En este marco Agro de Búsqueda se propuso realizar una puesta a punto sobre los presupuestos de algunos de los principales institutos, su forma de financiarse, los destinos de sus principales gastos, así como los planteos que realizan sus actuales autoridades para mejorar su situación.
INIA
El Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) tiene un presupuesto anual de unos US$ 43 millones y cuenta con una plantilla de alrededor de 800 funcionarios, que se dividen entre permanentes y no permanentes, y profesionales y no profesionales; entre 120 y 130 son investigadores. El costo de los salarios y aportes equivale a alrededor del 65% del presupuesto y el 35% restante corresponde fundamentalmente a costos operativos.
Desde el año 2015 el Estado realiza un aporte anual fijo de $ 600 millones (unos US$ 15,8 millones), monto que ha ido perdiendo valor debido a la inflación acumulada. Por esa razón, y previendo un incremento de costos –como los salarios, que se han ido incrementando– el año pasado INIA solicitó un refuerzo presupuestal de $ 100 millones (unos US$ 2,6 millones), que fue denegado en el marco de la Rendición de Cuentas.
En la ley fundacional de INIA los aportes al presupuesto del instituto se hacían en partes iguales entre el sector privado y el sector público. Pero al principio de la actual administración de gobierno, a través de la Ley de Presupuesto, se estableció que los productores debían mantener sus aportes, pero el Estado tenía la posibilidad de “retacearlos”, dijo en entrevista con Agronegocios Sarandí, de radio Sarandí, el presidente del INIA, José Bonica.
“Esto hizo que ahora estemos groseramente en una relación 70% a 30%, con un mayor aporte de los productores que del Estado”, agregó.
“En esta situación, muy oscura, estuvimos durante la pandemia, cuando no teníamos claro cuál sería el horizonte. Después de la pandemia tuvimos un cambio muy grande, por la suba de los precios de los commodities, así se compensó lo vivido, pero después vino la seca y nos volvió a una realidad no tan buena”, recordó.
De todos modos, Bonica valoró que los aportes han llegado siempre en fecha, “como debe ser”, tanto los del Estado como los de los productores, que son procesados previamente por la Dirección General Impositiva (DGI).
“Pero con estos menores recursos que tuvo la institución se intentó mantener la investigación, y se postergaron las inversiones”, admitió Bonica.
Este retraso en las inversiones llevó a que el organismo actualmente cuente con un fondo de reserva de US$ 60 millones, y esa fue una de las razones que se argumentó en el Parlamento para denegarle el refuerzo presupuestal solicitado.
Además del aporte directo del gobierno central, INIA recibe un aporte generado a través de un adicional al Imeba, que es variable, ya que depende de la recaudación, pero suele ubicarse entre US$ 25 y US$ 30 millones.
El instituto también recibe aportes menores, por regalías, convenios, producción propia y venta de algunas maquinarias y herramientas obsoletas, por ejemplo, que en total suman alrededor del 20% del presupuesto total.
Plan Agropecuario
Muy distinta es la situación del Instituto Plan Agropecuario (IPA), cuyo presupuesto se vota al inicio de cada período de gobierno, a través de la ley denominada Presupuesto Nacional de Sueldos, Gastos e Inversiones.
El presupuesto total del IPA es de $ 77 millones anuales, unos US$ 2 millones. “Es un presupuesto anual fijo y en pesos”, puntualizó el presidente de la institución, Esteban Carriquiry, al ser consultado por Agro de Búsqueda. “Esto quiere decir que año a año la inflación va deteriorando tu balance”, agregó. De todos modos, valoró la baja de la inflación en los últimos años como un “alivio” para las cuentas del instituto.
En el IPA trabajan alrededor de 40 personas y el 90% de sus gastos corresponden a sueldos, y como están indexados por el Índice de Precios al Consumo (IPC), van aumentando, mientras que los ingresos siguen siendo fijos.
“En 2022 tuvimos un refuerzo presupuestal para ejecutar el proyecto que denominamos Programa Grupos Plan, en el que estamos trabajando con 30 grupos de productores. Eso nos dio un alivio parcial, porque si bien generamos más gastos también tuvimos un refuerzo presupuestal”, detalló.
Ese refuerzo fue de $ 20 millones, pero está comprometido a la ejecución de un nuevo proyecto, que requería nuevos gastos y contratos.
Además, el IPA tiene dos fuentes de financiación genuinas, que son los cursos de capacitación, dos proyectos financiados por el Fondo de Promoción de Tecnología Agropecuaria (FPTA) y algunos ingresos por concepto de patrocinio de empresas.
“Creo que la salida a esta situación es generar más proyectos y financiarse con gente que le pueda ser útil el trabajo del Plan. Esa debería ser una manera genuina de financiarse, para no estar siempre pidiéndole a papá Estado que siga aportando fondos. Porque es una realidad que el Estado también tiene que atender otros temas que son tal vez más importantes, como la salud pública, la educación, y por lo tanto la extensión agropecuaria termina no siendo prioridad”, reconoció.
Carriquiry también consideró que sería interesante si el IPA tuviera una financiación parecida a la que tiene el Instituto Nacional de Carnes (Inac) o el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), que se financian en parte a través de un porcentaje de las exportaciones de los productos agropecuarios. “Tal vez sería importante que parte de eso fuera a la extensión que realiza el IPA”, dijo.
Ante propuestas que plantean una reducción de la institucionalidad o la fusión con otros organismos, Carriquiry respondió: “no lo tengo claro”. Planteó, a modo de ejemplo, que el IPA no solo se alimenta de la investigación que genera INIA, sino también de la que genera la Universidad de la República, de la que se genera en el exterior y en el sector privado. “Esa independencia técnica es uno de los buenos valores que tiene el IPA”, consideró.
“Además, consideró que el Estado “se ahorraría muy poco al acoplar esas dos instituciones”. Y analizó que, “dentro de todo el IPA es una institución bastante eficiente en el uso de los recursos. Si mirás lo que hace, con la plata que tiene, es bastante eficiente”. Aunque reconoció que “se puede ser más eficiente, tal vez debería tener menos gente”.
Pero también advirtió que “jugar al achique en la extensión genera el riesgo de matarla”, porque “se reconoce que hay tecnología pero falta transferencia y adopción, y parte de esa transferencia la hace el IPA”.
“Tal vez lo que se debería revisar es si INIA no debería ser más eficiente, si a Inac no le está sobrando plata que habría que volcar a la extensión. Me parece que la revisión de la institucionalidad no está en achicar la cantidad de instituciones sino en mejorar y ser más eficiente en el uso de los recursos, destinándolos a donde tendrán un mayor impacto”, sostuvo.
Inac
El Instituto Nacional de Carnes (Inac) tiene un presupuesto equilibrado con respecto a los ingresos. En el ejercicio 2022-2023 (de julio a junio) ingresaron US$ 29,975 millones y de egresos fueron US$ 28,119, además de US$ 2,926 millones correspondientes al sistema electrónico de identificación de la industria cárnica.
La financiación de Inac proviene de una alícuota del 0,6% de las carnes que se exportan y del 0,7% de las carnes que se comercializan en el mercado interno.
En el ejercicio 2022-2023 los ingresos por el 0,6% de las exportaciones significaron US$ 18,468 millones; y los ingresos por el 0,7% del mercado interno fueron US$ 8,6 millones, y hay una serie de ingresos operativos que sumaron US$ 768.000, además, por ingresos de la tasa de control de faena recibió US$ 2,138 millones.
Inac cuenta con reservas que aseguran aproximadamente el costo de su funcionamiento durante un año y medio, informó a Agro de Búsqueda el vicepresidente del instituto, Guido Machado, aunque no detalló la cifra exacta.
Además, señaló que está previsto que en el próximo ejercicio se realice una inversión “muy importante” en marketing y promoción de las carnes uruguayas en los principales mercados estratégicos. Dicha inversión será de unos US$ 9 millones, cifra que multiplica por tres la inversión actual, y se financiará con las reservas del Inac.
“Si bien no vamos a llegar a la inversión que realiza por ejemplo Australia por kilo de carne en el mercado exterior, pero nos vamos a ir arrimando, para darle a las carnes uruguayas un nivel de promoción importante. Eso generará un círculo virtuoso, que permitirá que las carnes se valoricen y en consecuencia se generen mayores ingresos”, sostuvo Machado.
Inale
El artículo 15 de la ley 18.242 establece que los recursos del Inale serán las sumas que les sean asignadas por disposiciones presupuestales, para cuya determinación se tomará como referencia la recaudación correspondiente al año 2007 del impuesto del 3 o/oo (tres por mil) sobre el valor FOB a la exportación de leche y productos lácteos establecido en el artículo 458 de la ley 16.226 de 1991 (Latu).
Esta partida se fijó en pesos por los valores de exportación de 2007, y se modificó con la reducción del 15% dispuesta por el Poder Ejecutivo en el marco de la pandemia, punto que no se volvió a modificar hasta la fecha. Esa asistencia es de $ 22,45 millones (unos US$ 591.000).
A partir del año pasado se obtuvo un refuerzo presupuestal que elevó esa cifra a $ 35 millones (unos US$ 921.000), con una partida extra de $13 millones aproximadamente (cerca de US$ 342.000), que tiene que gestionarse anualmente.
El Inale cuenta con otros ingresos provenientes de la administración de distintos convenios y proyectos por aproximadamente $ 19 millones (unos US$ 500.000).
El costo operativo y por administración del Inale es de $ 66 millones (US$ 1.736 millones), por lo que tiene un déficit anual de $ 12 millones (US$ 315.000), que son cubiertos por reservas acumuladas en los primeros años de funcionamiento y que alcanzan aproximadamente para dos años más.
Los ingresos que aporta la cadena láctea al Latu suman U$S 1 millón al año. “¿Tiene sentido que los contribuyentes paguen $ 35 millones al año y que los recursos aportados por la cadena láctea se vayan a un lugar que poco o nada aporta al sector?”, se preguntó una fuente de esta cadena agroindustrial consultada por Agro de Búsqueda.
El presidente del Inale, Juan Daniel Vago, declinó realizar declaraciones sobre estos temas presupuestales, alegando que los datos son públicos.
Colonización
El caso del Instituto Nacional de Colonización (INC) es diferente, por tratarse de un ente autónomo, que genera su propio presupuesto a través de las rentas que pagan los colonos y de las ventas de tierras a colonos arrendatarios, que el año pasado significaron más de US$ 6 millones.
El presupuesto del INC en 2024 fue de U$S 38.281.132. A inversiones se destinaron US$ 23 millones y a sueldos US$ 12 millones, informó a Agro de Búsqueda el presidente del organismo, Julio Cardozo. La diferencia responde a la “indemnización de mejoras, en convenio UTE (US$ 3 millones), obras en la casa central del INC y regionales, entre otras”, agregó.
Si bien el INC también recibe aportes del gobierno central, por leyes, no recibe las mismas partidas que los demás institutos. El principal rubro corresponde a la compra de tierras e inversiones en infraestructuras, atención a los colonos, líneas de crédito y después los sueldos y aportes.
Hasta 2023, la actual administración del INC no había realizado compras de tierras. En ese año se invirtieron US$ 15 millones para adquirir unas 5.000 hectáreas. La razón es que la actual administración recibió 40.000 hectáreas que se habían comprado en el período anterior y que aún estaban sin adjudicar, y se terminaron otorgando en 2022, explicó Cardozo.
Agregó que en este período también se otorgaron créditos, se invirtieron US$ 9 millones en obras de energía eléctrica, se hicieron convenios con Mevir para la construcción de viviendas, tambos y galpones en los predios, además de la inversión en asistencia técnica.
Para este año el INC tiene un presupuesto aproximado de US$ 10 millones para la compra de tierras “y otro tanto para inversiones en infraestructura, porque tenemos muchos costos en las adjudicaciones para tamberos, ya que el INC debe realizar la caminería, electrificación, vivienda, tambo y galpón, además de las inversiones en reservas de agua y créditos para la siembra de cultivos”, describió el representante del Poder Ejecutivo.
Cardozo explicó que la cuenca lechera está bien atendida y confirmó que “hay mucha devolución de tierras, algo que se da siempre”, por los productores que se retiran de la actividad.
El presidente del INC señaló que “casi todas las tierras que hemos comprado son de colonos propietarios que deciden retirarse de la actividad agropecuaria. El INC compra esos campos y los vuelve a arrendar”.
“Por eso la prioridad de las inversiones del instituto este año estará en la zona donde hay mayor demanda e históricamente se ha invertido menos, que es la región centro-este, que incluye los departamentos de Treinta y Tres, Cerro Largo, zonas de Durazno y Tacuarembó”, informó.
La actual administración del INC estima que seguirá habiendo una fuerte demanda de colonos por la compra de tierras, porque el instituto ofrece financiación de hasta 30 años, con un interés del 5%. “Está la posibilidad de comprar al contado y en cuotas, de acuerdo con las posibilidades del colono, siempre y cuando cumplan con las condiciones que se establecen en el reglamento”, comentó Cardozo.
Por razones de tiempo y espacio no fue posible considerar a todos los institutos en este informe, pero serán contemplados en próximas ediciones de Agro de Búsqueda.