hardware y personal técnico para su mantenimiento; “es de considerar que en la actualidad las dos personas a cargo poseen causal jubilatoria”, se indica.
En otro de los sistemas utilizados, CUBO, la identificación de los centros vacunatorios no es la adecuada, lo que no facilita la obtención de estadísticas y requiere apelar a las tareas manuales.
Otro factor para solucionar a la mayor brevedad posible refiere a la estructura organizativa. No se detectó un manual de organización y de funciones; entre diciembre de 2022 y noviembre de 2023 estuvo acéfalo el cargo de coordinador general, así como el de inspector general desde el 1º de diciembre de 2023. Hay tareas y responsabilidades “no designadas formalmente” ni unidad de auditoría interna, entre otros señalamientos.
El último hallazgo de riesgo extremo es el vinculado al almacenamiento de productos químicos y muestras médicas. La inspección ocular detalla “debilidades de estructura edilicia”, un desagüe “en el piso sin tapa” y cortocircuitos a simple vista. El material médico es de fácil acceso porque está almacenado “en los corredores” y el alcohol está depositado “en el salón de actos”.
Entre los hallazgos de riesgo alto están los referidos a “información y comunicación” y a “actividades de vacunación a través de móviles”. En los primeros se incluyen comunicaciones informales para aprobar salidas de puestos móviles de vacunación y falta de instrucción formal para el inspector. Tampoco se verificó un registro formal para comunicar irregularidades. Finalmente, no está definido quién debe reportar al MSP los inconvenientes que se constaten en los centros de vacunación.
En el último se detallan las “debilidades” a la hora de registrar las actividades en los vacunatorios móviles, de coordinación con los destinatarios de las vacunas y de comunicación de los resultados al ministerio.
