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Pocos años atrás no había en Uruguay un gravamen a la renta personal como el actual, existían las sociedades anónimas financieras de inversión que aseguraban un amplio anonimato y el secreto bancario era férreo. Además, prácticamente no se intercambiaban datos con las administraciones tributarias extranjeras pese a que el país contaba con un par de tratados de colaboración para la lucha contra la evasión.
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Con inusual fuerza —que algunos especialistas han comparado con un tsunami tributario—, ese esquema empezó a ser desmantelado desde 2009. Ese empuje hacia la transparencia era visto con reticencia al principio en los gobiernos del Frente Amplio: “Tenemos que cuidarnos de no toquetear el tema, porque si se piensa que existe la posibilidad de alterar el sistema en una dirección desconocida, eso genera desconfianza”, decía en “Brecha” a fines de abril de 2009 Danilo Astori, entonces precandidato presidencial y hoy ministro de Economía. Para él, negociar un tratado de intercambio de información fiscal con Argentina “sería un error mayúsculo desde el punto de vista de la presencia de capitales argentinos, sobre todo en zonas como Punta del Este, que experimentarían una corrida importante”. Según Astori, en Maldonado “son miles y miles de puestos de trabajo. ¿Cómo voy a comprometerlos?”.
Las presiones se acentuaron ante necesidades de recaudación, sobre todo de países avanzados y otros que aspiran a serlo nucleados en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Amenazado por listas y evaluaciones que lo identificaban como una jurisdicción opaca, Uruguay fue alineándose poco a poco a sus recomendaciones en materia de transparencia.
También surgieron exigencias de grupos internacionales de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Teniendo en cuenta todo esto, una ley de 2012 creó en el Banco Central (BCU) un registro de propietarios de las sociedades anónimas que operan en el país; el paso que sigue es que sean identificados también los individuos dueños (el beneficiario final) cuando el accionista es una persona jurídica. Y para más adelante el gobierno evalúa eliminar las sociedades al portador.
Se trata de un proceso de transparencia todavía incompleto. Las autoridades ya asumieron el compromiso de entregar datos automáticamente a oficinas recaudadoras de más de un centenar de países desde setiembre de 2018, y preparan una muerte lenta para el secreto bancario.
Este es, asimismo, un proceso no exento de polémicas. Algunos políticos de la oposición y expertos en tributos advierten que, de aprobarse la nueva flexibilización del secreto bancario que estudia el Parlamento, habrá un “incremento muy fuerte” en la “capacidad de hurgar” en la vida privada de los individuos.
Desde el gobierno se sostiene que no adherir a los estándares internacionales de transparencia puede jugarle en contra a Uruguay. “En el mundo de hoy ser considerado un país de plaza financiera o un paraíso fiscal tiene, realmente, consecuencias cada vez más importantes. Para eso la credibilidad es sustancial, sobre todo en el caso de países pequeños”, alegó el presidente del BCU, Mario Bergara, al comparecer en julio pasado ante la comisión parlamentaria creada para analizar los llamados “Panama Papers”.
Acuerdos y secreto.
Los primeros tratados bilaterales de cesión de información o para evitar la doble tributación suscritos en los noventa fueron con Hungría y Alemania. Se usaron prácticamente nada.
Luego de haber sido colocado en 2009 en una lista de países poco transparentes en materia tributaria y con la amenaza de ser objeto de castigos comerciales, los gobiernos del Frente Amplio firmaron unos 30 tratados de intercambio de información (aunque cerca de media docena todavía no fueron ratificados por el Parlamento). El negociado con Argentina, que entró en vigor en febrero de 2013, ha sido de los más utilizados (ver Búsqueda Nº 1.874).
En el ámbito bancario no hubo mayores consecuencias y, de hecho, los depósitos de no residentes en la plaza local mantuvieron un lento crecimiento. Pero la inversión inmobiliaria tuvo cierto freno.
En Uruguay, la reserva de la información bancaria está protegida por el decreto-ley Nº 15.322 de setiembre de 1982. Pero la rigidez de entonces se fue debilitando con diversas normas aprobadas por gobiernos del Frente Amplio. En esa línea, un proyecto de ley enviado al Parlamento en julio pasado por el Poder Ejecutivo exige que las instituciones financieras pasen datos a la Impositiva sobre los saldos de depósitos al cierre de cada año de los extranjeros residentes en el país y de los uruguayos. Los colegios de abogados y de contadores cuestionaron un artículo de esa iniciativa por el cual se hace inoponible ante la DGI “cualquier otra disposición que consagre un deber de secreto, reserva o confidencialidad”. Atenta contra la discreción de los profesionales frente a sus clientes, sostienen.
En el gobierno piensan que el secreto bancario va camino de ser enterrado, aunque no en lo inmediato.
“Estamos yendo más allá de los estándares internacionales y entendemos que en este momento ese es el mejor escenario en el cual Uruguay hoy puede posicionarse, en tanto es una acción puntual dentro de una película, que no comienza ni termina en esta acción, sino con un secreto bancario cerrado a cal y canto, que se va flexibilizando y horadando en el tiempo. Ese lapso le permite generar mejores condiciones de adecuación a la plaza local, que de una manera abrupta”, alegó el subsecretario de Economía, Pablo Ferreri. Planteó que esto es algo que los ejecutivos del sistema financiero “dan como algo natural, que ocurre prácticamente sin problema alguno. Entonces, quizá dando este paso hoy, en algún momento, no muy lejano, dar otros pasos también sea algo que ocurra sin mayores inconvenientes”, añadió el jerarca (ver Nº 1.878).
