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La investigación de un centenar de medios de todo el mundo —en Uruguay, Búsqueda— desató a través de los “Panama Papers” múltiples investigaciones sobre el cumplimiento de normas impositivas y eventuales responsabilidades penales de quienes utilicen las sociedades offshore con fines ilícitos. Además de los temas centrales emergieron otros a los que poca importancia se les dio en el pasado, pero que ahora resurgen.
Carlos Díaz, titular de la Secretaría Antilavado, expresó la semana pasada en Búsqueda su preocupación sobre el mundo del fútbol, cuyo sistema “no es el más eficiente, ni el que mejor funciona en términos de ética”. Anunció que se avanzará en el estudio sobre su funcionamiento.
Pero fue necesario que se acumularan hechos: la corrupción en la FIFA, que los documentos panameños involucren a Gianni Infantino —el nuevo presidente de la multinacional del fútbol— como avalista de negocios entre la UEFA (Unión Europea de Fútbol) y empresarios corruptos, y que el presidente de Peñarol, Juan Pedro Damiani (renunciante por esto al Comité de Ética de la FIFA), haya intervenido como profesional en bienes adquiridos con plata negra por Eugenio Figueredo y su esposa, María del Carmen Burgos.
Admitió Díaz la opacidad en el fútbol y como una causa de ello señaló que la FIFA no permite que actúen los tribunales judiciales debido a “ese carácter un poco divino que se le da al fútbol”.(1)
La misma prohibición rige para las confederaciones regionales y asociaciones nacionales, so pena de desafiliación. Quedó claro con la denuncia contra Figueredo cuando, debido a extorsiones de la Conmebol, los clubes desistieron: el fútbol antes que la ley.
A nadie se le mueve un pelo. Esa mafia tiene un fuerte poder económico y político. Tanto que los gobernantes siguen recibiendo bajo palio a las autoridades de la FIFA. Lo hicieron con Blatter y recientemente con Infantino, “el amigo de los uruguayos”.
La Suprema Corte de Justicia fue la única que abordó el terreno ético. A fines de 2004 valoró como “inconveniente” para la “imagen y el prestigio del Poder Judicial” que los jueces integren tribunales de la AUF (Búsqueda, Nº 1.278).
La resolución la redactó el ex ministro Leslie Van Rompaey luego de una intensa discusión interna. Fue consecuencia de un reclamo de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) y del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur).
Ocurrió 12 años antes del lodazal destapado por la Fiscalía General de Estados Unidos, a la que se sumó la de Suiza.
José Luis Corbo y Sebastián Bauzá (luego fueron presidentes de la AUF) gestionaron luego ante la Corte rever esa resolución que, si bien no prohibía, dejaba a los jueces en falsa escuadra. No lograron anularla, pero estamos en Uruguay y se trata de fútbol. La Corte hizo la vista gorda y jueces del Poder Judicial siguen en la AUF. Una extraña conjunción pública y privada por “ese carácter un poco divino” del fútbol.
El secretario antilavado recordó el peso que sobre cada país tiene el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que fue creado en 1989. Les genera a los países obligaciones para controlar el blanqueo de capitales y el terrorismo. Si no cumplen pasan a integrar una lista gris o negra del GAFI.
En 2009, durante la primera Presidencia de Tabaré Vázquez, el GAFI emitió un detallado documento de 50 páginas sobre la relación entre el fútbol y el crimen organizado. Dijo que esa relación “es más profunda y compleja de lo que se pensaba”. Involucra la evasión fiscal, el doping, las apuestas ilegales y hasta el tráfico de personas. Su estructura, sus métodos de financiamiento y, en particular, la cultura deportiva, son puntos de atracción para el crimen organizado, dice el informe que hoy, a la luz de lo ocurrido en los tribunales de Estados Unidos, Suiza y Uruguay —y con los “Panama Papers”—, se robustece.
El GAFI sentencia: “Estamos ante un mercado fácil de penetrar” en el que suelen aparecer “funcionarios gubernamentales y sociedades”, además de “oportunidades de colusión (pactos, acuerdos) entre el mundo honesto y el criminal”. Fue publicado en julio de 2009 en el portal digital de la Presidencia de la República.
¿Cuántos gobernantes lo leyeron? ¿Lo conocen los dirigentes y los periodistas deportivos, que nada dijeron? ¿Qué medidas tomó el gobierno para indagar quién está detrás de esas “oportunidades” entre el mundo honesto y el criminal que menciona el GAFI?
Según Díaz, Uruguay carece de capacidad de lobby internacional para resistirse a las medidas que le imponga el GAFI. Es así. Las acata o queda marcado. Lo de 2009 no fue una imposición de medidas, sino que (como la historia posterior lo demostró) constituyó un llamado de atención. De repente no se realizaron investigaciones por ese “carácter divino del fútbol” que, como antes le rezó a los dioses Havelange, Blatter y Figueredo, ahora lo hace con Infantino.
Si las investigaciones se realizaron en secreto y se adoptaron medidas, sería bueno saber cuándo, cómo y qué resultados tuvieron.
(1) Artículo 68, numerales 1, 2 y 3 de los Estatutos de la FIFA. En 2001 el Congreso de la FIFA reunido en Buenos Aires aprobó la formación de un Tribunal Arbitral del Fútbol “tendiente a combatir la intromisión de la Justicia ordinaria”.
