El “arrepentido” argentino en la causa de la “ruta del dinero k” vincula a un cliente de Damiani en los esquemas de corrupción

REDACCIÓN | N° 1865 - 05 al 11 de Mayo de 2016

N° 1865 - 05 al 11 de Mayo de 2016

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Las declaraciones del “arrepentido” Leonardo Fariña y las nuevas informaciones que la diputada argentina Graciela Ocaña aportó a la Justicia uruguaya incluyen más datos sobre los posibles rastros de la “ruta del dinero k” en Uruguay y sus eventuales vínculos con el estudio JP Damiani & Asociados.

Fariña declaró a la Justicia argentina el 20 de abril que Carlos Enrique Wagner, uno de los hombres de negocios más beneficiados por el kirchnerismo, integró el esquema ideado por empresarios y miembros de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández para obtener dinero de hechos de corrupción y lavarlo a través de sociedades offshore. Wagner fue cliente de Damiani al menos hasta octubre de 2015, según documentos que forman parte de los “Panama Papers” analizados por Búsqueda.

De acuerdo con Fariña, que declaró en calidad de “arrepentido”, cuando asumió Kirchner como presidente en 2003 trasladó a “su equipo de Planificación de la provincia de Santa Cruz a Planificación de la Nación”. Después el entonces mandatario “ordena la asignación de un presidente de la Cámara de la Construcción que se llama Carlos Wagner”, según el acta de la declaración. “¿Por qué digo que ordena? Porque por estatuto era imposible que esa persona presida la Cámara ya que él tenía una Pyme (Pequeña y Mediana Empresa). Sin embargo, el estatuto se modificó y tomó la Presidencia. En conjunto con el Ministerio de Planificación y la Cámara se digitaban las empresas adjudicatarias de la obra pública”, agregó. Ante el juez Sebastián Casanello, Fariña dijo que Esuco SA, siendo una Pyme, pasó a facturar 2.000 millones de pesos argentinos a partir del 2006.

Esuco SA es la constructora de Wagner.

“La Nación” informó el 28 de abril pasado que el empresario acumuló contratos por más de 6.900 millones de pesos argentinos en la última década. Esuco SA se ubicó séptima en el ranking de contratistas con el Estado argentino, según el diario.

El periódico informó que Wagner recurrió a los servicios del estudio Damiani para desarrollar una inversión en un centro turístico italiano. En 2007 la filial uruguaya de Esuco le compró a Future Lands Investment Ltd. el 37,5% de Insubria Viva Spa, un complejo situado en un pueblo italiano.

A Future Lands Investment Ltd., con sede en las Islas Vírgenes, el estudio Damiani la consiguió a través del bufete panameño Mossack Fonseca (MF). Entre los dueños de esa offshore figura Marcelo Ramos, el accionista de Helvetic Service Group, según los documentos que analizó “La Nación” en el marco de la investigación impulsada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla en inglés) y el diario alemán “Süddeutsche Zeitung” conocida como los “Panama Papers”.

Ramos es el “socio” de Damiani en Europa y mañana viernes 6 declarará en calidad de indagado por la investigación en Argentina del “dinero k”. Por esa causa fueron imputados, entre otros, la ex presidenta Fernández, su hijo Máximo Kirchner y el empresario Lázaro Báez.

Los “Panama Papers” muestran que el estudio Damiani tuvo como cliente a Wagner al menos hasta octubre de 2015. Desde MF consultaron al bufete uruguayo si Wagner, el beneficiario final de la sociedad Silver Investment Group, era el mismo que estaba en la Cámara Argentina de la Construcción y si era una persona políticamente expuesta. La respuesta desde Montevideo fue afirmativa.

El estudio del presidente de Peñarol también trabajó para Wagner en una transacción que fue investigada por presunto lavado de dinero y que está incorporada al expediente que lleva el juez Casanello. Es que el dueño de Esuco es accionista de Decavial, la constructora que compró un terreno en Punta del Este a la offshore Jaguar Capital. En ese negocio también se utilizó a Helvetic Service Group para mover millones de dólares. El predio había sido comprado por Jaguar Capital en U$S 4 millones y luego fue vendido a U$S 16,5 millones. El estudio Damiani tuvo un rol central en la elaboración de los documentos y el esquema de la transacción (Búsqueda Nº 1.863).

Desde argentina.

En abril de 2013 los diputados argentinos Graciela Ocaña y Manuel Garrido reclamaron a la Justicia uruguaya que investigara la posible comisión de un delito de lavado de activos por parte de los “directores, accionistas o apoderados” de una serie de sociedades radicadas en Uruguay.

Esta semana Ocaña llegó hasta un juzgado en la Ciudad Vieja para ampliar la denuncia. La legisladora presentó documentación sobre decenas de transacciones desde bancos uruguayos en las que participó Helvetic Service Group y varias sociedades más, entre ellas Decavial.

La fiscalía aún no analizó el escrito que presentó Ocaña porque todavía está en el Juzgado. De todas formas, la fiscal María Camiño participó, junto a la jueza Adriana de los Santos, en la reunión con la diputada.

Camiño informó a Búsqueda que solicitó una reunión de trabajo con el equipo interdisciplinario que investiga el caso, integrado por la Secretaría Antilavado, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central, y una contadora del Instituto Técnico Forense, para analizar la documentación aportada por Ocaña y evaluar la relevancia que pueda tener para la indagatoria.

Antes de reunirse con la Justicia uruguaya esta semana, Ocaña mantuvo contactos con la diputada Graciela Bianchi. La legisladora del Partido Nacional declaró a “El Observador” que su colega argentina había dicho que Damiani “trabajó para Lázaro Báez” en varias adquisiciones de inmuebles detrás de las que podría haber lavado de activos.

JP Damiani & Asociados reiteró que no tiene vínculos con la “ruta k”. “Nuestra firma comunica a la opinión pública que jamás hemos conocido, tratado y menos aún, asesorado a Lázaro Báez”, afirmó el lunes 2 en un comunicado.

Por otra parte, el diario “El Observador” divulgó el martes 3 que Peñarol tiene como mayor prestamista a la Financiera Exterior de Comercio (FEC), una sociedad controlada por la familia Damiani que es objeto de investigación judicial en Argentina porque utilizó como fiduciaria a Helvetic Service Group. El propio Juan Pedro Damiani recurrió a FEC para un negocio inmobiliario en Canelones.