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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáSegún el Democracy Index de The Economist, de 2021, Uruguay es el único país de Sud América que es reconocido como democracia plena y que en las tres Américas comparte esto solo con dos países: Canadá y Costa Rica. Desde hace muchos años nuestro país obtiene este legítimo reconocimiento, que lo ubica en una reducida lista que integran las mejores democracias del mundo.
El estudio de The Economist es sumamente complejo. Parte de cinco grandes ítems: proceso electoral y pluralismo, funcionamiento del gobierno, participación política, cultura política y respeto a las libertades civiles (derechos humanos). La complejidad y profundidad del estudio de cada ítem y su valoración puede verse ampliamente en Internet.
Es evidente que, si bien los cinco ítems son necesarios para que se pueda definir una democracia en el siglo XXI, las elecciones libres y plurales presentan una importancia básica y es uno de los elementos definidores de lo que la democracia es.
En los últimos tiempos han disminuido las voces que reclaman o sugieren reformas constitucionales. Quizás se haya advertido que tenemos la mejor Constitución de nuestra historia, con sus 54 años de vigor formal y sus 36 años de vigor real e ininterrumpido, que ha permitido gobernar a tres partidos distintos con equilibrios adecuados entre la decisión política y la protección de los derechos de los habitantes. Pero con cierta frecuencia se habla de introducir cambios en temas electorales, lo que a veces requiere reforma constitucional y otras veces no. En algunos casos se trata de temas menores y compartibles como eliminar la obligatoriedad del voto en las elecciones de Udelar y BPS, suprimir las vedas alcohólicas, etc.
Pero con frecuencia se afirman dos cosas: a) votamos mucho (se dice que en un año hay dos elecciones —internas de los partidos y nacionales, a la que puede agregarse la segunda vuelta— y al año siguiente aparecen las elecciones departamentales y locales) y b) que eso cansa a la gente y a los políticos y se perjudican las finanzas de los partidos políticos. Ninguno de estos argumentos es de recibo.
Las elecciones son la esencia de una democracia, la principal garantía para la decisión del cuerpo electoral en el manejo y destino del país. En nuestro país se vota cada cinco años en las nacionales y cada cinco años en las departamentales y locales. ¿Esto es mucho? Definitivamente es poco, y si lo comparamos con otras democracias de calidad, es muy poco. Las renovaciones parciales de órganos nacionales y departamentales, frecuentes en el derecho comparado y en nuestra historia constitucional, a veces llamadas elecciones de medio término cuando es un acto electoral durante el mandato del presidente, son interesantísimas y dan mayor calidad y vigor democrático a una sociedad. Una cosa es votar y que luego el cuerpo electoral sea solo testigo mudo por cinco años y otra muy distinta que a medio camino haya oportunidad de pronunciarse. Si el gobierno está haciendo las cosas bien se le premiará y aumentará su caudal parlamentario o, en caso contrario, podrán introducir ajustes. El problema de Uruguay no es que se vote mucho, sino que, por el contrario, si se votara más aumentaría la calidad de la democracia nacional y se potenciaría el rol de los ciudadanos y del cuerpo electoral. Ningún ciudadano responsable y consciente de sus deberes cívicos puede quejarse por tener que votar una o dos veces en un año, más cuando luego pasa años enteros sin votar; es un sacrificio bajo para la salud del sistema democrático nacional y, en especial, nadie puede sentirse cansado. En cuanto a los políticos y partidos democráticos, cabe similar comentario: ningún candidato o partido puede quejarse ni cansarse de que sus mandantes, los ciudadanos, ejerzan sus derechos políticos en actos electorales (cuando hablan los electores, callan los elegidos). Si están cansados no deberían ni decirlo. Y, en cuanto a las finanzas de los partidos, estos deberán ahorrar y administrar mejor sus dineros, pero no disminuir la calidad democrática con menos actos electorales. Hay que tener cuidado con pensar que los políticos o los partidos son la médula de una democracia, ya que, por el contrario, la esencia de la democracia está en la participación ciudadana.
Pasando a otro tema recurrente, la simultaneidad de las elecciones nacionales con las departamentales y locales es mala. Sabemos por experiencia propia que las nacionales se apropian de la elección y poca atención prestan los ciudadanos a las departamentales y menos aún a las locales. Incluso hemos visto que, en algunos departamentos, con el actual régimen de elecciones separadas, hay mucha diferencia entre lo que se vota en lo nacional y lo departamental. Pero, especialmente, sabemos que en una campaña electoral única para todos los niveles no pueden los ciudadanos profundizar en las cuestiones y propuestas nacionales, departamentales y locales, y en los hechos se pone poca atención en lo departamental y lo local. Con esto se pierde, irremediablemente, calidad democrática.
La separación de las elecciones nacionales y departamentales en 1997 fue una gran cosa para la democracia uruguaya. Dinamizó las elecciones y cuestiones departamentales y locales, que dejaron de estar sometidas o subordinadas, en lo que a la atención ciudadana refiere, a las nacionales. Sería, a mi juicio, un claro retroceso en calidad democrática si se volviera a la simultaneidad. Es cierto que podrían separarse más las elecciones nacionales de las departamentales y locales y, en lugar de ser el año siguiente de las nacionales podría ser dos años o dos años y medio después. Esto sería bueno y, en cierta forma, ese ejercicio electoral de medio mandato nacional, aunque sea departamental, daría participación a los electores en la mitad del gobierno nacional.
Los temas electorales son muy sensibles para una democracia que se precie de tal. Las reformas deben ser pocas y, cuando se hagan, deben responder a razones fuertes y, en ningún caso, se puede aceptar que se disminuyan las posibilidades de participación efectiva de los ciudadanos ni que se perjudique la buena calidad democrática de nuestro país.
Martín Risso Ferrand