Con la edición del semanario Búsqueda del jueves 7 en sus manos, el director general de Rentas, Joaquín Serra, llegó a la habitual reunión para asuntos de control de la Dirección General Impositiva (DGI). Ya tenía la decisión tomada, y en el encuentro empezó a delinearse una serie de operativos que recaerían sobre los principales estudios contables y jurídicos que ofrecen sociedades anónimas extranjeras a sus clientes para diversas actividades.
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Cerca del mediodía del jueves 14 se inició el desembarco de los equipos inspectivos de la DGI. El trabajo, que estuvo sustentado por un protocolo de actuación definido previamente, se ejecutó sin problemas. Se labró un acta que para el organismo constituye un antecedente de que puede requerir información de clientes a los estudios, un aspecto que es controversial para algunos abogados. Cada acta labrada en las inspecciones tiene, además, otro valor: puede ser utilizada como elemento de prueba frente a una instancia judicial si, por ejemplo, desde los contribuyentes se plantea que la investigación se originó en documentos filtrados ilegalmente de los llamados “Panama Papers”, señalaron los informantes.
El jueves 14 los inspectores de la DGI visitaron siete estudios o empresas conexas a estos —algunos con oficinas en zona franca—y en días siguientes otros más, hasta completar ayer miércoles 20 los de “mayor significación” entre los señalados en la nota, más otros relevantes que surgen de datos propios del organismo, indicaron. Hubo colaboración de casi todos; solo dos, al principio de las actuaciones, se resistieron a entregar la información alegando los abogados secreto profesional. En esos casos se procedió a incautar los datos.
En todos los estudios visitados la Impositiva recabó información sobre los compradores de sociedades anónimas, incluyendo diversos datos identificatorios —nombre, residencia fiscal, nacionalidad, etc.—, y también la factura correspondiente por la transacción. Se abarcó a todas las offshore, ya sea que estén vinculadas a individuos que viven en el país como a no residentes (si bien para la DGI estos últimos no revisten interés desde el punto de vista fiscal).
Se obtuvieron datos de más de 3.000 personas físicas, dijeron las fuentes.
En algún caso la DGI abrió una inspección al propio estudio por su situación como contribuyente, detallaron los informantes.
En el caso de que algún estudio estuviese investigado por la Secretaría Antilavado, la DGI coordinó las actuaciones de forma previa.
“Había que actuar”.
Con estas inspecciones a estudios jurídicos y contables la DGI busca detectar posible evasión del Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas (IRPF) que desde 2011 grava con una tasa de 12% los rendimientos de capital mobiliario generados en el exterior —provenientes de préstamos, intereses por depósitos bancarios y distribución de utilidades de entidades no residentes— y otras eventuales maniobras evasivas utilizando sociedades “de papel”.
En 2014 se recaudaron unos U$S 15 millones por ese tributo, un monto poco significativo en el total (más de U$S 10.000 millones). Lo pagan residentes en Uruguay mediante declaraciones juradas —hubo entre 800 y 1.000— o a través de retención, a veces por la misma sociedad offshore o de instituciones financieras. Este último mecanismo es el que aporta la dos terceras partes de la recaudación.
A partir del cruzamiento con datos de la propia base de la DGI y otras del exterior, el organismo espera detectar posible evasión, un trabajo que hará un equipo de cuatro contadores y un abogado constituido especialmente para ello. En esos casos, si corresponde, se citará a la persona para que aclare su comportamiento tributario y dé explicaciones acerca del origen de las rentas, u otras inconsistencias. En la DGI se sabe que gran parte de las sociedades offshore vendidas por estudios locales son adquiridas por argentinos, brasileños u otros ciudadanos extranjeros, y en menor medida por uruguayos (sobre los cuales, por ser residentes, básicamente recae el IRPF por rentas obtenidas en el exterior)
Pero al momento de resolver inspeccionar los estudios no estaba en la cabeza de Serra y las otras autoridades de la DGI una intencionalidad recaudatoria, sino más que nada enviar una señal fuerte ante la repercusión pública que había tenido la divulgación, en Búsqueda, de la conexión de Uruguay con el mundo de las offshores. “Se generó un estado de conciencia pública” que desencadenó las actuaciones, señalaron las fuentes. Si bien la Impositiva tenía conocimiento de que determinados estudios proveen ese tipo de sociedades a clientes, la publicación aportó “datos concretos”, agregaron. Frente a ese hecho “había que actuar, incluso por una razón de reputación” para el organismo y el propio país, subrayaron.
En el gobierno se entiende que fue “bueno” que Búsqueda informara sobre el uso que se hace desde Uruguay de estructuras a veces empleadas con propósitos ilícitos.
Hasta ayer habían sido inspeccionados prácticamente todos los estudios mencionados en Búsqueda a partir de los documentos filtrados de MF y también a otros que la DGI sabe que ofrecen sociedades constituidas en paraísos fiscales, como Panamá o las Islas Vírgenes Británicas. En una segunda etapa, que se ejecutará más adelante, la oficina recaudadora tiene previsto actuar sobre las personas físicas mencionadas en la lista informada. Como indicó Búsqueda al publicarla, que esos individuos aparezcan vinculados a sociedades creadas por MF (como varios centenares que, por no tener interés público, no fueron identificados), no implica de por sí ningún delito. Pero desde la Impositiva se entiende que aun así debe cumplir con su cometido de analizar si pagan debidamente los tributos.
Serra manejó algunos de esos argumentos cuando, el jueves 14, informó en una conferencia de prensa sobre las inspecciones hechas ese día a los estudios jurídicos y otras firmas.
“Secretismo” y “opacidad”.
El jerarca declaró que la DGI realizó esas inspecciones a partir de la información surgida de los “Panama Papers”, una investigación a partir de documentos de MF que obtuvo el diario alemán “Süddeutsche Zeitung” y que compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y con cerca de un centenar de medios de comunicación de todo el mundo, entre ellos Búsqueda.
Alegó que “hace más de diez años que Uruguay se ha comprometido en una línea de trabajo que asegure la transparencia y elimine el secretismo y la opacidad”. Mencionó, entre otras acciones, las sucesivas modificaciones al secreto bancario tendientes a flexibilizarlo y los compromisos de intercambio de información tributaria negociados con decenas de países. “Es en este marco que, ante información surgida a nivel de la prensa, la DGI empezó de forma inmediata a analizar la información disponible a los efectos de detectar eventuales situaciones de evasión fiscal. Como ustedes saben, podría haber otro tipo de situaciones que (...) investigará la Justicia o la Secretaría Antilavado”, añadió.
“Quizás el impuesto, por cómo es nuestro sistema tributario, no genere rendimientos espectaculares como quizás sí genera en otros países. Pero entendemos que más allá del dinero, también hay aspectos que como sociedad tenemos que preservar: no podemos dejar la sensación de que hay personas que, porque tienen poder económico o posibilidades de armar ingenierías jurídicas sofisticadas, están en condiciones de evadir. Vamos a hacer los máximos esfuerzos para que esas situaciones no se den”, enfatizó el jerarca. Y agregó: “Serán funcionarios públicos, serán personalidades, será Juan Pérez, no importa. Si hay indicios de que hay evasión, vamos a concurrir como hacemos siempre y haremos los controles y la liquidación de impuestos. La ley es igual para todos”.
“Estamos trabajando en este tema de manera inmediata desde que se conoció la información periodística”, sostuvo. Y añadió: “Hemos actuado con mucha celeridad”.
Según detalló Serra en la conferencia de prensa, en los “operativos para controlar estudios que comercializan sociedades offshore” se requirió “información respecto a las sociedades localizadas en Panamá o en otro paraíso fiscal”, y sobre “la persona que las adquiere, domicilio y otros datos de interés para hacer los controles. Esa información se cruzará con otros datos, pagos de contribuyentes que hayan realizado y sus declaraciones juradas presentadas”. El análisis caso a caso puede derivar en citaciones a los involucrados y, si se confirma que incurrieron en evasión impositiva, habrá una reliquidación del IRPF.
En la conferencia Serra destacó la colaboración de los estudios en general y aclaró, ante una pregunta, que en “un par” se debió proceder a la incautación. Indicó que estaba previsto contar con apoyo policial en caso de que los inspeccionados se negaran a cooperar.
“El volumen de información que estamos manejando es muy amplio, es mucha la información que tenemos que verificar”, aseguró el director de Rentas.
Explicó que el secreto tributario le impide a la DGI revelar información sobre personas o sociedades en particular. “Informaremos los resultados de manera agregada”, aseguró.
“Vamos a abarcar la totalidad de los casos que entendamos que tienen relevancia fiscal” y “todas las situaciones donde podría haber existido un mal uso de las sociedades offshore”, sostuvo. “Si de nuestro trabajo surge que han cometidos delitos, como lavado de activos, lo comunicaremos a la Justicia”, agregó.
Serra advirtió: “Mucha información se hizo pública y otra (…) se hará pública próximamente. Quien oculte información en los procedimientos actuales también estará asumiendo un riesgo muy importante”.