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    Una investigación provocó un sacudón internacional al exponer vínculos de políticos y otras personalidades con negocios offshore

    Una masiva filtración de documentos expone los bienes que mantienen fuera de sus países, a través de sociedades anónimas, 11 líderes mundiales, actuales y pasados, y da detalles sobre los negocios financieros de al menos 128 políticos y funcionarios públicos de todo el planeta. También muestran que algunos grandes bancos son importantes impulsores en la creación de ese tipo de compañías difíciles de rastrear en las Islas Vírgenes Británicas, Panamá y otros paraísos offshore. Los archivos aportan también nueva información sobre ciertos escándalos internacionales, como la trama de sobornos en la FIFA, con ramificaciones en Uruguay.

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    Los documentos filtrados del bufete panameño Mossack Fonseca (MF) —desde correos electrónicos, formularios financieros, pasaportes y registros corporativos que identifican a los propietarios de cuentas bancarias y compañías en 21 jurisdicciones offshore, desde Nevada a Singapur y las Islas Vírgenes Británicas— fueron analizados por un equipo de más de 370 periodistas de 78 países. Ese trabajo, que tomó el nombre de Panama Papers, formó parte de una investigación de un año por parte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla en inglés), el diario alemán “Süddeutsche Zeitung” y más de 100 otras organizaciones noticiosas, entre ellas Búsqueda. Reporteros del “Süddeutsche Zeitung” obtuvieron los registros de una fuente confidencial y los compartieron con el ICIJ y otros medios asociados, que no pagaron por los documentos.

    La información, que involucra a compañías y personas de más de 200 países, empezó a ser publicada por los medios asociados desde el domingo 3. En los días siguientes los gobiernos, la Justicia o los supervisores financieros de distintas naciones —Alemania, España, Estados Unidos, Francia, Suiza, Italia, Holanda, Israel, Islandia, Perú y Costa Rica, entre otros— anunciaron que investigarán los hechos denunciados. Por lo pronto, las revelaciones provocaron la renuncia de un primer ministro.

    Los archivos exponen compañías offshore controladas por los primeros ministros de Islandia y Pakistán, el rey de Arabia Saudita y los hijos del presidente de Azerbaiyán. También incluyen a por lo menos 33 personas y compañías puestas en la lista negra del gobierno de Estados Unidos a partir de evidencia de que han hecho negocios con capos mexicanos de la droga, organizaciones terroristas como Hezbolá y naciones como Corea del Norte e Irán. Una de estas compañías proveyó combustible para las aeronaves que el gobierno de Siria utilizó para bombardear y matar a miles de sus propios ciudadanos, según acusaron las autoridades estadounidenses.

    Los archivos revelan compañías offshore vinculadas­ a la familia del líder­ chino Xi Jinping, quien ha jurado pelear contra “ejércitos de corrupción”. Su gobierno ordenó esta semana bloquear el acceso en Internet a la información sobre los Panama Papers, reportó “China Digital Times”.

    Los registros incluyen también al presidente ucraniano, Petro Poroshenko­, y contienen nuevos detalles de los negocios offshore del difunto padre del primer ministro británico David Cameron. El martes 5, Cameron aseguró que no tiene bienes ni empresas fuera del Reino Unido.

    Los archivos exponen un patrón de maniobras encubiertas por parte de bancos, compañías y personas vinculadas al presidente ruso, Vladimir Putin, para mover en secreto hasta U$S 2.000 millones. Luego de la divulgación de esa información, desde el Kremlin se respondió que se trata de una operación de propaganda occidental para desprestigiar a Putin y a Rusia.

    Las huellas de MF están en el tráfico de diamantes de África, en el mercado internacional de arte y en otros negocios que se benefician de la opacidad. Las sociedades creadas por el bufete han ayudado a dos reyes, Mohammed VI de Marruecos y Salman de Arabia Saudita, a salir al mar en lujosos yates.

    En Islandia, los archivos filtrados muestran cómo el primer ministro Sigmundur David Gunnlaugsson­ y su esposa eran propietarios de una sociedad offshore en Islas Vírgenes Británicas que tenía millones de dólares en bonos bancarios islandeses durante la crisis financiera de ese país. La divulgación generó protestas en las calles de Reyk-javik y el pedido de dimisión del jerarca, sobre quien el martes 5 se informó que había renunciado pero ayer miércoles 6 su despacho aclaró que solamente propuso alejarse temporalmente de su cargo.

    Los archivos incluyen a un lavador de dinero convicto que aseguraba que había organizado una campaña ilegal de contribución de U$S 50.000 utilizada para pagar a los intrusos de Watergate. También figuran 29 billonarios de los 500 que están en la lista de la revista “Forbes” de los más adineradas del mundo y a la estrella de cine Jackie­ Chan, quien tiene al menos seis compañías manejadas a través de la firma legal panameña.

    El cineasta español Pedro Almodóvar figura junto a su hermano Agustín al frente de una sociedad offshore en los años 90. Luego de la revelación, su productora canceló entrevistas grupales previstas para ayer miércoles 6 en Madrid con motivo del estreno del filme “Julieta”.

    El presidente de la ONG Chile Transparente, Gonzalo Delaveau, renunció el lunes 4 —según dijo para preservar la reputación de esa organización— luego de que su nombre apareciera en los Panama Papers vinculado­ a operaciones en paraísos fiscales.

    La lista de líderes mundiales que utilizaron a MF para establecer sociedades offshore incluye al presidente de Argentina, Mauricio Macri, quien era director y vicepresidente de una compañía en las Bahamas manejada por ese bufete cuando era empresario y gobernador de Buenos Aires.

    “El presidente no tiene ni cuentas ni activos no declarados, ni en Panamá ni en otro lugar”, afirmó el martes 5 en una conferencia de prensa el jefe de Gabinete argentino, Marcos Peña. Aseguró que el padre del mandatario, el empresario Franco Macri, “puso a sus familiares como gente de confianza en las empresas”, pero aclaró que “no hay nada raro, ni oculto”.

    El propio Macri declaró esta semana: “(Fue) una operación legal, hecha por otra persona, constituyendo una sociedad offshore para invertir en Brasil, inversión que finalmente no se hizo y donde yo estaba puesto como director”. Y agregó que “no hay que mezclar. Hay otros que usan paraísos fiscales para esconder dinero que ganan en forma mal habida; son dos cosas distintas. (...) No hice nada incorrecto. Estoy muy tranquilo”.

    Los Panama Papers pusieron a la defensiva a la administración de Macri. De hecho, la oposición pidió el cese de la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, por “defender al presidente” ante las sospechas que planteó sobre él la investigación periodística. Peña respaldó a la funcionaria.

    “Si tiene más sociedades, no lo sabe; pueden aparecer otras”, confesó un estrecho colaborador de Macri al diario “La Nación”, frente a las derivaciones que podría tener el caso. “La Nación” también participó en la investigación internacional.

    Los más de 11 millones de documentos obtenidos por ICIJ muestran también el funcionamiento interno de MF durante casi 40 años, desde 1977 hasta diciembre de 2015. El bufete es considerado uno de los cinco mayores proveedores globales de sociedades que aseguran discreción a sus dueños y beneficiarios; la firma tiene más de 500 empleados y colaboradores en más de 40 oficinas alrededor del mundo, incluyendo tres en Suiza y ocho en China.

    En el caso de muchos de los clientes de MF, la investigación no aporta evidencia de que hayan usado una sociedad offshore con propósitos ilegales o impropios. Poseer una compañía de estas características no es ilegal. De hecho, para numerosas transacciones de negocios e inversiones internacionales, son una opción frecuente y lógica.

    El bufete respondió a preguntas ante los hallazgos de la investigación periodística internacional diciendo que “durante 40 años MF ha actuado sin actos reprochables. Nuestra firma nunca ha sido acusada en conexión a actos criminales”. Su vocero, Carlos Sousa, dijo que la empresa “solo ayuda a sus clientes a incorporar compañías”. Eso no significa “establecer un vínculo­ de negocios o dirigir de forma alguna las compañías formadas”, aclaró.

    Durante una entrevista televisiva, Ramón Fonseca, uno de los socios del bufete, repitió una analogía que la compañía ha empleado antes: si una firma offshore es utilizada de mala forma, MF no es más culpable que una fábrica de automóviles que ensambló un auto luego usado en un robo. El domingo 3, cuando empezaron a publicarse los Panama Papers, el abogado agregó que su bufete solamente crea y vende las sociedades.

    Sobre las revelaciones surgidas de la investigación periodística, Gabriel Zucman —un economista de la Universidad de California en Berkeley y autor de “La riqueza oculta de las naciones: el azote de los paraísos fiscales”—, declaró: “Estos hallazgos demuestran cuán profundamente infiltradas están la criminalidad y las prácticas dañinas en el mundo offshore”.

    El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, declaró el martes 5: “Siempre habrá algunos movimientos de fondos ilícitos en el mundo, pero no deberíamos hacérselo fácil”. Añadió que muchas de las operaciones en paraísos fiscales reveladas en los Panama Papers son “legales” y que ese es “precisamente el problema”.

    Para Obama, la evasión fiscal es un problema que debe ser atacado a escala mundial de manera coordinada.

    El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el mexicano Ángel Gurría, aseguró esta semana que es importante que Panamá entienda la necesidad de un compromiso en materia de intercambio de información financiera y recordó que hoy en día “ya no se tolera la falta de transparencia”.

    Panamá figura junto con Bahrain, Nauru y Vanatu en una lista de países que aún no se han comprometido a asumir los estándares de la OCDE en materia de colaboración automática con otras jurisdicciones para combatir la evasión fiscal.

    En un comunicado, el gobierno de Panamá, presidido por Juan Carlos Varela, aseguró el martes 5 que el país “cuenta con uno de los centros de servicios financieros más importantes del mundo” que “ha logrado cumplir con los estándares más altos de transparencia, aprobando instrumentos legales mucho más estrictos y rigurosos que muchos otros”. Recordó que desde 2016 se limitó el uso de acciones al portador de las sociedades panameñas y que aprobó siete leyes que incluyen nuevos delitos, así como la regulación de sectores no financieros, como firmas de abogados y negocios inmobiliarios.

    Agregó que Panamá es “serio” y “no es aceptable que se desprestigie el trabajo de todo un país que beneficia a la comunidad internacional”.

    El dinero del deporte

    Los documentos incluyen los nombres de cerca de 20 jugadores de fútbol de alto perfil, pasados y presentes, que se desempeñan en algunos de los clubes más conocidos del mundo, entre ellos Barcelona, Manchester United y el Real Madrid. Uno de ellos es el argentino Lionel Messi.

    El astro argentino del Barcelona ya está bajo proceso en España por cargos según los cuales él y su padre utilizaron empresas offshore en Belice y Uruguay para evadir millones de dólares en impuestos.

    “La familia Messi desea dejar claro que Lionel Messi no ha llevado a cabo ninguno de los actos que se le imputan”, afirmó en un comunicado difundido por medios españoles el lunes 4. El club Barcelona transmitió su “confianza” en los argumentos del jugador.

    El escándalo de la FIFA salió a la luz pública en 2015 cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos indicó que empresarios habían usado sobornos para ganar términos favorables sobre los derechos de televisación de los partidos patrocinados por el organismo mundial de fútbol. Cuatro de los 16 funcionarios de la FIFA acusados utilizaron compañías offshore creadas por MF, al igual que cuatro hombres de negocios vinculados con el caso de corrupción en el fútbol, según muestran los registros filtrados.

    El martes 5, dos medios argentinos que participaron en la investigación —“La Nación” y Canal 13— revelaron que, siendo director de Asuntos Legales de la UEFA, el ahora presidente de la FIFA, Gianni Infantino, avaló la venta de derechos de transmisión televisiva de la Europa League a Ecuador entre 2006 y 2008 por U$S 140.000. Meses después, los derechos fueron revendidos por más del doble (U$S 311.000).

    Ayer la policía suiza registró las oficinas centrales de la UEFA en Nyon. Los agentes pidieron acceder a los contratos de esa organización y la sociedad offshore Cross Trading (de Hugo y Mariano Jinkis). La UEFA difundió un comunicado en el que aseguró que, “por supuesto (...) pone a disposición de la polícia federal todos los documentos relevantes en su poder y cooperará totalmente”.

    Una de las figuras del fútbol nombradas en los documentos es el francés Michel Platini, un ex jugador y figura repetidamente mencionada en el llamado “FIFAGate”. Platini confió en MF para ayudarle a administrar una sociedad offshore creada en Panamá en 2007, el mismo año en que fue nombrado presidente de la UEFA, la asociación del fútbol europeo. A Platini se le otorgó un poder ilimitado en Balney Enterprises Corp., que todavía en marzo de 2016 era un negocio en funcionamiento, según el registro de comercio de Panamá.

    Platini, un miembro de mucho tiempo en el Comité Ejecutivo de la FIFA, ha sido suspendido en el deporte por seis años a causa de un pago irregular por U$S 2 millones que recibió de la entidad rectora del fútbol mundial en 2011. Consultado por el consorcio de periodistas, un abogado de Platini dijo que su cliente es un ciudadano suizo y que todas sus “cuentas, inversiones o activos de los bancos son conocidos por las autoridades suizas”.

    Jérôme Valcke, secretario general de la FIFA desde 2007 hasta que fue suspendido por cargos de corrupción en setiembre de 2015, también aparece en los documentos filtrados. Está registrado como el dueño de la compañía de las Islas Vírgenes Británicas Umbelina SA, creada en julio de 2013. La sociedad parece haber sido utilizada para la compra de un yate registrado en las Islas Caimán.

    “Publiquen lo que quieran”, escribió Valcke en un correo electrónico respondiendo a las preguntas que se le formularon como parte de la investigación periodística. Agregó: “La empresa ya no existe y nunca ha tenido sus propios fondos, nunca poseyó una cuenta bancaria y nunca tuvo ninguna actividad comercial”.

    Los archivos de MF también proveen detalles sobre los acuerdos de transmisión que los funcionarios de la Conmebol firmaron con las empresas que, según las autoridades estadounidenses, pagaron sobornos.

    Los jugadores de fútbol cuyos nombres figuran en los documentos de MF provienen de Brasil, Uruguay, Reino Unido, Turquía, Serbia, Holanda y Suecia, entre otros países. La mayoría parece haber utilizado los servicios de la firma para crear empresas offshore y guardar el dinero que ganaban por la venta de sus derechos de imagen a compañías de calzado deportivo y otros anunciantes.

    Entre los nombrados en los archivos figura Leonardo Ulloa, goleador del Leicester, el equipo revelación de la actual temporada de la Premier League. A principios de 2008, cuando jugaba para San Lorenzo de Argentina, el futbolista firmó sus derechos económicos y de imagen con Jump Drive Sport Rights LLC. El poder de representación de esa sociedad fue otorgado a José Manuel García Osuna, un administrador de negocios y fútbol que ahora enfrenta cargos de fraude en España, entre ellos una alegación de que se embolsó un gran porcentaje del dinero que Ulloa recibiría por sus derechos de imagen así como por sus contratos de firma para pasar de un equipo a otro.

    Ulloa se negó a hablar de su contrato de derechos de imagen o de sus tratos con Osuna. “No tengo una buena relación con él ahora, pero no quiero hablar de eso”, dijo el jugador en una breve entrevista telefónica. Osuna aseguró a ICIJ que no incorporó a Jump Drive y que no firmó contrato de derechos de imagen de Ulloa.

    Los derechos de imagen del chileno Iván Zamorano estaban a cargo de Fut Bam International Ltd., cuando él era un jugador estrella para el Real Madrid en la década de 1990. Fut Bam está basada en las Islas Vírgenes Británicas, que paga una tasa impositiva efectiva de cero y tiene a Zamorano como su propietario. Según los registros, Fut Bam concedió la custodia temporal de los derechos de imagen al Real Madrid a cambio de un pago total de 195 millones de pesetas, aproximadamente U$S 1,3 millones. El club pagaría a Fut Bam 45 millones de pesetas en 1993 y luego otras 50 millones de pesetas al año entre 1994 y 1996.

    En 2005, mientras estaba con el Manchester United, el argentino Gabriel Heinze creó Galena Mills Corp., también en las Islas Vírgenes Británicas. Ese mismo año se firmó un contrato con Puma AG que le garantizaba el pago de por lo menos U$S 1 millón en cinco años. Los pagos de Puma se canalizaron a través de la empresa offshore. Los registros muestran que la madre de Heinze era catalogada como la propietaria de la compañía. Los archivos de MF muestran que el ex futbolista también tenía una cuenta en Suiza con el banco UBS.

    Un vocero de Heinze dijo que “la puesta en marcha de Galena Mills era parte de una estrategia de sucesión, en caso de que algo malo le pasara” al jugador. Agregó que la empresa “pagó todos los impuestos necesarios” en los países donde se suponía que pagara impuestos.

    Los documentos también exponen cómo un club, la Real Sociedad en España, pagó a sus jugadores de una manera que parece haber permitido que tanto la institución como sus futbolistas abonaran menos impuestos. El club desembolsó millones de dólares cada año empleando a jugadores extranjeros —aunque estos supuestamente declararon solo una fracción de esos pagos al gobierno español— entre 2000 y 2008, a través de empresas y bancos en Niue, Panamá, las Islas Vírgenes Británicas, Países Bajos, Suiza y Jersey en las Islas del Canal.

    El gerente general del club, Iñaki Otegi, se negó a responder a preguntas sobre las prácticas de pago. Sin embargo, ante la consulta de un periodista del ICIJ, el jefe de prensa afirmó que Otegi pidió que “le llamara por teléfono y le dijera que este tipo de práctica de utilizar compañías en el exterior para remunerar a los jugadores extranjeros era y es una práctica común en todos los clubes de fútbol españoles”.

    Pero no solo figuran futbolistas en los registros de MF, sino también otros deportistas. Por ejemplo, Nick Faldo, uno de los mejores golfistas profesionales de todos los tiempos, fue dueño de una empresa offshore en las Islas Vírgenes Británicas desde 2006 hasta 2008. Un vocero de Faldo consultado no quiso hacer comentarios.

    “Con los años, hemos visto un aumento de la penetración de las finanzas offshore en el deporte, lo que creemos es perjudicial para el juego”, dijo George Turner, de la Red de Justicia Fiscal (Tax Justice Network), un grupo de defensa del sistema tributario justo basado en Londres. “Si estamos desviando la competencia fuera de la forma física, la habilidad, el talento de los jugadores por la habilidad y el talento de los contadores, abogados, banqueros y ejecutivos de la sala de reunión, el deporte se convierte rápidamente en una cosa inútil para ir y ver”, sostuvo.

    La “boca cerrada”

    La capacidad de MF de adaptarse y mover sus negocios rápidamente ante cambios regulatorios queda evidente con el gran incremento de las sociedades incorporadas con base en la isla caribeña de Anguilla entre 2010 y 2011.

    De acuerdo con los documentos, las operaciones internas de manejo de bienes de la firma —llamada Mossfon Asset Management SA o Mamsa— superaban las 4.700 transacciones y al menos U$S 1.200 millones en dinero de clientes entre mediados de 2007 y mediados de 2015. Mamsa trabajó con varios bancos, incluyendo al menos dos que han sido sujeto de investigaciones: Banca Privada d’Andorra, acusado por el Departamento del Tesoro estadounidense de lavado de dinero para poderosas bandas criminales en un reporte de 2015, y Deutsche Bank Switzerland, cuya compañía matriz ha sido indagada por las autoridades del Reino Unido y Estados Unidos por posible lavado para clientes rusos. El Tesoro estadounidense retiró su acusación contra la Banca Privada d’Andorra el 19 de febrero pasado diciendo que “ya no opera en una forma que suponga una amenaza para el sistema financiero de Estados Unidos”.

    Los archivos muestran que al igual que con el Deutsche Bank, la firma trabaja con algunas de las más grandes instituciones financieras del mundo, como HSBC, Société Générale, Crédit Suisse, UBS y Commerzbank, en algunos casos para ayudar a los clientes del banco a establecer complejas estructuras que hacen difícil que recolectores de impuestos e investigadores rastreen el flujo de dinero de un lugar a otro. MF dijo que esa alegación de que provee estructuras diseñadas para ocultar las identidades de los dueños es “completamente infundada y falsa”.

    Société Générale y Crédit Suisse, por su parte, aclararon que enfatizaban el cumplimiento con los impuestos y que se mantenían alertas ante el fraude y el lavado de dinero. “Las alegaciones son históricas, en algunos casos datan de hasta hace 20 años, precediendo nuestras importantes y muy públicas reformas implementadas en los últimos años”, declaró en tanto Rob Sherman, vocero de HSBC en Nueva York. Commerzbank dijo que no tenía comentarios para hacer al consorcio periodístico.

    Los verdaderos dueños de las cuentas bancarias que aparecen bajo los nombres de compañías offshore registradas por MF pueden estar escondidos tras los denominados directores nominativos —nombres provistos por el bufete— que ofrecen anonimato a los dueños reales.

    Otras actividades halladas en los archivos incluyen a MF cambiando y atrasando las fechas de documentos cuando un cliente está en problemas y permitiendo que sus clientes escondan sus bienes estableciendo fundaciones en Panamá que primeramente citan a ONG como la World Wildlife Fund como beneficiarios pero permiten al cliente cambiar el beneficiario a conveniencia. Atrasar el tiempo es una práctica común en la industria, que a veces refleja la fecha de una decisión tomada antes de que fuera registrada, sostuvo MF. Su objetivo “no es cubrir o esconder actos fuera de la ley”.

    A pesar de la notoriedad de algunos de sus clientes, el bufete panameño ha conseguido mantener un perfil notablemente bajo. La revista inglesa “The Economist” la llamó “Mossack Fonseca, la de la boca cerrada” en un artículo de 2012 sobre intermediarios offshore.

    A pesar de sus esfuerzos en relaciones públicas, las naciones han comenzado a mirar más de cerca las prácticas de MF.

    En 2012 y 2013, reguladores de las Islas Vírgenes Británicas aplicaron a la firma una serie de multas por violar normas contra el lavado de dinero, incluyendo una pena de U$S 37.500 por no evaluar adecuadamente a un cliente de “alto riesgo”: Alaa Mubarak, hijo del depuesto dictador de Egipto Hosni Mubarak.

    A principios de 2016, en Brasil, MF se volvió el blanco de una investigación de sobornos y lavado de dinero denominada “Operación Lava Jato”, que tiene al gobierno de la presidenta Dilma Rousseff en la cuerda floja.

    Los fiscales alegan que empresas brasileñas cooperaron entre sí para dividirse las subastas por contratos con el conglomerado petrolero estatal Petrobras, inflando precios y utilizando el dinero extra para sobornar a políticos y funcionarios de la petrolera, y para enriquecerse. Creen que la oficina de MF en Brasil ayudó a algunos de los acusados creando compañías que se usaron para cometer crímenes. En una conferencia de prensa en enero de 2016, los fiscales llamaron al bufete “un gran lavador de dinero” y anunciaron que elevaron cargos criminales contra cinco empleados de su oficina brasileña por delitos que van desde el lavado de dinero hasta la destrucción y ocultamiento de documentos. MF niega cualquier responsabilidad en el caso y alega que su oficina en Brasil es una franquicia.

    La Fiscalía General de Brasil anunció el lunes 4 que pedirá a Panamá informaciones sobre los clientes brasileños de MF —siete políticos, tres oficialistas y cuatro opositores, entre otros—, informó “Folha de Sao Paulo”.

    Ramón Fonseca fue asesor del presidente panameño, Juan Carlos Varela. En marzo anunció que dejaría esa posición a raíz de alegatos que involucran a la oficina de su bufete en Brasil en el escándalo de corrupción en torno a Petrobras.

    Información Nacional
    2016-04-07T00:00:00