El Ministerio de Defensa exhorta a los militares uruguayos en el exterior a denunciar los abusos sexuales contra menores de edad

Consciente de todas formas que incidentes similares al de 2011 volvieron y volverán a suceder, el gobierno elaboró un documento que llama a las Fuerzas Armadas a identificar riesgos cuando los contingentes uruguayos entran en contacto con menores de edad en las misiones de paz, reclama que superen los obstáculos por los cuales no denuncian abusos y emite una serie de recomendaciones sobre cómo informar estos casos a lo largo de la cadena de mando.

“Todo el personal uruguayo que integra los contingentes de las misiones de paz de la ONU debe comunicar sobre las conductas o los procedimientos que pudieran afectar o contravenir la política de protección infantil”, indica, ya que “no informar genera responsabilidad”. Además de a los superiores, los casos de abuso pueden en última instancia ser comunicados a los equipos de Protección Infantil (CP) o de Conducta y Disciplina (CDT) que Naciones Unidas tiene en sus misiones, a su Servicio de Conducta y Disciplina (DMSPC) en su sede en Nueva York o directamente a la Oficina de Supervisión Interna (OSSI), que presta asistencia al secretario general del organismo.

Ante ciertos códigos militares no escritos que pueden entorpecer este proceso, la guía menciona la necesidad de que los efectivos superen “barreras” que les impiden “responder ante el maltrato infantil”, como por ejemplo “no desafiar alguna autoridad”, “miedo a represalias, “miedo a perder el trabajo, status o beneficios” y “miedo de denunciar al superior inmediato”. Por eso destaca que es “importante garantizar que el personal se sienta seguro” para hacer denuncias. “Todos los reportes serán tratados con seriedad y confidencialidad. Cualquier miembro del personal que presente una denuncia de violencia estará protegido contra todo tratamiento perjudicial que pudiese afectarle, siempre que las denuncias se planteen de buena fe”, subraya.

Respuesta robusta

Las misiones de paz de la ONU tienen por objetivo contribuir a la estabilización social en países que sufrieron o todavía están en situación de conflicto. Uruguay tiene una participación histórica que se remonta a 1982 e incluye operaciones en 30 países. Su principal actuación fue en Haití y hoy es en la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (Monusco), con 808 efectivos activos a julio de este año. También bajo las Naciones Unidas soldados uruguayos supervisan el alto al fuego entre India y Pakistán; en la península del Sinaí la presencia es para controlar la paz entre Egipto e Israel, aunque bajo los Acuerdos de Camp David. El 93% de la totalidad de los efectivos son hombres.

A fines de 2019 Sabine Lee, de la Universidad de Birmingham (Reino Unido), y Susan Bartels, de la Universidad de Queen (Canadá), condujeron una investigación sobre violencia sexual en la misión de paz de Haití. Sus resultados mostraron que cascos azules uruguayos fueron vinculados al 28% de los relatos sobre hijos de una relación entre haitianas —incluidas menores de edad— y personal de Naciones Unidas. Solo Brasil, que tenía más efectivos que Uruguay en Haití, estuvo involucrado en más hechos. A partir de los datos, Bartels opinó que era necesario mejorar la formación de los cascos azules para que puedan reconocer cuándo hay explotación sexual (Búsqueda N° 2.061).

La intención del Ministerio de Defensa va en esa línea. Su documento pide a los soldados reconocer cuatro tipos de violencia a menores: el maltrato físico (golpes, pellizcos, sacudidas, envenenamiento, ahogamiento, quemaduras, fracturas), el maltrato emocional o psicológico (encierros, aislamiento, restricción del movimiento, humillaciones, uso de apodos, amenazas, discriminación, ridiculización), el abuso sexual infantil (cualquier relación o contacto entre un niño y un adulto a afectos de satisfacer sus deseos sexuales) y los tratos negligentes (incapacidad de supervisar y proteger al menor de edad, no procurarle asistencia médica).

También incluye contenidos brindados en cursos obligatorios de entrenamiento para misiones de paz certificados por Naciones Unidas y propone debates grupales que ayuden a identificar a quiénes en el contingente uruguayo tienen acceso a niños, niñas y adolescentes para a partir de ahí realizar un análisis que evalúe el impacto del contingente y los posibles peligros que enfrentan los niños cuando entran en contacto con los efectivos uruguayos. “¿Qué riesgos pueden variar según las funciones?”, “¿Existen riesgos durante las licencias?”, son algunas de las preguntas.

Menciona como fundamental el trato a la víctima. “Debido a la presencia de la misión y el despliegue de los contingentes uruguayos en el terreno, es posible que la población local acuda a los integrantes de la misión para presentar denuncias de violaciones a sus derechos, ya sean estas contra terceros o contra el personal uruguayo”, explica, y exige evitar la “revictimización” de quien hace la acusación a través de una “intervención inadecuada” que genere el manejo indiscriminado de información sobre la víctima, reiteradas pericias e indagatorias, culpabilización por lo que sucedió o desvalorización de su relato. “Por eso resulta imprescindible una respuesta robusta y apropiada por parte del personal uruguayo”, concluye.