Cayó 20% la inversión aprobada por la ventanilla del régimen de incentivos; MEF confía que gran parte se ejecute a “corto plazo”
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Desde una rotisería para incorporar implementos por unos US$ 6.000 hasta los US$ 58 millones de la compañía Tealov para la obra de interconexión eléctrica de Cardal-Punta del Tigre, durante el año pasado hasta octubre, la comisión ministerial que opera como ventanilla para los proyectos de inversión que buscan llevarse a cabo con estímulos fiscales sugirió dárselos a 390 empresas. La inversión que recomendó al Poder Ejecutivo promover por la vía de exoneraciones impositivas rondó los US$ 360 millones, lo que comparado con los primeros diez meses de 2020 supuso una caída de 20%.
Eso analizó Búsqueda a partir de las últimas estadísticas disponibles, con datos a octubre de 2021, difundidos por el Ministerio de Economía (MEF) en los últimos días de ese año. En su órbita funciona la Comisión de Aplicación (Comap) de la Ley de Promoción de Inversiones.
Para las autoridades del MEF, la inversión privada está teniendo un impulso significativo -más allá de algunas megaobras como la del Ferrocarril Central o la segunda planta de UPM en el país-, y confían en que una parte importante de los planes amparados en el régimen de incentivos se vayan concretando en el año que comienza.
“La inversión de UPM no es la única inversión que estamos viendo en la economía. De hecho, cuando miramos sobre todo los proyectos que se han presentado ante la Comap, el número de proyectos, así como los montos involucrados, son muy importantes. Al día de hoy, ya tenemos más de US$?3.000 millones en proyectos de inversión presentados ante la Comap” acumulados de distintos años, dijo en El Observador del 11 de diciembre la directora de la Asesoría Macroeconómica del MEF, Nicole Perelmuter. “De concretarse todos esos proyectos de inversión, tendríamos un monto de inversión equivalente a una UPM adicional. Una vez que empiece a menguar el efecto inversión de UPM, tenemos toda esta inversión privada, que esperemos se empiece a concretar probablemente en 2022. En la Asesoría Macro hemos realizado un estudio de cómo se comportan estos proyectos de inversión cuando hay estímulos adicionales. Ahí encontramos que hay una aceleración en su implementación. Estamos viendo datos que nos permiten pensar que va a seguir el dinamismo de la inversión más allá de UPM”, insistió.
Búsqueda solicitó acceder al estudio aludido por la jerarca por la vía de la ley de acceso a la información pública. En su respuesta, el MEF remitió al Macroeconomic Newsletter, un reporte trimestral elaborado para inversores por su Unidad de Gestión de Deuda en la que se menciona el tema en un par de párrafos. Indica que, con base en la experiencia histórica, en promedio la mitad de los planes promovidos por la Comap “se ejecutan en el año t de presentación de la inversión y el año siguiente (t+1). Sin embargo, cabe mencionar que la tasa aumenta significativamente cuando se otorgan beneficios adicionales. Ese fue el caso de los anteriores incentivos fiscales implementados en 2016, cuando la tasa de inversiones presentadas sobre las promovidas alcanzó casi el 80% sobre t y t+1”. Añade que “también se otorgaron beneficios adicionales en 2020 y 2021 para impulsar la recuperación post-Covid-19 y, en consecuencia, un gran número de proyectos fueron presentados a la Comap. Por lo tanto, el gobierno espera que gran parte de estos proyectos se materialicen en el corto plazo”.
Proyectos
En todo 2020 la Comap había recomendado darle las ventajas fiscales –lo que casi siempre el Poder Ejecutivo hace luego a través de resoluciones- a inversiones por US$ 475 millones. Fueron 287 proyectos, algunos por montos relativamente grandes (como los casi US$ 45 millones de Tormony S.A., del rubro aceitero, o los US$ 36 millones de la forestal Uruply).
En enero-octubre de 2021 los planes con recomendación para ser promocionados involucraron inversiones por US$ 359 millones, que se comparan con los US$ 449 millones del mismo lapso del año anterior (-20,1%).
Después del proyecto de Tealov –del estadounidense Invenergy Renewables Global-, el que le siguió en monto fue el de la compañía de capitales noruegos Pesquera Azul S.A. (US$ 25,2 millones) y el del data center de Soldelco (US$ 12,6 millones).
De los 360 proyectos que superaron la evaluación de la ventanilla que gestiona la Comap y pasaron con su visto bueno al Ejecutivo, 63 fueron por más de US$ 1 millón.
Por sectores de actividad, 157 correspondieron a los servicios, es decir el 40% del total de planes, a la vez que fueron 140 del comercio (36%), otros 62 del agro (16%), 27 de la industria (7%) y cuatro del turístico (1%), casi todas empresas hoteleras.
Incentivos cuestionados
Este régimen de estímulo a las inversiones, vigente desde 1998, implicó resignación de impuestos por más de US$ 100 millones en 2020, según datos contenidos en la Rendición de Cuentas correspondientes a ese año. Pero el “gasto tributario” total –que suma otras excepciones o rebajas con distintos propósitos- supero los US$ 3.000 millones. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Uruguay “depende significativamente” de este tipo de esquemas, cuestionados también por Cabildo Abierto.
En cambio, desde el MEF lo defienden. “Uruguay es atractivo no sólo por el régimen tributario. Si analizás en qué lugar se ubica el sistema tributario para que una multinacional vea dónde radicarse, no está dentro de los primeros tres. Siempre hay otros factores como la seguridad jurídica, el respeto por las reglas de juego. Si Uruguay tuviera que hacer algún cambio, igual sería atractivo porque tiene otros aspectos para atraer inversión extranjera, como un sistema financiero abierto, respeto por las instituciones, la estabilidad política y económica, el sistema de libre convertibilidad. Hay muchos aspectos que hacen que Uruguay sea atractivo; uno puede ser el régimen de incentivos tributarios, pero no creo que sea el determinante”, declaró en la diaria del 27 de diciembre pasado la directora de la Asesoría Tributaria, Pía Biestro.
De todos modos, sobre esa misma jerarca recae la tarea de analizar y proponer posibles cambios normativos, a la luz de nuevas tendencias en la tributación a escala global, como un impuesto mínimo a las corporaciones transnacionales.
“A nivel internacional estamos todos muy expectantes de quién va a ser el que primero se mueva. Obviamente Uruguay no va a ser. Claramente si de 136 países hay 134 que lo implementan, hay que estar más alerta, pero ahora estamos viendo cómo se empiezan a mover las fichas. Con respecto al impuesto mínimo global, también tenemos un equipo de trabajo armado con gente de DGI y de la asesoría tributaria (…). Creemos que hasta marzo no vamos a tener una idea a cabalidad, no se van a empezar a mover las piezas y ver cómo funciona. En este tema del impuesto mínimo global Uruguay tiene que ser parte del pelotón, no puede ser malla oro, porque Uruguay tiene varios regímenes de incentivos tributarios que son muy útiles para atraer inversión extranjera directa, genuina. Estamos en la etapa diagnóstico de ver cómo esto juega en cada uno de los regímenes”, afirmó en esa entrevista. Como parte del plan de trabajo tienen previsto conversar con las autoridades de zonas francas, con la Comap, “también con el sector privado, porque es importante un feedback con quienes van viendo cómo se suceden los hechos”, amplió.
karen@magnolio.uy
Pablo de María 1015
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