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    Cristo, carpintería y “olor a preso”: así trabaja la ONG que el gobierno eligió para bajar homicidios

    Vida Nueva empezó a trabajar en Cerro Norte y otros de los barrios más violentos del país: “Para moverse en ese mundo es necesario entender códigos”, dice el fundador de la organización

    Tres hombres cargan bidones de suavizante, jabón líquido, hipoclorito y perfumol en la caja de una camioneta utilitaria. Son casi las 10 de la mañana del lunes 8 de abril y están por partir hacia el barrio Los Bulevares, en el oeste de Montevideo, una zona con un alto índice de homicidios. El punto de partida es la chacra principal de la ONG Vida Nueva, ubicada sobre la Ruta 67, en las afueras de Las Piedras, que es mucho más que el espacio de producción de estos productos de limpieza y otros de carpintería y agricultura: es el hogar y el trabajo de 35 hombres que aún transitan por el sistema penitenciario o que hace poco obtuvieron la libertad. Todos, además, son adictos. Buscan rehabilitarse, reinsertarse en la sociedad, recuperar a sus familias y “dejar el mal camino de las drogas”.

    Los productos que fabrican los venden en comercios de la zona, en ferias, en fiestas tradicionales del interior del país y en zonas calientes como 40 Semanas, 19 de Abril, La Boyada, Piedras Blancas, Santa Catalina y el Cerro. “Donde no entra nadie, ellos entran”, dice Wilson Brun, director ejecutivo de la organización, que fue uno de sus fundadores junto con otros reclusos cuando se encontraban presos en el ex-Comcar en 1997 —la actual Unidad N° 4 de Santiago Vázquez— y no veían en la cárcel ninguna rehabilitación posible. “A esos lugares ellos los conocen y en esos lugares a ellos los conocen”, añade.

    Unos pocos cumplen prisión domiciliaria y cargan tobillera electrónica. El resto ya salió de prisiones de todo el país. Tienen diversas trayectorias delictivas —la mayoría con antecedentes por hurto y rapiña— y comparten la adicción a las drogas y que, en general, “tienen las familias rotas”, dice Brun. Él estuvo preso desde 1993 a 1998 e incluso lideró en 1995 un motín que encerró a las visitas en el Comcar durante una semana. El motivo puede sonar incongruente: reclamaban que se mantuviera en el cargo al director del centro carcelario, que el gobierno pretendía remover. Los seis años que pasó preso marcaron la personalidad de Brun; incorporó el léxico, las costumbres y los movimientos del hampa. Dentro de la cárcel, reconoce, “aprendió a delinquir” e hizo “más plata que estando en libertad”. También entendió que el Estado no le ofrecía herramientas de rehabilitación, por lo cual inició su propio camino de reinserción con el apoyo de la Biblia.

    Hoy es el pastor principal de la organización, que ocupa dos chacras ubicadas a un kilómetro de distancia. Además de los 35 adictos en recuperación que viven en la sede principal, en el terreno cercano se atienden otros 15 y pronto ingresarán cerca de 20 más. Unas 70 personas en total. Además de aprender oficios para luego vender los productos y financiar el funcionamiento de las chacras, realizan talleres donde aprenden a reconocer los errores cometidos y el daño que hacen a las víctimas; reciben asesoramiento psicológico y apoyo evangélico que los acerca a la iglesia como parte del tratamiento. Los miércoles y viernes deben participar de las reuniones religiosas. “No me interesa que se hagan religiosos, pero sí que tengan los valores”, aclara Brun.

    Luis, el mejor albañil de la organización, prepara una obra para refaccionar y ampliar las habitaciones y el baño. “La iglesia me ayuda a dejar cosas que tengo que dejar, actitudes mías, como el egoísmo, la soberbia, que me lleva muchas veces a drogarme”, afirma. Reconoce que “la convivencia” y “lo espiritual” es lo que más le cuesta, que su familia “se ha desilusionado y cansado” y “están a la expectativa de si esta vez es verdad o no” que se va a rehabilitar. También cuenta que Vida Nueva lo ayudó “a salir”, a encontrar algo que le cambie “el rumbo”, para “no estar siempre pensando en delinquir” y “empezar a hacer las cosas bien”. Allí viven en la tranquilidad del campo, rodeado de verde, tienen una sala de juegos, parrilleros y una cancha de fútbol donde pasan sus tiempos libres.

    Desde 2010 Vida Nueva es la filial en Uruguay de Prision Fellowship International (Confraternidad Carcelaria Internacional), una organización cristiana presente en 123 países que ofrece grupos de estudios bíblicos en cárceles, entre otros programas. Confraternidad Carcelaria ha aportado dinero para financiar distintas instancias del proyecto, como la construcción de algunos de los 11 invernáculos, donde cultivan verduras (tomates, acelga, lechuga, espinaca, zapallo, calabacín, perejil y cabutiá), y la adquisición de los predios donde viven y trabajan.

    “Nuestro propósito es disminuir los niveles de reincidencia de aquellas personas que están en proceso y de quienes recuperaron la libertad, así como también favorecer a terminar con el círculo de la delincuencia y sus efectos adversos en la sociedad”, indica la misión de Vida Nueva.

    Días atrás, la organización sumó un propósito más. El gobierno la eligió para llevar adelante el programa Barrios sin Violencia, con el que busca reducir los homicidios entre bandas criminales que operan en Montevideo. Tras meses de análisis, asesoramientos y convocatorias, el proyecto comenzó el lunes 1º.

    Primero restaurar

    “Uno, cuando viene, tiene que tomar la decisión de que realmente quiere cambiar. De lo contrario, no sirve de nada. Si no terminás el proceso y te vas, volvés a caer y tu familia vuelve a caer contigo otra vez”, dice Esteban, de 38 años. Hace 10 meses que está en la chacra trabajando en el sector de carpintería donde construyen tablas de picar y materas. Antes pasó cinco veces por cárceles por cometer cuatro hurtos y una rapiña para poder drogarse. “Estaba cansado de hacer las cosas mal. Pasé 10 años desde que empecé a consumir pasta base, donde lo único que hacía era perder, perder y perder”, cuenta, y lamenta especialmente no haber estado presente en la crianza de sus dos hijos.

    Si bien hace dos meses cumplió su pena de prisión domiciliaria, lo que lo habilita a irse voluntariamente de la chacra, decide permanecer porque tiene una “vida tranquila” y no se siente todavía preparado. Lo mismo le sucede a Luis, “el mago de la albañilería”. Dice que aprendió a los golpes que aún no es momento de irse a vivir su vida: meses atrás salió del hogar en un “momento de impulso” y solo aguantó una hora sin volver a drogarse. Llamó a Brun para que lo rescate de la calle, en las inmediaciones del Palacio Legislativo.

    “Trabajamos mucho el amor, los hábitos y la disciplina”, resume el director de Vida Nueva.

    Los días empiezan a las seis de la mañana, cuando desayunan para luego trabajar, cada uno en la tarea asignada, hasta la hora del almuerzo. Después retoman el trabajo hasta las cinco de la tarde.

    Al principio, los miembros entran y están un mes sin recibir visitas. No pueden salir a la calle durante tres meses y trabajan solo dentro de la chacra. Al cumplir ese plazo, si se nota una evolución, les permiten salir a vender. A los seis meses, si la mejora continúa, les otorgan un porcentaje de lo que venden. Después de cumplidos estos seis meses, las situaciones varían: algunos se quedan y otros logran construir una casa y comprar una moto. De todas formas, la mayoría quedan vinculados a la organización y pasan mucho de su día ahí.

    Mismos códigos

    Vida Nueva es una de las dos ONG seleccionadas por el gobierno para llevar adelante el programa Barrios sin Violencia, que comenzó el lunes 1º. “Es una primera etapa donde los equipos están conociendo el terreno”, señaló a Búsqueda Diego Sanjurjo, asesor del Ministerio del Interior. La puesta en marcha, indicó, será a “ritmo lento” porque es necesario “concretar pasos” para que luego las cosas “fluyan definitivamente”. Estimó que a fin de mes estarán en condiciones de funcionar “a pleno”.

    Vida Nueva actuará en la zona que comprende Casabó, Cerro Norte, La Paloma, La Teja y Tres Ombúes. La sede de trabajo es el Hospital del Cerro. Para el desarrollo de este programa cuenta con un equipo integrado por un trabajador social, un psicólogo y ocho “interruptores”, el término con el que se define a quienes, en última instancia, son los encargados de detener el círculo de violencia entre bandas dedicadas principalmente al tráfico de pasta base. El grupo incluye referentes comunitarios, algunos de ellos con antecedentes penales y pasajes por la cárcel, quienes estarán presentes en los barrios para intentar desarticular conflictos que puedan producirse.

    “Se crearon muy buenos equipos, heterogéneos, interesantes, con capacidad técnica y también con mucha experiencia de vida”, afirmó Sanjurjo, que fue quien en 2022 le propuso al entonces ministro del Interior, Luis Alberto Heber, el desarrollo de Barrios sin Violencia. Se trata del nombre uruguayo para el aterrizaje de Cure Violence, un programa internacional que aborda los homicidios bajo un enfoque epidemiológico de la violencia, sostenido en parámetros de la Organización Mundial de la Salud.

    Según este programa, originado en el 2000 en la ciudad de Chicago (Estados Unidos) por la ONG estadounidense Cure Violence, los asesinatos por ajuste de cuentas exhiben períodos de crecimiento, incubación y demora similares a los de una enfermedad contagiosa. Al igual que en los tratamientos de salud, también hay factores de riesgo para prevenirlos, por ejemplo, amenazas, tiroteos y homicidios previos. El rol de los interruptores es frenar más muertes al aplicar tres estrategias: detectar e interrumpir conflictos violentos o potencialmente violentos; identificar y tratar a las personas de alto riesgo; y cambiar las normas de comportamiento que facilitan la violencia.

    De acuerdo al Observatorio de Criminalidad y Violencia del Ministerio del Interior, en 2023 hubo en Uruguay 382 homicidios, 210 de ellos en Montevideo. Del total en la capital, en el 75% se utilizaron armas de fuego y 54,3% fueron causados por ajustes de cuentas o conflictos entre criminales. La seccional 24, que entre otras áreas cubre el Cerro, tuvo 28 homicidios, la segunda seccional con más cantidad de asesinatos en la ciudad.

    Desde el año pasado el gobierno ha aplicado distintos mecanismos para disminuir los asesinatos y Cure Violence supone el más innovador, incluso el más controversial. Está alejado de lo policial y operativo, centrado en la prevención y en las causas sociales y culturales del delito, lo que provocó críticas de dirigentes oficialistas y dudas dentro de la Policía Nacional, con algunos integrantes que solapadamente cuestionan su eficacia.

    Tras su implementación inicial en Chicago, Cure Violence se replicó en más de 100 comunidades de Brasil, Colombia, Honduras, Jamaica, México, Puerto Rico y Trinidad y Tobago. “Muchas de estas adaptaciones fueron objeto de evaluaciones independientes y por lo general mostraron reducciones considerables y estadísticamente significativas de la violencia armada. La última evaluación registrada en Trinidad y Tobago concluye que la implementación de Cure Violence generó apoyo educativo y laboral, con una reducción de la violencia, en particular de los asesinatos por represalia”, afirmó en febrero un comunicado de prensa del Ministerio del Interior. Para Sanjurjo, los resultados positivos pueden empezar a notarse a partir de julio.

    El jerarca, especialista en políticas públicas de seguridad y desarrollo, conoció el programa a través de su formación académica y de su experiencia en el ministerio como coordinador de Estrategias Focalizadas de Prevención Policial del Delito del Programa Integral de Seguridad Ciudadana del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El BID, que se asoció con Cure Violence en otros países, aprobó el año pasado un préstamo en seguridad pública por U$S 8 millones para Uruguay, un paquete que incluye la ejecución de Barrios sin Violencia.

    Al llamado de ONG para ejecutarlo se presentó Vida Nueva, a quien le otorgaron el trabajo para la zona 2, hacia el oeste de Montevideo. La zona 1 estará cubierta por la asociación civil Ecofamilia y abarca barrios del norte de la ciudad como Casavalle, Las Acacias, Marconi, Manga, Peñarol y Villa Española, un sitio de especial interés para el Ministerio del Interior por la violencia que se disparó desde fines del año pasado. En esta zona el programa tendrá su sede en el nuevo centro de referencia de políticas sociales del Ministerio de Desarrollo Social, ubicado en Casavalle.

    “Para hacer esto necesitás gente con olor a preso, que esté en la cancha y conozca el paño”, anticipa Brun. Tras 28 años de conocimiento en la recuperación y el trato con reclusos, Vida Nueva y sus integrantes construyeron una fuerte y confiable red de contactos en lugares de contexto socioeconómico complejo, donde predominan la inseguridad y los enfrentamientos entre bandas criminales de microtráfico de droga. Aunque se dedica a la reinserción social de adictos liberados de prisión, en ocasiones la organización recibe llamados de vecinos para intervenir e intentar apaciguar conflictos barriales, cuenta Brun. Ahora este será un trabajo concreto, continuo, más especializado y profesionalizado, con base en experiencias previas internacionales pero un amplio margen para que Uruguay consiga su propia receta. Desde el lunes 8 al viernes 12 los equipos de 10 personas de Vida Nueva y Ecofamilia reciben una capacitación de docentes de la Maestría en Gestión de Conflictos, Negociación y Mediación de la Universidad Católica. Del 22 al 26 de abril recibirán otra semana de capacitación de expertos de la ONG Cure Violence.

    “Para moverse en ese mundo es necesario que las personas se abran y para eso es necesario hablar su mismo idioma, entender sus mismos códigos. Es similar a lo que hacemos en Vida Nueva. La iglesia les genera confianza para abrirse y contar cosas que quieren solucionar. Nosotros escuchamos y aconsejamos, después, seguir el consejo depende de ellos”, dijo Brun.

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    2024-04-10T22:28:00