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Desde hace varias semanas el escenario político está marcado por un incremento de la tensión sindical. El fenómeno se hace sentir en las calles y no pasa desapercibido para el gobierno, que está en pleno tratamiento parlamentario de la Rendición de Cuentas y empezando la negociación salarial.
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El asunto fue uno de los principales énfasis del presidente Luis Lacalle Pou cuando la semana pasada reunió a los presidentes de las empresas públicas y los entes. Ese día les dio su respaldo para soportar “la presión sindical” y les recordó que estaban en esos puestos para gobernar y “hacer las transformaciones que hay que hacer”.
Así como el oficialismo planea su estrategia para atravesar esta pulseada política, también lo hacen los sindicatos. El viernes 30 se reunió la Mesa Representativa del PIT-CNT y los numerosos conflictos en curso estuvieron en el centro del análisis.
En los asuntos previos, los distintos sindicatos informaron las situaciones que atraviesan y luego los dirigentes adoptaron algunas resoluciones que marcan el camino a seguir. Una de las propuestas que se puso a consideración es hacer una “gran movilización de carácter nacional” para mediados de setiembre. La decisión se tomará en la Mesa Representativa convocada para el 20 de agosto.
A escala sectorial, uno de los principales conflictos abordados fue el que lleva adelante la coordinadora de sindicatos de Ancap, que planteó su preocupación por las modificaciones incluidas en la Rendición de Cuentas que, entienden, “afectan la producción de biocombustibles y configuran el cierre de varias plantas”. Compartieron el plan de movilizaciones que comenzarán a desplegar hoy 5 de agosto, con un paro de 24 horas y la ocupación de las oficinas centrales de la petrolera estatal. También están previstas otras ocupaciones en plantas de Ancap y de sus empresas vinculadas. La coordinadora le pidió al PIT-CNT apoyo para ese conflicto.
La Mesa Representativa aprobó una moción para respaldar la lucha. También resolvió reclamar al gobierno y al Parlamento que dejen sin efecto la modificación incluida en la Rendición de Cuentas. Además, pidieron un compromiso público del Poder Ejecutivo de que Alur mantenga su actividad en Capurro y en Pueblo Belén.
El Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra), por su parte, solicitó el apoyo del PIT-CNT para pelear contra la extensión de la concesión en la terminal de contenedores del puerto de Montevideo a Katoen Natie, lo que entienden pone en riesgo puestos de trabajo y afecta la soberanía. En respuesta, la Mesa Representativa decidió que ese tema sea “un punto central” de la movilización nacional prevista para setiembre.
Los dirigentes también aprobaron una moción de respaldo al Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines (Suntma), que está desarrollando una huelga general por la reducción de la flota pesquera y la pérdida de salario y condiciones de trabajo. Finalmente, en la reunión trataron también la discusión sobre las posibles modificaciones al subsidio del supergás. La Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios (Fuecys) pidió respaldo y solidaridad para una movilización que prevé realizar en la segunda quincena de agosto.
El Índice de Conflictividad Laboral que realiza la Universidad Católica mostró un ascenso de la conflictividad sectorial en julio, que se ubicó en el nivel más alto en lo que va del año. Se registraron 12 conflictos con interrupción de actividades que involucraron a 69.200 trabajadores y por los que se perdieron 75.950 jornadas laborales. Además, se produjo la primera ocupación de un lugar de trabajo en lo que va del año, que fue la planta de Aguas Corrientes de OSE y que derivó en una intimación del Ministerio de Trabajo.
Protesta en la puerta de la sede de Ancap. Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS
El empuje del referéndum
El secretario de Organización del PIT-CNT, Enrique Méndez, ve en el escenario de conflictividad actual —marcado por la Rendición de Cuentas y los Consejos de Salarios— una continuidad de la puja que se abrió a partir de la aprobación de la Ley de Urgente Consideración (LUC). En su opinión, el Poder Ejecutivo promueve cambios “bruscos” sin dar las discusiones adecuadamente.
“El pueblo vuelve a escribir su historia y está marcando la cancha de cuál es la voluntad y de cómo se deben hacer las cosas: 800.000 firmas no es cualquier mensaje. Lo que se demostró es que las cuestiones no se resuelven como se hicieron”, dijo a Búsqueda.
Pese a ese mensaje, considera que tanto en la Rendición de Cuentas como en las pautas salariales el gobierno vuelve a recorrer un camino similar. En particular se refirió al conflicto por el posible cierre de unidades productivas de Alur. En las movilizaciones que se han desarrollado en los últimos días, Méndez sostiene que se siente algo similar a lo que se vivió el día de la entrega de las cerca de 800.000 firmas en la Corte Electoral para intentar derogar 135 artículos de la LUC.
“La lucha por la recolección de firmas es la lucha para defender los puestos de trabajo, es la lucha para defender el salario y los ingresos de los jubilados, la inversión pública y las empresas públicas”, dijo.
