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Operativos policiales, investigaciones fiscales, páginas pirateadas y amenazas a periodistas por parte de gobiernos fueron parte de las consecuencias que generó en el mundo la publicación de los “Panama Papers”, una investigación periodística llevada a cabo por el diario alemán “Süddeutsche Zeitung”, el Consorcio de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla en inglés),Búsqueda y un centenar de medios de comunicación
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La investigación se basa en el estudio de más de 11 millones de documentos que fueron filtrados y que contienen información detallada de las operaciones de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca (MF).
MF es una de las principales creadoras y vendedoras de sociedades anónimas en Panamá. Si bien esa práctica no constituye un delito en sí mismo y muchas empresas compran esas sociedades para fines completamente legales, muchas otras lo hacen para lavar dinero, evadir impuestos y cometer otros crímenes.
“Nosotros somos quienes estamos en contra de los que han cometido un delito”, sostuvo MF en un comunicado publicado en su sitio web. En el texto agregó que están “dispuestos” y “ansiosos” por “colaborar” con las autoridades de los distintos países, las cuales reaccionaron ante la divulgación de la información.
La policía de Panamá allanó el martes 12 la sede central de MF para comprobar el vínculo de la empresa con presuntas actividades ilícitas, y ese operativo fue solo uno de los resultados que trajo la investigación, informó ayer miércoles el sitio oficial del ICIJ.
Fiscales franceses revelaron que la semana pasada buscaron en los archivos de la entidad financiera francesa Société Générale, para intentar identificar a los titulares de sociedades anónimas usadas por el banco a través de MF.
Por su parte, las autoridades peruanas se apropiaron de documentos de la oficina de MF en Lima, en caso de que sean necesarios para una investigación. En El Salvador, el fiscal general Douglas Meléndez supervisó el allanamiento de las sucursales de la firma en ese país.
En otros lugares del mundo, sin embargo, las acciones por parte de las autoridades no fueron tomadas contra las empresas y personas involucradas, sino que, por el contrario, apuntaron hacia los periodistas que participaron en la investigación.
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, insultó y amenazó a varios de los integrantes de ICIJ. A través de su cuenta de Twitter el mandatario reclamó la publicación completa de los documentos. “La lucha ‘selectiva’ contra la corrupción solo es...¡más corrupción!”, dijo a través de la red social.
El ICIJ rechazó publicar los documentos de forma íntegra para evitar exponer a individuos cuyas acciones no son de interés público.
Correa también difundió por Twitter las cuentas de los seis periodistas ecuatorianos que formaron parte de la investigación.
En Venezuela, los medios estatales dirigidos por el gobierno de Nicolás Maduro acusaron a los periodistas que colaboraron con los “Panama Papers” de publicar de forma “selectiva” información relacionada al ex presidente Hugo Chávez.
En Túnez, la página web socia del ICIJ, Inkyfada, fue atacada por presuntos piratas informáticos poco después que publicó una noticia vinculada a las sociedades anónimas y a Mohsen Marzouk, un político asesor del presidente de ese país.
Marzouk amenazó con denunciar a Inkyfada por difamación, pese a que el sitio insistió en que buscó sus comentarios para incluir en la publicación.