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Para ocho de cada 10 empresarios, el referéndum convocado para el último domingo de marzo de 2022 será confirmatorio de los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), y entre los demás, la mayoría tiene dudas del resultado.
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De confirmarse ese pronóstico de derrota para quienes respaldan la opción del Sí a la derogación, se evitarían los impactos “negativos”, como un “freno a las reformas que quiere llevar adelante la administración de Luis Lacalle Pou o un escenario de “ingobernabilidad”.
Tal análisis emerge de las respuestas que dieron los ejecutivos encuestados para la XXVI Encuesta Anual de Evaluación y Perspectivas Empresariales de Búsqueda. La consulta popular por la LUC es vista por actores políticos, analistas y el propio empresariado como una instancia clave del año que viene, por lo que fue incorporada al sondeo a través de dos preguntas. Una interrogó directamente sobre el resultado que creen que arrojarán las urnas —con la ratificación de los artículos cuestionados, su derogación o la opción de indicar que “no sabe”— y otra preguntando acerca de las consecuencias que estiman podría tener un pronunciamiento popular adverso a los intereses del oficialismo.
El 80,4% del total de encuestados considera que la LUC será mantenida en el referéndum; esa convicción es incluso total en el sector de la construcción (100%).
Los que vaticinan la caída de los 135 artículos objetados son el 4,7% del total. Sin embargo, solo algunos empresarios de la industria, el comercio y los servicios le dan chance a esa posibilidad.
Por su lado, el 14,9% de los ejecutivos no arriesgó un probable resultado del referéndum (“no sabe”). Como se dijo, solamente entre los empresarios de la construcción no tienen esa incertidumbre.
La papeleta ganadora será la que obtenga más de la mitad de todos los que efectivamente fueron a sufragar y lo hicieron por el Sí, por el No o en blanco (que se contabiliza por la opción ratificatoria).
Consecuencias
Puestos en la hipótesis —improbable según la amplia mayoría de los empresarios— de que los artículos objetados de la LUC terminen siendo derogados en el referéndum, los encuestados visualizaron, en general, efectos adversos.
Hubo 56 menciones a la idea de que las consecuencias serían “negativas” y algunos fueron más específicos, refiriéndose a un posible escenario adverso para los intentos de reformas. Otros 23 lo verbalizaron como un “golpe político” o un “debilitamiento” de la administración de Lacalle Pou, aunque más aludieron a ideas similares (“pérdida de credibilidad del gobierno” o “espaldarazo a la izquierda”).
También hubo 19 empresarios que descartaron consecuencias por un eventual triunfo de la papeleta rosada por el No.
