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El gobierno autoriza nuevamente las comisiones de colaboración policial para fortalecer el “vínculo” con la sociedad
Tabaré Vázquez las había prohibido por denuncias de irregularidades y por considerar que el Estado era el único responsable de otorgar recursos a la institución
Creadas en 1978, las comisiones de colaboración financiaron durante años a seccionales y unidades policiales cuyos presupuestos estaban desbordados. Foto: Nicol
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Fue durante décadas una escena cotidiana en las ciudades y pueblos de todo Uruguay: el policía tocaba timbre en las casas y los comercios de la zona para, carpeta en mano, vender a los vecinos un bono que ayudara a complementar los gastos materiales de él y sus compañeros de trabajo o completar las canastas de fin de año. Creadas en 1978, las comisiones de colaboración financiaron durante años a seccionales y unidades policiales cuyos presupuestos estaban desbordados.
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Con el paso del tiempo esa tarea noble y casi familiar se corrompió. Para 2016 eran frecuentes las denuncias y los juicios por estafas pequeñas ideadas por particulares y otras más elaboradas que tenían detrás a organizaciones. En abril de ese año un decreto del Poder Ejecutivo prohibió la creación y el funcionamiento de estas comisiones al derogar los cinco decretos que las regulaban. “En la actualidad las necesidades que se cubren con los recursos obtenidos a través de las comisiones son efectivamente satisfechas por las compras efectuadas por el Estado, utilizando recursos provenientes de Rentas Generales. Además, se han constatado deficiencias en el funcionamiento de las referidas comisiones, desvirtuándose en los hechos los objetivos por los cuales fueron creadas”, argumentó el documento firmado por el entonces presidente Tabaré Vázquez.
A partir de ese momento se disolvieron las comisiones de colaboración que existían y se prohibieron la creación de otras. Para apoyar económicamente a la Policía solo quedaron legalizadas las donaciones civiles para toda institución estatal que están regidas por el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf).
El miércoles 2, sin embargo, el gobierno revirtió la medida y volvió a habilitar a estos grupos. Un decreto del Ministerio del Interior firmado por Luis Lacalle Pou derogó el de Vázquez. “Es necesario establecer un vínculo más estrecho con la sociedad en su conjunto y en particular con aquellas personas que tradicionalmente han ayudado a la institución policial”, justifica la norma, que asegura que las comisiones son “desde larga data una de las formas más adecuadas para facilitar el acercamiento entre la institución policial y la población”.
Agrega que también es necesario que las personas físicas o jurídicas que se reúnan con la intención de ayudar a la Policía se rijan por una única forma de funcionamiento para facilitar y hacer más efectiva la coordinación entre ellas y la Policía. Para eso el ministerio trabaja en un nuevo marco de regulación y analiza si es conveniente permitir determinados mecanismos de apoyo económico, como la venta de bonos.
La nueva disposición se da en un contexto de profundización del rol de las comisarías en todo el país, una de las propuestas base con las cuales Lacalle Pou enfocó su campaña en materia de seguridad. Desde el 1o de marzo son 25 las comisarías, subcomisarías y destacamentos que fueron reabiertos. “Para nosotros es importante dar la cara y tener la presencia de la Policía en el territorio. Esto genera mejores niveles de atención al tema de la delincuencia”, indicó semanas atrás el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, al inaugurar el destacamento de San Francisco (Maldonado). El mensaje del ministerio en la ley de Presupuesto 2020-2024 también hace foco en el tema al valorar “la recuperación de las comisarías como unidades operativas básicas de la Policía, generadoras de información para el análisis del delito y centros de referencia para la población”.
En junio Luis Rico, edil del Partido Nacional en Soriano, solicitó a la Junta Departamental que traslade al ministerio su inquietud de instalar nuevamente las comisiones de colaboración a la Policía. “Dichas comisiones prestaban un apoyo muy importante en la gestión policial y el permanente apoyo al buen trabajo de las seccionales. Son muy útiles en la organización policial y respaldadas por la ciudadanía toda en su conjunto”, explicó Rico al portal Agesor.
La decisión del 2016 del gobierno del Frente Amplio se precipitó luego de que a inicios de ese año se produjeran diversas estafas en Maldonado. La Jefatura de Policía del departamento debió entonces emitir un comunicado para alertar a la población que no aceptara bonos colaborativos en nombre de las seccionales del departamento o de otras dependencias policiales. “Hay empresas privadas que aducen estar recaudando dinero a favor de la Policía por intermedio de la venta de bonos. Eso ha llevado a denuncias y hemos sometido a la Justicia a todos aquellos involucrados en la venta. Esas empresas se llevan un alto porcentaje de lo recaudado y operan por fuera de la Policía, por lo que no sabemos en que se gasta esa plata que la gente dona”, explicó Erode Ruiz, entonces jefe policial en Maldonado y hoy el jefe de Policía de Montevideo. Tanto Ruiz como otros jerarcas se quejaron por “la forma compulsiva en la que muchas veces” estas empresas les solicitaban colaborar a los vecinos.
