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Puede ser un posteo en Twitter con la oferta y un pedido de retuiteo para llegar a más personas o una historia de Instagram contando sobre un nuevo emprendimiento. Y esa publicación transformase en algo así como el germen de una startup, como sucedió con el negocio de una mujer húngara que llegó a Uruguay acompañando a su esposo: comenzó a vender postres en Punta Colorada y, al tiempo, se extendió y llegó a José Ignacio, el balneario de élite del este uruguayo. “En cualquier momento abre un local”, proyectó el presidente del Banco de Previsión Social (BPS), Hugo Odizzio.
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Utilizó este ejemplo para referirse a una “economía incipiente” que ya era tendencia desde antes de la pandemia de Covid-19, pero que se ha acentuado como consecuencia de la crisis que derivó de la epidemia de esa enfermedad. Estos negocios que se van desarrollando gracias a las plataformas digitales todavía son “algo marginal” que no tiene un “volumen elevado”, pero que “debería ir creciendo en un futuro”, estimó el jerarca. Por esto, el BPS, en conjunto con la Dirección General Impositiva (DGI), contrató una consultoría en el exterior para tener la referencia de la experiencia internacional y analizar la “nueva economía” con el foco en la “fiscalización del futuro”. A estos organismos se le sumará la Dirección Nacional de Aduanas.
“No nos podemos quedar pensando en las fiscalizaciones de la pizzería con cuatro empleados y el pizzero”, sostuvo Odizzio en diálogo con Búsqueda.
El objetivo de la consultoría será analizar “el control del aporte y de los impuestos” para incluir en la “nueva economía” a estas actividades que nacen por fuera de la formalidad, comentó el jueves 9 en Primera mañana de Radio El Espectador.
Negocios de redes
El presidente del BPS se encuentra con estos negocios sobre todo en Twitter, con las ofertas de productos artesanales, desde la pastelería hasta artículos decorativos. Si bien las publicaciones no son masivas, cree que en dos años van a decir que “todo el mundo se volcó a comercializar en las redes”.
El aumento de la cantidad de trabajadores en “seguro de paro” durante la emergencia sanitaria es una de las explicaciones de ese crecimiento. Quienes cobran una “partida por debajo del sueldo” o buscaban “completar su ingreso básico” empezaron a “generar oferta comercial” a través de las redes sociales, sostuvo. Los beneficiarios de este subsidio llegaron a 185.000 entre abril y mayo de 2020; con el descenso de los contagios al extenderse la vacunación, en agosto de 2021 el número bajó a 64.300.
Lo que provocó la pandemia fue la profundización de una “tendencia que iba a ser inexorable” como es la digitalización de la economía, comentó a Búsqueda la directora de Asesoramiento Tributario, Legal y Contable de PwC, Eliana Sartori.
Las gestiones que se hacen a través de las plataformas digitales permiten que los emprendedores queden “al margen de la inscripción” tributaria (tanto de impuestos como de los pagos por seguridad social), advirtió la especialista. La formalización es “un gran desafío”, agregó.
Una salida sencilla para estos emprendedores digitales es registrarse como monotributistas en el BPS. “Es una buena aproximación para estar en regla”, comentó Sartori, y destacó que con esta opción “el costo de cumplir” no es tan alto como para inhibir a los pequeños negociantes a registrarse.
El monotributo es un régimen del BPS dirigido a las actividades de una dimensión económica reducida, que unifica los aportes al BPS y a la DGI en un tributo. El monto para pagar depende de la cantidad de hijos, de la cobertura de salud y de la cantidad de dependientes, y la cuota mensual varía entre $ 780 y $ 12.918. Para registrarse en este sistema se establece un máximo de recaudación cercano a $ 73.000 (para las unipersonales) y $ 122.000 (para las sociedades de hecho).
Odizzio coincidió en que una solución a este problema es crear una unipersonal y aseguró que este gobierno “ha estimulado el emprendedurismo”.
“La seguridad social y la parte impositiva debería ser un todo armónico. Que la gente vaya desarrollando sus capacidades, pero en lo posible dentro de la formalidad”, comentó. El jerarca señaló que “el negocio es estar dentro del sistema” y no por fuera. “Aún en esta nueva economía hay un conjunto de obligaciones que a su vez tienen contraprestaciones”, aseguró.
Sin embargo, el “control fiscal” no se “resuelve si no hay vocación de pago”, dijo el titular del BPS. Planteó como posibilidad que hayan “estímulos” para que, sumados al “riesgo” de ser encontrado en la informalidad, ayuden a cambiar la “conducta”.
Agregó que quienes nacen en la economía informal y empiezan a crecer sin regularizarse, luego tendrán más complejidades para hacerlo: “Se les hace mucho más difícil poner la casa en orden u ordenar su economía”, resumió.
Instrumento
Odizzio ingresó por primera vez al BPS en 1990 como asesor del entonces presidente, Rodolfo Saldain. A los dos años pasó a ser el administrador de la Asesoría Tributaria y de Recaudación, lo que le implicaba estar a cargo de la recaudación, fiscalización y el cobro administrativo de los tributos gestionados por el BPS. A 30 años de desempeñarse en aquella función, “hay nuevas formas de trabajar en controles de la actividad económica”.
Así como hay instrumentos para trabajar a distancia, hay otros para controlar, pero esta experiencia no está tan desarrollada en Uruguay y por eso las oficinas recaudadoras buscan conocer de cerca la experiencia extranjera a través de la consultoría contratada.
Sartori, de PwC, dijo que “hay distintas formas de controlar”, pero no son sencillas, y en algunos casos pueden ser controversiales. Una posibilidad es a través del sistema bancario, que implicaría pedir el levantamiento del secreto bancario, un aspecto del que Uruguay “es muy celoso”; en general se reserva esa acción para cuando hay presunción de irregularidades.
Otra alternativa es el cruzamiento de datos. “La administración tributaria tiene formas de cruzar información en función del nivel de consumo, de dónde vivís, del auto que tenés. Y si no está dentro del sistema formal, es una forma en la que la DGI puede llegar”, comentó la especialista.
Reconoció que es “más difícil” el control por la menor “visibilidad” que tienen las actividades económicas de reducido porte. En cambio, se los puede seguir a través de las redes sociales, conocer sus ofertas y encontrar formas de contactarlo.
Otra dificultad que agregó Odizzio está relacionada a los empleados de empresas en el exterior, una característica que ocurre en la industria del software y también en estudios de arquitectos, comentó. “No es fácil (controlar) cuando hay alguien trabajando de acá para Europa y le depositan en una cuenta en el exterior”, comentó. Estas actividades están gravadas con impuestos nacionales y contribuciones a la seguridad social.
Sobre los emprendimientos del sector de tecnologías de la información y comunicación (TIC), la Inspección General de Trabajo está “desarrollando procesos” para realizar “tareas de control” en estos negocios, comentó a Búsqueda el titular de esa oficina, Tomás Teijeiro, pero prefirió no dar más detalles.