En la carta, no me referí a esa prórroga de fecha de inicio del plazo de la obra (40 días) sino a la sustancial Modificación de Contrato de PPP entre el MTOP y GVC del 29/09/2021 que pasa de setiembre 2022 a mayo 2023 el plazo final de la obra como se expresa en los siguientes puntos de esa modificación:
“1.2 El 7 de agosto de 2020, la Sociedad Contratista presentó ante la Administración Contratante (actual Administración) una petición de extensión de plazos”.
“1.3 Por resolución del MTOP del 08/03/2021, la Administración Contratante amplió hasta el 24 de mayo de 2023 el plazo para culminar las obras y puesta a punto…”.
Tres meses después de este plazo y ante las primeras informaciones públicas de aumentos de costos de la obra, dejé constancia en acta del Directorio de CFU (23/08/2023) de las informaciones que surgían de los informes mensuales de la Dirección de Proyecto y que relativizaban la asunción de responsabilidades que el ministro Falero atribuía al Estado y en particular al Gobierno anterior. En esa constancia dijimos: “En las informaciones que recibimos casi mensualmente desde que ingresamos al Directorio en 2020, en sus distintas etapas, hemos visto diversos incumplimientos de la Empresa, atrasos en el proyecto ejecutivo, ensayos cuestionados, proyectos de estructuras observados sin respuesta oportuna, cambios en lo ofertado y permanentes atrasos en el cronograma de la obra y su falta de aceleración para cumplir los plazos.
En diversas oportunidades consulté a la Dirección del Proyecto si teníamos bien documentados estos elementos para poder contrarrestar eventuales reclamos de la Empresa. Siempre se me respondió que sí. Me quedé con la convicción de que hay elementos para reclamar multas por plazos y otros incumplimientos que sobrepasarían reclamos por mayores obras (como puente de Durazno, cruces de animales, etc.).
Teniendo en cuenta el carácter de obra de PPP y su distribución de riesgos, y el papel de CFU en la Supervisión en apoyo a MTOP, si bien no nos corresponde participar en esa negociación, nuestra documentación debe aportar razones para evitar daño a los intereses del Estado y del país, que debemos defender”.
B) El Ing. Camacho dice que manejo informaciones equivocadas respecto a que “la señalización no está instalada ni está funcionando el centro de control”. En el último informe recibido por el Directorio de CFU (28 de febrero 2024) de parte del director del Proyecto, expresamente se establece que el Centro de Control de Tráfico (CCT) aún no está operativo, y así consta a mi pedido en el Acta correspondiente. También se expresa que la Instalación de Señalización tiene un faltante ponderado del 5%. Ambos ítems más las Pruebas Estáticas y Dinámicas de la Señalización y la Puesta a Punto (commisioning) son las tareas en Camino Crítico para la finalización. El día 2 de abril de 2024 toda la prensa pudo apreciar la llegada del primer tren al puerto y se ve en las filmaciones en pasos a nivel urbanos las barreras levantadas y banderilleros conteniendo a la gente para evitar el cruce de las vías ante la cercanía del tren. Esto reafirma mi posición de que la señalización aún no ha finalizado.
El ítem CCT apareció reiteradamente en los temas de camino crítico durante los últimos meses en los informes, al igual que los avances restantes de la señalización
Obviamente tratando de desvirtuar y desvalorizar mis declaraciones, el Sr. Gerente general de GVC me atribuye cambios de opinión inexistentes y por el contrario confirmatorias de la responsabilidad mutua de las partes. Desde un primer momento dije y mantengo la convicción de que había atrasos imputables al Contratista constatados por las dos últimas Direcciones del Proyecto de Supervisión (por ejemplo, el Proyecto Ejecutivo). Sin perjuicio de ello no puedo desconocer que también hubo atrasos imputables a acciones correspondientes al Estado (actual Gobierno) y por ello planteo que se debería ser muy transparente en evaluar estas responsabilidades.
El ingeniero Camacho continúa enumerando (no muy ordenadamente) otros temas para él erróneos en mi relato, y da su versión de “la realidad”. No voy a cansar a los lectores reiterando sus conceptos, sino simplemente aclarando los míos:
Mi opinión fue que durante esta Administración el Órgano de Control no funcionó debidamente.
Omite el Ing. Machado que todos los estudios previos entregados por la Administración anterior fueron avalados expresamente por GVC con la firma del contrato de PPP en mayo de 2019, siendo su responsabilidad asumir los riesgos correspondientes a tal tipo de contratación (PPP).
El Ing. Machado se extiende sobre temas técnicos de diseño, señalización y fundamentalmente de movimientos de tierra que, reiteramos, debieron plantearse antes de la firma del Contrato y no después de ella.
Sobre las “gestiones” por cambios en la Dirección del Proyecto me he expresado en su momento en Búsqueda y otros medios de prensa y el entrecomillado corresponde a las gestiones que se hicieron desde el MTOP para que CFU cambiara la Dirección del Proyecto más de una vez. En ningún momento esto alude a la ética personal de las personas que ejercieron y ejercen la Dirección del Contrato de Supervisión por CFU.
En el Contrato original de Supervisión se preveía como director de Proyecto el gerente general de CFU con vasta experiencia en la misma. Al ingresar esta Administración (MTOP), se solicitó su sustitución por el director de uno de los tres frentes de trabajo que preveía el Contrato, el cual prontamente fue solicitada su sustitución por falta de capacidad para la conducción del Proyecto. Coincidiendo con el ingreso de los nuevos directores de CND-CFU, designados por el Poder Ejecutivo con venia del Senado (julio 2020), se hizo una selección internacional a partir de la cual se contrató a un ingeniero argentino con gran experiencia en el tema ferroviario en obras de su país. Este profesional, que contó en todo momento con el apoyo del Directorio de CFU, fue muy exigente con el cumplimiento de todas las cláusulas del Contrato y de la Oferta del Contratista, dejando constancia en sus informes mensuales de falta del Proyecto Ejecutivo sin observaciones, apartamientos de las normas, ensayos no aceptados, atrasos, etc. Al año siguiente fue sustituido por un ingeniero uruguayo con importante conocimiento de grandes obras, no ferroviarias (Búsqueda también lo cubrió en la edición 2.131 del 15 de julio 2021, la cual conviene releer). No fue solo un cambio de personas sino también de criterios de supervisión que fueron avalados (solicitados) por el MTOP.
Finalmente, el Ing. Machado realiza una extensa defensa de lo aportado por su empresa, de lo que no tenemos por qué dudar ni discutir y termina señalando un último acuerdo con el MTOP a través de una mediación. No sé nada de ese acuerdo (no fui informado como director de CFU), por el cual el Estado pagaría, según lo expresado por el ministro Falero y reproducido por Búsqueda, unos 600 millones de dólares (30% más). Sí reitero que, de la información disponible y que debería publicarse íntegramente, hay reclamos cruzados por los atrasos, además del gran costo oculto para el Estado de no tener disponible por lo menos hasta principio de abril 2024 casi 2 años después de lo previsto originalmente (y un año después de la primera prórroga), el tren para el traslado de las cargas de UPM II y todas las demás que la vital obra del Ferrocarril Central deberían permitir. Además, esta demora implica prolongar los perjuicios para los vecinos de las zonas afectadas por las obras.
Si la defensa del MTOP en el tema por su gestión con “desidia y poco apego” la realiza su contraparte demandante en el diferendo, para mí alcanza con decir, como en las películas de juicios orales: “No más preguntas, Sr. Juez”.
P. D.: Antes de enviar esta respuesta la semana pasada, y gracias a la “información” brindada por el Ing. Camacho, pude buscar y acceder a la mencionada mediación realizada por un asesor del Directorio de CND (y CFU) que desconocía (y a quien no objeto). El informe final está fechado el 10/11/2023. En este informe, para mi sorpresa e indignación, puedo constatar que también participó como asesor técnico, “nuestro” actual director de Proyecto de Supervisión. Obviamente nada de esto había sido puesto en conocimiento de este director, pese a las reiteradas advertencias que hice en actas de CFU sobre la necesidad de proteger el interés nacional, aportando al MTOP todos los argumentos que habíamos acumulado de los atrasos imputables al Contratista (hasta el presente) para compensar posibles reclamos de este por responsabilidad del Estado (MTOP actual, Intendencia de Durazno, etc.), como nos exige el Contrato de Supervisión y nuestra propia identidad y misión como empresa de propiedad del Estado. Nada de esto consta en el asesoramiento del Ing. Director del Proyecto de Supervisión, quien por el contrario evaluó los perjuicios sufridos por el Contratista, lo que fue aceptado por sus representantes. Obviamente, las características de este acuerdo con mediación agravan mucho más la situación planteada anteriormente y deja en claro la indefensión del Estado ante los reclamos del Contratista. Por otra parte, los plazos previstos en este acuerdo fueron nuevamente superados largamente sin que se conozcan compensaciones por ello. Resumen: Pagamos cientos de millones de dólares más y se retrasa la entrega de la obra.
En estos días estoy presentando el caso en directorio y analizando jurídicamente eventuales responsabilidades.
Alfredo Asti
Impactantes las recientes manifestaciones de los agricultores europeos (y el tamaño de los tractores): Francia, España, Alemania, Bélgica…
Más allá del espectáculo, dan mucho que pensar. ¿Qué exige esa gente? Pues, básicamente, protección.
Que los protejan de la competencia externa y de la burocracia interna. Mirado del revés, que les saquen la pata de encima con tantas exigencias, medioambientales, sanitarias y demás (que se pasaron de rosca: ya dejaron de proteger a los agricultores europeos frente al resto del mundo, para pisarse la manguera unos a otros) y que directamente impidan la importación desde países que producen más (mucho más) barato.
¿Qué podemos aprender de este fenómeno? Mucho.
1. Olvidémonos del Tratado Mercosur-UE. Por si todavía quedaba alguna duda.
2. Que los argumentos (truchos) de Macron y otros, que no podrían firmar porque había países del Mercosur que no cumplían con sus requisitos medioambientales, terminó reventándoles en la cara: los agricultores europeos no quieren esas imposiciones, saben que son un fenomenal encarecimiento inútil.
3. Pero también reflexionemos en que lo que exigen los tractoristas es, a todas luces, irreal: no pueden pretender que les compren lo que producen cuando cuesta muchísimo más que en el resto del mundo. Por más que hoy tengan una cierta razón, en cuanto a que la UE les carga con altísimos costos (que fueron funcionales a su protección), el sector agropecuario europeo es minoritario, tanto en términos de producto como de población: la cola no puede mover al perro.
4. Lo cual lleva a la siguiente reflexión: querer atajar la realidad protegiendo y excluyendo, como viene haciendo la UE en materia agrícola, tiene un límite. Peor, es una política destinada a causar daño y dolor y cuanto más se prolongue, más dura se torna.
Más tarde o más temprano, los consumidores se avivarán de que son ellos quienes financian los tractorazos.
5. La realidad económica, en el mundo, va cambiando a lo largo de los años y no es posible atajarla, no a la larga, no sin costos crecientes. Europa se está quedando atrás en productividad y producción.
Y eso no solo es cierto en materia de producción. Vale también para temas como el trabajo, el retiro y la educación, o el tratar de seguir produciendo cosas obsoletas o fuera de precio. Tratar de aferrarse a las agujas del reloj o a precios ficticios produce costos, que alguien paga, y termina por derrumbarse igual.
Europa está mostrando una serie de problemas. Le resulta cada vez más difícil aferrarse a su estándar de vida, a sus recuerdos geopolíticos. La realidad le está planteando exigencias que le resultan muy duras de aceptar.
¿No les suena familiar?
Volviendo a los tractoristas, y para terminar, queda en evidencia que la protección, reclamada por décadas, ha pasado los límites de la realidad tolerable. En el fondo, los agricultores franceses, belgas, alemanes, españoles y demás son víctimas de su propio éxito. Del tamaño de sus tractores.
Ignacio De Posadas
Son alentadoras las noticias que aparecen sobre el proyectado “tren-tram Centro- El Pinar”. Trazado, paradas, frecuencias, velocidades son algunas de las cuestiones sobre las que la prensa informa.
Lo que no surge de las noticias —o al menos no las vi— son las opiniones de Cutcsa, Copsa y de las intendencias de Montevideo (IM) y Canelones.
Traigo esto a colación porque sería una insensatez aspirar a cambiar el sistema de transporte colectivo sin tener en cuenta las visiones e intereses de los actuales actores claves del negocio.
Seguramente, y con discreción, debe existir una mesa de negociación en la que estas cosas se conversan. De no ser así, el proyecto está condenado al fracaso y, por consiguiente, los usuarios del transporte público perderemos una oportunidad de oro de mejorar la calidad de vida.
La mesa de negociación referida podría servir, también, para repensar el transporte colectivo de Montevideo bajo la premisa de que el centro de atención deben ser los usuarios y no las empresas. La otra premisa sería que el negocio del transporte debe ser rentable para las actuales empresas y sus trabajadores y que nadie debería perder si se pone al pasajero como centro de preocupación. Si se generaran esos consensos, se podría sumar racionalidad a los actuales precios, recorridos y frecuencias. La IM, por su parte, contribuiría agilitando el tránsito por lo menos en las horas pico.
En definitiva, y expresado de otra manera, el tranvía al Pinar debe ser visto como una oportunidad para que todos ganemos. Para eso deben sentirse involucrados los actuales actores del sistema.
Si no es así, estimo que el proyecto quedará en la nada, por lo menos hasta que en las próximas elecciones municipales los candidatos lo desempolven para sumarlo a sus programas de gobierno.
Fernando Calvete
CI 1.860.851-1
Tuve el honor de ser uno de los negociadores del tratado, firmado con Argentina, denominado Estatuto del Río Uruguay y el de haber desempeñado funciones como presidente de la delegación uruguaya ante la Comisión Administradora del Río Uruguay por muchos años, en los tiempos en que ese cargo era honorario. Pero, además, he escrito múltiples trabajos sobre los aspectos hidrológicos e históricos de ese curso fluvial que sería muy extenso detallar.
Por ello, me han causado profunda indignación las declaraciones efectuadas por el presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, que, preguntado por una periodista si se iba a pagar el importante volumen de agua que iba a consumir, por día, la planta de hidrógeno verde, afirmó que habría que pagarle al Brasil porque las aguas del río Uruguay vienen del Brasil.
Esta afirmación efectuada nada menos que por el presidente del directorio del principal ente industrial y comercial del país es una afrenta intolerable a la soberanía nacional, como lo ha manifestado el diputado Dr. Eduardo Lust, e implica un desconocimiento supino de nuestra historia y de los tratados que conformaron los límites de la República Oriental del Uruguay.
Pero además de ser una grave ofensa a la soberanía nacional, con relación a nuestro río epónimo, es, también, una afrenta a personalidades que defendieron nuestros derechos sobre ese curso fluvial, entre las que se destaca el Dr. Luis Alberto de Herrera.
El Dr. De Herrera, en una nota del 5 de octubre de 1916, publicada en el diario El Siglo, sostuvo que “Siempre se entendió que la jurisdicción oriental sobre el río Uruguay alcanza hasta la mitad del cauce. Eso fue en todo tiempo nuestro punto de vista, sostenido aun en los días más azarosos, y así lo sostuvieron, intensamente, los gobiernos de todos los partidos, unificados los blancos y los colorados en el culto nacional”, y conforme a esa posición de defensa de los derechos de nuestro país sobre el río Uruguay promovió la designación del teniente de navío Homero Martínez Montero como canciller de la República, que fue el artífice del Tratado de Límites en el Río Uruguay, firmado con Argentina, el 7 de abril de 1961.
Si un brasileño hubiera hecho esa afirmación, hubiéramos reaccionado en forma airada y enérgica, por ende, con mayor razón debemos hacerlo cuando un alto jerarca de la administración pública afirma ese disparate lesivo a la soberanía nacional, por lo que no puede permanecer ni un día más ocupando ese cargo y el Poder Ejecutivo debería exigirle la renuncia correspondiente afirmando, de modo categórico, el repudio a esas manifestaciones.
Dr. Edison González Lapeyre
Muy infeliz la declaración del gobierno sobre la invasión a la Embajada Mexicana por parte de la policía ecuatoriana para secuestrar a un refugiado. Al decir que las embajadas no deben darles asilo a delincuentes comunes, parece estar justificando el atropello de Ecuador. La condición de “delincuente común” o “terrorista” o “corrupto” la usan siempre los gobiernos represores para impedir los pedidos de asilo de opositores. La dictadura uruguaya secuestró a Elena Quinteros de los jardines de la embajada venezolana y la asesinó en los cuarteles. ¿Este gobierno uruguayo adopta esta posición ambigua porque Mexico está hoy en la izquierda y Ecuador en la derecha? ¿El Honorable Directorio del partido de Oribe acompaña este desatino?
Daniel Heide
En el pasado ejemplar de Búsqueda, se publicó un artículo de la Ec. Ana Balsa denominado ¿Sin fines de lucro?, que refiere al análisis de uno de los grupos de prestadores de salud de nuestro Sistema Nacional Integrado (SNIS) y está enfocado a explorar cómo la figura jurídica de estos influye en aspectos como la eficiencia en la asignación de los recursos a su población usuaria.
Dado mi interés en el tema y que trabajo en uno de esos prestadores, me resultó sumamente interesante el planteo de la autora. Incluso comparto varios de los conceptos por ella vertidos.
Obviamente que centrarse en la eficiencia de los prestadores resulta muy importante en un sistema de salud como el nuestro, que se financia en su mayor parte con gasto público. No obstante ello, creo que el SNIS tiene otros desafíos mucho mayores en el futuro inmediato que la búsqueda de la mejor figura jurídica o la mayor regulación de los prestadores nombrados. Algunos ejemplos, a continuación.
¿Qué va a pasar con la canasta de prestaciones obligatorias denominada PIAS (Plan Integral de Asistencia en Salud) que se financia con las cápitas? Quienes administran las denominadas IAMC (instituciones de asistencia médica colectiva) y sus usuarios saben hoy que muchos procedimientos diagnósticos o terapéuticos que los profesionales indican a sus pacientes están por fuera del PIAS y, por tanto, no están financiados por la cápita que el Fonasa transfiere al prestador ni por el Fondo Nacional de Recursos. Ese procedimiento deberá —en la mayoría de los casos— procurarlo el usuario a su costo en clínicas privadas o en las mismas IAMC en caso de que estas puedan proveerlos.
El avance de la medicina, el “imperativo tecnológico” y la nueva práctica de la profesión dejan cada día más lejos esa canasta de prestaciones financiada por los recursos públicos, que, dejemos claro, sigue siendo bastante excepcional en el contexto de otros sistemas de salud del mundo (ni hablemos si se analiza a qué precios).
No vamos a entrar en la discusión, larga y dura, referida a si las cápitas financian completamente esta canasta actual de prestaciones y si deberían contemplar otros aspectos adicionales al sexo y edad del usuario. Lo cierto es que la realidad del conocimiento y de la práctica actual y del futuro inmediato hace imperioso el análisis de que se está dispuesto a financiar y a qué precios con los recursos disponibles.
¿Qué va a pasar con los recursos humanos del sistema? Todos conocen o por lo menos se imaginan que en los servicios de salud este tema es crucial. También es tema de debate si en la planificación y la implantación del SNIS se realizó un adecuado análisis de este. Lo cierto es que —nuevamente— el avance de la medicina y los cambios en la práctica médica presionan cada día más a los prestadores y en especial a aquellos que tiene ingresos en su gran mayoría fijos y no pueden trasladar costos.
Hoy día existen cada día más subespecialidades médicas y quirúrgicas que, si bien no están contempladas en el PIAS, son de demanda habitual y por tanto las instituciones tienen que contratar so pena de interrumpir el proceso de atención de algunos usuarios. Y eso se cotiza y a precios de mercado. A ello debemos sumar que incluso en aquellas especialidades médicas que sí se contemplan en el PIAS algunos profesionales que la ejercen son escasos o están desigualmente distribuidos en el país.
Lo mismo sucede con algunas otras profesiones vinculadas a la salud, no solo con el personal médico. Y eso también termina pagándose a precios de mercado.
Obviamente, aquellos prestadores del sistema que pueden trasladar precios o que pueden eventualmente recibir otras partidas diferentes a las cápitas y metas prestacionales para su financiación tendrán un poco más de posibilidades de manejar esa tensión, sin tener que ajustar por calidad o endeudarse más allá de lo deseable.
En este punto cobran un papel fundamental la academia, las sociedades científicas y el regulador (MSP). Alinear a esas organizaciones con intereses tan diferentes en un objetivo común es uno de los desafíos mayores para quien le toque gobernar en los próximos años. Si no, resultará imposible sustentar el sistema tal cual lo conocemos.
¿Cómo se va a manejar el modelo de atención? El cambio en el modelo de atención era uno de los pilares de la reforma que instauró el SNIS. Es bastante unánime la opinión de que este aspecto de la reforma quedó rezagado respecto a los otros dos pilares.
Más allá del discurso y de esfuerzos más o menos aislados, no parece en la realidad cotidiana que la situación haya variado significativamente respecto a hace 20 años. Sigue predominando la atención fragmentada, centrada en el episodio agudo y con escaso énfasis en los aspectos de prevención, no solo la primaria.
No quiero trasmitir con ello que no se haya hecho nada desde los diferentes actores involucrados, solo que no parece haber sido suficiente y que habría que retomar el esfuerzo. El tema no ha encarnado en el cuerpo médico, en los prestadores y me atrevería a decir que tampoco en mucha gente, que, si bien manifiesta su insatisfacción, por otro lado, busca y exige estudios o interconsultas especializadas ante situaciones que podrían resolverse en niveles o con recursos de menor complejidad.
Hay trabajos que demuestran que en los últimos años hay un aumento sostenido de los actos asistenciales en muchas instituciones del sistema. Uno puede teorizar sobre sus causas, pero seguramente la práctica médica tenga una influencia fundamental.
¿Se pueden manejar de la misma manera y son comparables los distintos prestadores que integran el SNIS? ¿Se pueden comparar en eficiencia en la asignación de recursos a sus usuarios? Evaluar calidad y eficiencia en las instituciones de salud no es una tarea fácil por diferentes aspectos en los cuales no vamos a abundar. Pero, para ir en la línea del artículo citado, ¿se pueden comparar esas dimensiones entre un seguro privado, una IAMC y un prestador público como ASSE? Incluso entre el grupo de las IAMC, ¿son comparables una gran institución del área metropolitana con una pequeña IAMPP (Institución de Asistencia Médica Privada de Profesionales) del interior? ¿Qué ajustes y consideraciones deberían tenerse en cuenta para que se refleje mejor la realidad?
Para finalizar. Cada uno de los puntos que se mencionaron dan para profundizar la discusión, pero el interés principal fue mencionar lo que en mi opinión son algunos temas de análisis de la mayor prioridad para quien tenga que tomar decisiones respecto a nuestro sistema de salud.
Se comparte que los diferentes prestadores deban rendir cuentas en cuanto al manejo de los recursos que se les asignan y que la figura jurídica podría tener su importancia en la asignación de recursos en su interna, pero no debe olvidarse que los aspectos mencionados —y otros no citados— también vinculados a la macrogestión del sistema resultan cruciales para estos prestadores y el SNIS. De ello dependerá su sustentabilidad y el bienestar de toda la población de nuestro país.
C. R.
CI 1.938.602-3
Me refiero a la columna Un país imposible publicada en la página 16 de la última edición (Búsqueda No 2.270). Haití ya nació así porque sus libertadores siempre establecieron gobiernos autoritarios. Siguiendo el ejemplo de Napoleón, Jean-Jacque Dessalines se proclamó emperador Jacques I. Ya había vengado a su pueblo matando a unos miles de blancos para luego obligarlo a trabajo voluntario para restablecer la producción de azúcar, base de la economía haitiana. Uno de los que lo depusieron, Henry Chistophe, se proclamó rey Henry I. Nacido esclavo, esclavizó a sus congéneres para construir, entre otras, la famosa Ciudadela de Laferrière.
Haití siempre vivió entre la estabilidad del terror y las luchas por el poder; agréguense catástrofes naturales e intervenciones extranjeras, aun la de la ONU, por más buena intención que haya tenido. La ayuda internacional para 11 millones de personas a cuánto debe ascender. Un plan Marshall para partir de cero. Ni el más optimista sería capaz de imaginarlo.
MSE
Hoy, 8 de abril de 2024, por la mañana, el sublema Sumar, del Partido Nacional, que promueve la candidatura de la economista Laura Raffo para las elecciones internas de los partidos políticos (a ejecutarse el 30 de junio próximo), hizo pública por Internet su proyecto de plan de gobierno, titulado Propuestas para hacer historia.
En un documento de 111 páginas la precandidata expone cuál será su plan de gobierno, en caso de ser elegida por el soberano para ejercer la primera magistratura del país. A través de seis ejes temáticos, el mensaje abarca su proyecto de solución a los problemas nacionales, dejando en claro en su presentación que no se trata de un programa de gobierno final, ya que su versión definitiva tendrá como protagonista a todo el Partido Nacional en su conjunto, y se realizará luego de las elecciones internas del 30 de junio de 2024. No obstante, es lo suficientemente abarcativo como para dejar ver su orientación y apreciar que, en caso de ganar la interna, será la columna vertebral del futuro plan de gobierno.
Elaborado por 156 técnicos coordinadores y responsables de áreas de especialidad, el documento se enfoca en seis ejes temáticos: 1) sumar empleo y bajar el costo de vida; 2) sumar para una convivencia en paz; 3) sumar innovación y desarrollo productivo; 4) sumar en salud; 5) sumar en educación; y 6) sumar en la sociedad. Cada uno de estos ejes es desglosado en partes y analizado en profundidad, presentando un claro panorama de cómo pretendería ejercer la presidencia Laura Raffo.
De la lectura del documento me surgieron dos grandes ausentes: el ámbito marítimo y el factor militar.
Con excepción de los puertos, el actual gobierno (y los tres anteriores) ha estado ausente en el potencial marítimo del país. La flota pesquera está parada hace meses sin que nadie mueva un dedo, y es entendible, porque hoy resulta más barato importar que pescar. Los empresarios no ven alicientes para invertir, el peso del Estado es muy grande, los sueldos son altos y el poder sindical es intransigente.
Esto llevó a una situación de estancamiento; no hay renovación de flota, los mantenimientos de la vetusta aún existente son pan para hoy y hambre para mañana, y los pocos empresarios que aún quedan prefieren mantener el statu quo y salir de pesca solo en los meses de buenas capturas, ya que desde el gobierno no se cae una idea para romper el círculo vicioso. Entretanto, pesqueros de otras banderas se aprovechan de un caladero que una vez fuera muy importante, vendiendo en nuestro mercado lo que nosotros no cosechamos (y de paso se roban algo, aprovechando la poca vigilancia de la zona económica exclusiva).
Tsakos Reparaciones Navales (ex Reguscy & Voulminot), el mayor taller naval del país, cerró sus puertas sin que nadie se alarmara por ello (ni siquiera el combativo PIT-CNT alzó su voz por la pérdida de esa capacidad industrial). El dique Mauá dejó de existir como tal hace años y la única capacidad remanente es el dique de la Armada, viejo y desactualizado, además de cargar con el estigma de ser visto como una unidad militar y no como el activo industrial que realmente es.
De una marina mercante nacional hace décadas que no solo nada se hace sino que ya ni se habla. El peso del Estado y la prepotencia sindical se han encargado de hacerla no competitiva. Ni siquiera un petrolero en la Armada es posible, por el miedo del gobierno de turno con la ira del PIT-CNT.
Ignorar la existencia de la importancia del factor militar en el equilibrio de un país ha sido la tónica de los últimos cuatro gobiernos. Tres administraciones frenteamplistas se abocaron a buscar venganza por los 11 años de gobierno bajo influencia militar, y por cierto que lo lograron, por el simple mecanismo de retacearle presupuesto a las FF.AA.
Así, por falta de mantenimiento fueron quedando los aviones en pista y los barcos en muelle. Canibalizar algunas unidades sirvió para mantener otras en servicio, pero esos repuestos también se fueron acabando. No hubo compra de material de vuelo, y si bien se adquirieron dos fragatas viejas para suplantar las existentes, no se compraron repuestos y en pocos años las naves portuguesas terminaron igual que las francesas: cosidas a muelle y juntando óxido.
El actual gobierno algo hizo por mejorar el material al adquirir en España dos aeronaves Hércules C-130 y en EE.UU. tres guardacostas (existe un intento de comprar dos patrulleros de altamar nuevos en España, algo que está envuelto de una nube de incertidumbre). Entretanto, de forma callada el gobierno del Partido Nacional avanzó con un plan en el que había fracasado el Frente Amplio durante tres administraciones, y sutilmente ha ido transformando el Ejército en Gendarmería, la Armada en Guardia Costera y la Fuerza Aérea en Servicio de Transporte Aéreo.
La Propuesta para hacer historia de la precandidata Laura Raffo no aporta ninguna solución a estas carencias. Es más de lo mismo. Entretanto, para el ámbito marítimo y para las FF.AA. las nubes aún no pasan y el azul del cielo sigue sin verse. Solo queda confiar que el 1o de marzo de 2025 esto cambie.
Francisco Valiñas
Capitán de navío (R.)
Licenciado en Sistemas Navales
El pasado domingo 7 de abril se cumplieron seis meses del pogromo en territorio israelí a manos de Hamás. Si no fuera trágico, sería fuertemente simbólico que dos días antes de esta fecha las FDI encontraran muerto al rehén Elad Katzir de 47 años, del kibutz Nir Oz. Es igual de triste y simbólico que, en la víspera de esta fecha, murieran cuatro soldados israelíes más en acción, sumando 260 caídos, solo en la batalla.
Escribo estas líneas como judío y sionista con el único propósito de compartir mi sensibilidad respecto a estos seis meses de pesadilla y mi desazón respecto al futuro inmediato.
No hago referencia al padecimiento palestino por falta de empatía sino porque sobran en el mundo quienes lo hacen, motivados en gran medida por el odio hacia mi pueblo y su Estado; con pensar en nuestra causa tengo bastante. Si Israel debe asumir responsabilidades, como lo demanda la opinión pública internacional, parte del problema es que seis meses más tarde nadie recuerda la responsabilidad de Hamás y la complicidad de muchos “civiles” gazatíes aquel 7 de octubre.
Tampoco es mi propósito explicar, justificar, ni victimizarnos, y mucho menos especular acerca del futuro político de Israel, del “día después”, o de soluciones macro- que conduzcan a la resucitada opción de dos Estados para dos pueblos. Mis opiniones pueden ser relevantes o no, pero lo cierto es que no inciden en el mundo real. Soy un judío sionista más, profundamente afectado y conmovido por esta coyuntura histórica.
Me motiva usar este espacio que su semanario ofrece cada semana para, por un momento, apartarnos de la locura dialéctica e ideológica en que está enfrascado el mundo occidental y en la cual una vez más, como durante 2.000 años y antes también, los judíos hemos sido el chivo expiatorio de todos los males. En este caso, no es un chivo expiatorio que huye y desaparece en el desierto (Levítico 16:9), sino que es acosado en el seno de la sociedad que quiere expiar en él sus yerros. A eso lo llamamos antisemitismo.
El antisemitismo es un fenómeno histórico; tampoco es mi tema hoy. Su dimensión histórica, sin embargo, pone en evidencia una concepción muy judía de la historia: esta avanza. A lo largo de los siglos, y en los 120 años del sionismo, no hemos estado libres de reveses y atentados, por decirlo delicadamente. Sin embargo, siempre hemos sabido mantenernos no solo vivos sino vigentes.
A seis meses de la masacre del 7 de octubre y ante la incertidumbre de los próximos seis meses (podría ser mucho más tiempo), los judíos nos debatimos entre dos sentimientos contradictorios pero también complementarios. Quienes creen que, como siempre y a fuerza de un nacionalismo pasional, superaremos la adversidad (eventualmente) y quienes, como yo, creemos que hemos retrocedido 100 años: es que si bien el sionismo ha sido herido, la herida no es mortal, y el Estado de Israel y todo el pueblo judío enfrentamos una refundación y un cambio de paradigma históricos.
La soberanía judía que durante dos milenios quedó en manos de “los rabinos” quedará ahora a cargo de nuevos sabios, tanto religiosos como laicos, que deberán encontrar un nuevo discurso existencial y de propósito basado en nuestros valores. Ahora, incluyendo el uso y manejo del poder que antes no tuvimos cuando fuimos atacados (como sucedió hace seis meses y otras tantas veces antes), y al mismo tiempo la responsabilidad moral y ética que nuestra tradición siempre nos demandó, y que prueba ser más difícil de concretar en la práctica que en la prédica.
Ianai Silberstein
Es una triste realidad que la mayoría de las personas adultas carecen de conocimientos esenciales en materia económica, principalmente debido a la aparente dificultad que presenta el introducirse en la metodología y en los contenidos teóricos de esta ciencia social. Incluso a veces se confunde a la economía con otras áreas, como la política, la sociología, la psicología y la historia, dando paso a ideas y cuestiones que enturbian el análisis económico.
La dificultad de pensar la economía se explica por varias cuestiones. Por un lado, los libros de economía suelen ser intimidantemente extensos, teniendo los manuales de curso entre setecientas y ochocientas páginas mientras que los tratados de economía superan las mil. Por otro lado, históricamente han coexistido varias escuelas de pensamiento económico, es decir, distintos puntos de vista para explicar las mismas realidades económicas, lo que supone una tarea ardua el entender los principios básicos de economía.
Sin embargo, hay una cuestión esencial a recordar: la economía tiene vida y naturaleza propia. Esto significa que, al igual que como sucede con otras ciencias como la física y la medicina, el objeto de estudio está dado y no puede ser alterado por quien estudia. Existen leyes y principios económicos que se derivan de ciertos axiomas y son válidos en todo momento y en todas partes.
Para entender la economía hay que remontarse al axioma más importante: el axioma de la acción humana. La acción humana es comportamiento determinado, es decir, comportamiento con un propósito. Este concepto fue introducido por el economista austríaco Ludwig von Mises en su obra de mismo nombre, definiéndola como “conducta consciente, movilizada voluntad transformada en actuación que pretende alcanzar precisos fines y objetivos”.
En otras palabras, actuamos porque queremos un cambio conveniente. Esto implica que la economía es metodológicamente individualista, es decir, pone foco en la acción del individuo pese a que existan gobiernos, empresas y demás instituciones, ya que no dejan de ser organizaciones de individuos, cada uno con fines y objetivos propios. Asimismo, todos los fenómenos económicos son el resultado de la acción humana, incluyendo el comercio, los mercados, los precios, el intervencionismo y los ciclos económicos, entre otros.
Con mayor énfasis en su metodología, la economía es necesariamente teórica, en el sentido de que la teoría económica comprende lo que puede derivarse lógicamente de la acción humana. Así, la ciencia económica se diferencia de otras áreas como las ciencias naturales, las matemáticas, el data analysis, las finanzas y demás ciencias empresariales, pese a que varias herramientas de las mismas se han colado en la metodología de la economía.
¿Esto quiere decir que son necesarios varios años de estudio académico en distintas áreas y suficientes años laborales para poder pensar la economía? De ninguna manera. Opuesto a lo que algunos economistas de torres de marfil nos han querido dejar en claro, nada en la economía de mercado es mágico. En palabras de Mises, la teoría económica trata sobre el ser humano y la acción humana, y que esta última es un conocimiento que poseemos por el simple hecho de ser humanos, por lo que no entender a la economía es no entendernos a nosotros mismos como personas humanas.
Si hay algo que deben retener de todo esto, es que entender la economía es más fácil de lo que algunos autores sostienen. Además, como sostiene el economista sueco Per Bylund, en quien me he basado para escribir esta carta, “la educación económica abre la mente porque nos permite comprender verdaderamente cómo funciona el mundo”. Qué interesante sería que todos se animaran a entender los conceptos más fundamentales de economía bajo un marco metodológico y teórico correcto. Más aún, por todo lo que se ha mencionado, qué importante que es para el ser humano saber pensar la economía.
Santiago Pérez
“El mayor riesgo es no correr ningún riesgo. En un mundo que cambia muy rápidamente, la única estrategia que garantiza fallar es no correr riesgos”. Mark Zuckerberg
Cualquiera que sea responsable de la gestión de bienes inmuebles públicos sabe lo dificultoso e ingrato que es procurarles un mejor destino cuando no son útiles o están mal aprovechados. Venderlos en forma transparente y positiva requiere enormes esfuerzos de muchísimos actores internos y externos a las organizaciones propietarias. Las trabas burocráticas son permanentes e infinitas. La inmensa mayoría de los intentos terminan en puntos muertos y los que son exitosos solamente logran que esa venta figure como un resultado extraordinario en el balance del organismo o en una transferencia ingrata a “Rentas Generales”.
El Estado tiene muchísimos bienes inmuebles ociosos, algunos de alto valor inmobiliario, algunos ocupados ilegalmente, algunos en situaciones jurídicas confusas. También tiene necesidades urgentes de inversiones propias de cada una de esas instituciones o empresas públicas con el propósito de cumplir mejor sus fines primarios. Imagino a la Fuerza Aérea o la Armada y sus necesidades imperiosas de contar con aviones y buques para patrullar fronteras, pero disponiendo de tierras y edificios inútiles o excesivos para sus cometidos, muy valiosos para otros fines.
Asimismo, hay enormes necesidades sociales insatisfechas relacionadas con la provisión de viviendas o terrenos para familias y emprendimientos agropecuarios o fabriles.
Parece lógico entonces facilitar el tránsito del valor de esos bienes ociosos (que, mientras lo son, provocan costos de impuestos, mantenimiento y seguridad para sus organismos propietarios) hacia inversiones necesarias de esos organismos o de la sociedad en su conjunto.
Los organismos públicos no cuentan con los recursos humanos ni pericia para acometer por sí mismos este esfuerzo, tampoco con los incentivos adecuados, y enfrentan trabas burocráticas internas y externas que dificultan aún más el proceso,
Pero ello tiene soluciones, que consisten en:
Concentrar en algún organismo público existente la gestión (venta, transferencia a otro organismo público, etcétera) de los bienes inmobiliarios ociosos del Estado, procurando profesionalidad, agilidad y transparencia.
Los inmuebles de valor inmobiliario relevante se venden al mejor postor.
Los inmuebles ocupados ilegalmente se regularizan o desalojan, con la intervención de otros organismos públicos vinculados a la temática.
Reducir por ley al mínimo imprescindible los requisitos nacionales y municipales para la transferencia de esos bienes hacia esos organismos gestores, para que sea ágil la decisión y ejecución.
Establecer que el resultado de la venta de esos inmuebles, luego de deducidos los gastos directos, tendrá destinos definidos, por ejemplo:
10% para la empresa pública gestora de la venta.
60% para el organismo público que suministra el bien, que solo podrá ser utilizado para inversiones propias, sin límite temporal para su ejecución.
30% para el Ministerio de Vivienda para la erradicación o urbanización de asentamientos.
El legislador intentó dar una solución a estos asuntos en el pasado, facilitando la transferencia de inmuebles ociosos al Ministerio de Vivienda, aparentemente con pobres resultados hasta ahora. Faltó dar incentivos y levantar barreras a los organismos para que esa transferencia o la venta a terceros sea promovido activamente.
“Puede que no seas responsable de la situación en la que estás, pero lo serás si no haces nada para cambiarla”. Martin Luther King
Aporte Ciudadano
